Duros cruces en audiencia por el precio del boleto

Con más ausentes que expositores se celebró en el Centro de Congresos y Exposiciones la audiencia pública en Mendoza para discutir la situación tarifaria del transporte público.

Convocados por el ministerio de Transporte, de todos los oradores inscriptos sólo 5 se hicieron presentes para aportar al debate: la organización de defensa de consumidores Protectora; el Consejo de Defensa al Consumidor; el CEC; SIPEMON; y AUTAM.

Cuatro de los expositores coincidieron en reclamar la falta de un Ente Regulador del Transporte Público (a 9 años de su creación por Ley) y reprocharon que la evaluación del funcionamiento de concesionarias recaiga en el propio ministerio de Transporte.

Además, criticaron la forma en la que se había convocado a la audiencia, en plazos cortos -según denunciaron- que influyeron en la escasa concurrencia a la misma.

También pidieron que el subsidio pase a los ciudadanos y deje de ser un beneficio de las empresas, que reciben entre 15 y 16 pesos por kilómetro recorrido.

Desde “Protectora” habló José Luis Ramón, quien explicó que en su momento el “riesgo empresario” fue creado para salvar empresas que se estaban fundiendo, pero que hoy esa problemática ya no existe y que son los ciudadanos los que deben afrontar los altos costos del pasaje.

“Hoy las empresas no tienen riesgo empresario y pretenden un beneficio del 10%. El riesgo hoy lo asumimos los ciudadanos”, afirmó.

Por esto, pidió que sean los usuarios los subsidiados.

“Que todos paguemos tarifa plena. Que sea el ente de control el que establezca los precios del boleto sin subsidio, y que quienes lo necesiten lo pidan presentando un bono de sueldo o un certificado".

"Así, docentes, estudiantes, policías, trabajadoras domésticas, entre otros ciudadanos, podrán acceder a un precio más accesible. Que no sea la empresa la subsidiada, sino los ciudadanos que lo necesiten; deben asumir sus riesgos, señores”, enfatizó con respecto a las concesionarias y reclamó el funcionamiento del ente regulador.

“Háganlo funcionar. Nadie desde el Estado ha dicho aún por qué ese ente aún no ha sido creado”, disparó el referente de Protectora.

Desde el Consejo de Defensa al Consumidor, Francisco Cartello, tomó la palabra y repudió la “falta de criterio para elegir la fecha de la audiencia”, señalando el poco respeto hacia los usuarios que no tuvieron tiempo de enterarse o anotarse como expositores. A su vez, remarcó que cuando quisieron analizar el expediente no pudieron hacerlo porque no estaba disponible para ser consultado. “Fueron pocos los días que nos dieron para investigar si los costos concuerdan. Además, no hay comité consultivo que lo avale”.

“Este es un negocio de ciertas personas... Si uno compara la cantidad de oradores y la cantidad de concurrentes a la audiencia con la población de Mendoza resulta algo muy light y para nada representativo. No quieren que exista participación del usuario, de los sindicatos o de los trabajadores. ¿Y cómo vamos a discutir los precios si no tenemos herramientas para conocer cuánto se debe, cuánto se da o cuánto sale por mes una unidad?”.

También criticó el servicio y la falta de inversión, las largas colas para sacar un abono y los micros repletos en horas pico.

Llegado el turno del Centro de Empleados de Comercio (CEC), el líder del gremio, Guillermo Pereyra, volvió a reflotar la crítica contra la audiencia, a la que calificó de “engañosa”.

Se opuso radicalmente al aumento y remarcó la necesidad de poner en funcionamiento un Ente Regulador Provincial del Transporte Público que informe sobre los costos y el funcionamiento real del servicio.

“El ente debería presentar un informe y convocar a una audiencia, pero como no existe, es el Ejecutivo el que lo hace. Hay una decisión política de aumentar el pasaje, por eso no puede ser el mismo Estado el encargado de ser juez y parte en este tema y decidir si hay o no hay un incremento”.

“¿Por qué aún no se ha creado el ente? Tenemos dos respuestas posibles: o tenemos un Estado bobo al que no le interesa cuidar a sus ciudadanos o hay empresas que no quieren que haya un control y presionan para que esto no pase”.

También criticó el servicio y la falta de inversión, las largas colas para sacar un abono y los micros repletos en horas pico, alegando que al recibir un subsidio por kilómetro recorrido, las empresas no se molestan en trabajar para mejorar el servicio o captar más clientes y solicitó que sean los usuarios los beneficiados con el aporte del Estado provincial y nacional.

Por su parte, el Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus (SIPEMON) alegó que son los trabajadores los únicos perjudicados con el aumento porque no podrán afrontarlo. “La realidad en la calle es otra y los funcionarios detrás de un escritorio no la ven”, dijeron y pidieron que se forme una comisión reguladora compuesta por usuarios.

Finalmente desde la vereda empresaria Oscar Razkin, gerente Técnico de la Asociación Unida Transporte Automotor Mendoza (AUTAM), explicó que la actualización de costos debe presentarse semestralmente por ley, pero que es algo que se está realizando anualmente.

“Este es el único derecho con el que cuentan los empresarios en concesión”, dijo, y justificó así el pedido de ajuste de tarifa, señalando que no son los privados los que piden un aumento en el boleto, sino que es el Estado el que lo determina en base a los costos actualizados.

A su vez, aprovechó su exposición para aclarar que el sector al que representa ha cumplido con sus obligaciones contractuales y detalló que en 2013 las deudas fueron cubiertas, los impuestos provinciales, pagados, y que además se renovaron 249 unidades, se invirtió en mejoras tecnológicas, se creó una escuela de capacitación de personal y las frecuencias se cumplieron en un 99%.

También alegó que el subsidio recibido  por kilómetro recorrido (entre 15 y 16 pesos) sigue siendo menor que en otras provincias del país y remarcó que en base a las presentaciones realizadas por las empresas es el Estado el encargado de cotejar los valores.

“No son los empresarios los que determinan el aumento”, volvió a señalar.

Una vez finalizada la Audiencia Pública los argumentos expuestos serán transcriptos y analizados en conjunto con el expediente presentado. Lo que sigue es el análisis del Estado, que evalúa los costos y ve cómo resuelve la ecuación en base a tres elementos que definen las tarifas: el costo que tiene que pagar el usuario, el aporte de la Nación y el de la Provincia.