Quiénes manejan hoy la calle

Kreimer indagó profundamente acerca de las causas de delito violento en las sociedades democráticas, y lo volcó en una investigación que reúne trabajos de distintos investigadores en el mundo. Sus conclusiones y recomendaciones fueron expuestas en el año 2009 en el Senado de la Nación ante legisladores de distintas extracciones políticas.

El siempre oficialista Horacio Verbitsky admitió algo similar en su columna dominical del domingo pasado: “La diversidad de conflictos siempre (está) prestos a manifestarse en cuanto una merma en el crecimiento macroeconómico y la generación de empleo exacerba ánimos y requerimientos. Más aún si se acercan el verano y las fiestas de fin de año, y se repiten las inundaciones y los cortes de luz y de agua, consecuencia de los temporales con los que cada vez más habrá que convivir debido al cambio climático y la imprevisión urbana de sus consecuencias”.

A lo antedicho debe sumarse el certero diagnóstico efectuado por Daniel Arroyo, ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación durante el gobierno de Néstor Kirchner, quien asegura que la Argentina se encuentra frente a una realidad de desintegración social.

A ese respecto, el otrora funcionario habla de cuatro argentinas: “Una es la de los pobres, que no tienen lo mínimo, que no tienen piso de material, que no tienen los servicios básicos. Hay una segunda Argentina, que es la vulnerable, la de la gente que hace changas, que tiene trabajo informal, que la lleva como puede. La tercera Argentina es la de la clase media, que tiene trabajo formal, y una cuarta Argentina es la de clase alta”.

Según Arroyo, el problema no es que la gente no tenga lo elemental, sino que no logra “moverse para arriba”:

“No hay movilidad social ascendente”, asevera.

En el contexto expuesto se dieron en las últimas semanas los saqueos y protestas policiales que virtualmente paralizaron la Argentina. Es bien cierto que la policía tuvo en muchos casos un involucramiento directo en lo acaecido —en Córdoba los testimonios se multiplican en ese sentido— pero ello no explica el fenómeno en su total dimensión. Sí lo hace el contexto arriba detallado.

Lo cierto es que hoy la calle no es del total dominio del kirchnerismo, algo que trabajosamente había encarado Néstor Kirchner a partir de su asunción, en 2003. El temor del ex mandatario siempre fue ese: no poder controlar las hordas ciudadanas.

Su cuerpo somatizó ese temor en el año 2002, cuando los cacerolazos llegaron a la puerta de su casa en Río Gallegos. Néstor solo atinó a reprimir y luego se descompensó.

Cristina ostenta el mismo temor, sabe que, después de la crisis de 2001, la sociedad es capaz de tomar el control en cualquier momento. ¿Cómo detener una espiral de violencia como la de aquellos días?

Ambos, Néstor y Cristina, siempre supieron que el dominio de la calle es parte de los siete puntos que precisa hoy cualquier mandatario para poder gobernar la "Argentina real". En mayo de 2008, MDZ lo explicó con crudeza: “(Para poder gobernar) Hay que controlar la calle. Cuando otros dominan la calle el riesgo de muertes, conflictos sociales, represión, etc, es inmanejable. La paz social quedas en manos de la policía, de los punteros, de los agitadores y  de los medios de comunicación,  que en cualquier momento pueden generar una crisis social y mediática,  real o preparada,  y eso es inaceptable para alguien que quiere gobernar en serio”.

¿Quiénes dominan qué?

Luego de una catarata de sucesos, entre los cuales aparece el virtual vacío de poder que muestra Cristina —casi ausente, salvo por Twitter— y con funcionarios que no atinan a hacer nada más que cataratas de anuncios, las fichas se han ido acomodando y cobraron protagonismo diferentes grupos sociales.

La policía es el más visible de ellos, pero también recobraron potestad puntuales gremios sindicales y punteros políticos otrora erosionados, siempre de la mano de intendentes que vuelven a recuperar poder. También se hicieron fuertes ciertos grupos marginales y hasta bandas de traficantes de drogas.

El caso más visible y concreto es el de Rosario, Santa Fe, donde existe un estado dentro del estado, manejado por bandas de vendedores de drogas protegidos por la policía. Es lo que surge inevitablemente ante la inexistencia de políticas estatales. Es casi una cuestión física: el espacio vacío que deja un grupo es tomado por otro.

¿Es Rosario el espejo donde se pueden reflejar otros distritos del país? Lo visto en las últimas semanas, pareciera indicar que sí.

En Córdoba comenzó a vislumbrarse la sombra de lo que ocurría en Santa Fe hace un lustro, y en Buenos Aires la situación es casi calcada, con la única diferencia que el aparato de propaganda de Daniel Scioli permite esconder un poco más esa realidad.

Las provincias del noroeste argentino, como Jujuy, Salta y Tucumán, muestran el mismo diagnóstico, mucho antes de que explotara en Rosario, solo que están demasiado alejadas de la atención ciudadana.

Allí se da un fenómeno curioso: los grupos marginales —especialmente los narcotraficantes— conviven casi familiarmente con aquellos que no están vinculados al delito. En Salta, por caso, los narcos tomaron las riendas de algunas funciones sociales que en el pasado comandaba el Estado.

Ello les permitió una inserción muy fuerte e incluso una defensa irrestricta por parte de los ciudadanos que se ven beneficiados por su “protección”. Es algo similar a lo acaecido en Colombia, en tiempos del narco Pablo Escobar Gaviria: lo que lo hizo poderoso no fue tanto su poder de fuego —muchos otros grupos estaban igual o más armados que él— sino su inserción social.

Escobar hizo barrios enteros en Medellín y hasta impulsó un club de futbol local. En buen romance, se interesó en aquellas necesidades sociales que el Estado ya no cubría.

En diversos puntos geográficos de la Argentina, empieza a ocurrir lo mismo. Con un agravante: jóvenes que no saben qué hacer de sus vidas comienzan a plegarse a la venta de estupefacientes, engrosando un círculo vicioso que parece hoy no tener vuelta atrás.

Así lo explica el mencionado Arroyo: “El pibe que engancha una changuita, cuando vuelve al barrio ve que gana menos que el que vende droga o el que está vinculado a otra actividad, o sea, a los que hacen el camino no les va bien, y eso corta cualquier horizonte y complica realmente la vida”.


Colofón

En mayo de este año, al cumplirse diez años de “kirchnerismo puro”, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, dejó entrever el interés oficial por recuperar una calle, bastión que empezaba a perderse.

"Tenemos que hacer una gran movilización de todos los argentinos que están comprometidos, que defienden este modelo y que además quieren que este modelo continúe, que no se pierdan los objetivos y todo lo que hemos conseguido en estos diez años. Y que le demos el espaldarazo que la Presidenta necesita para seguir transformando la Argentina", les dijo entonces a intendentes santafecinos que concurrieron a la Casa Rosada.

La frase no fue casual: comenzaban a llegar a Casa de Gobierno las primeras encuestas de cara a las PASO de agosto. Allí, la caída de Cristina se reflejaba de manera ostensible. El dato fue refrendado en las urnas poco después.

Hoy, con un kirchnerismo fuertemente debilitado, la calle parece un territorio esquivo y de difícil recuperación. Luego de la protesta policial de esta semana, se han animado a avanzar en ese campo gremios sindicales que también quieren "recomponer" sus salarios y mejorar sus condiciones laborales. "Si lo lograron los uniformados, ¿por qué nosotros no?", dijo esta semana un gremialista cercano a Hugo Moyano.

Con una discusión paritaria en ciernes y la insistente cerrazón del gobierno a admitir la inflación real —el tándem Kicillof-Capitanich dijeron ayer que el último índice "oficial" fue de 0,9%—, la situación social tenderá a complicarse en el corto/mediano plazo.

En ese contexto, le será más que complicado al gobierno volver a recuperar la calle. Ya lo dijo alguna vez Enrique Tierno Galván, sociólogo y jurista español: "El poder es como un explosivo, o se maneja con cuidado o estalla".