El Consejo de la Magistratura tratará el jueves la citación al camarista Otilio Romano

Finalmente, el Consejo de la Magistratura decidió tratar en su orden del día del jueves 2 de junio la citación al juez Otilio Irineo Roque Romano.

El llamado está relacionado con la presentación que oportunamente se presentó ante ese cuerpo donde se pidió la "destitución y/o remoción" del ex magistrado junto a su colega Luis Francisco Miret.

En ese escrito se hace referencia al "desconocimiento inexcusable del derecho, incumplimiento reiterado de la Constitución Nacional, negligencia grave reiterada y realización de actos de manifiesta arbitrariedad" en el que habría incurrido ambos magistrados durante los años de la última dictadura militar, en los que se desempeñaban en la Justicia Federal como fiscal y juez de instrucción y hoy integran la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.

Así se desprende de un amplio informe de más de 30 fojas, donde se detallan conductas y pruebas y se pide que "se investigue la posible comisión de delitos de acción pública que habrían sido cometidos en el marco de los crímenes contra la humanidad que se ejecutaron en la Argentina".

Y profundizan el reclamo al asegurar que estos funcionarios judiciales "tenían perfecto conocimiento de las gravísimas violaciones de los derechos humanos de las personas que eran detenidas y puestas a su disposición. Han omitido todo control sobre las fuerzas represivas, han permitido la privación y detención de personas que fueron torturadas, otras violadas, bajo procesos que repugnan el derecho penal".

Agregando más adelante que en su condición de fiscal y juez, Romano y Miret, "tenían amplísimas facultades y poderes para detener, averiguar todas las circunstancias que les fueron puestas en su conocimiento. Pero por el contrario omitieron denunciar lo que se les informaba por los detenidos y sólo se preocuparon por la persecución penal contra las personas detenidas...".

También se pone el ejemplo del abogado penalista Efraín Quevedo Mendoza, que en aquel tiempo debió renunciar a una defensa ante la "imposibilidad de tomar contacto con sus representados", en razón de las disposiciones vigentes en la penitenciaria provincial donde estaban alojados y "las instrucciones impartidas por el Juzgado, lo cual hace imposible el debido ejercicio de la defensa técnica".

Más adelante se hace mención a torturas, golpes, incomunicaciones que recibieron algunos detenidos, uno de ellos aún desaparecido y el caso de una menor, que fue "paseada" por distintas dependencias y que terminó siendo "indebidamente incomunicada, lo que facilitó su violación y tortura".

La presentación lleva la firma, de María del Carmen Gil de Camín y Elba Morales, apoderados del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Regional Mendoza, con el patrocinio legal de los profesionales Pablo Gabriel Salinas, Viviana Laura Beigel, Alfredo Guevara Escayola, Carlos Varela y Diego Lavado.