El Juicio: repasá todo lo que dejó el histórico enjuiciamiento a represores mendocinos

Hoy, 384 días después del inicio del histórico juicio, el Tribunal Federal leerá la sentencia contra seis ex policías y militares acusados por crímenes de lesa humanidad. La resolución se dará a conocer a las 11, momento en que se sabrá si los jueces dieron lugar al pedido de la Fiscalía: perpetua para cinco imputados y 12 años para un ex teniente.

Por su parte, el martes, la defensa hizo hincapié en los supuestos problemas de salud que afectarían a los imputados y pidió la pena mínima por participación secundaria y que purguen eventuales condenas en sus domicilios. A su vez, la abogada Andrea Duranti solicitó la absolución para el ex jefe de Inteligencia del Ejército en Mendoza Paulino Furió (78), por el "beneficio de la duda".

A lo largo del juicio, distintos acontecimientos y resoluciones modificaron sustancialmente el escenario que se observó durante las primeras jornadas. Un encausado muerto, menos acusados en el banquillo, un abogado defensor fallecido en extrañas circunstancias, represores inimputables, caída de varias causas y reveladores datos que surgieron de los más de 200 testigos.

Los acusados: sólo tres estarían en el banquillo

El 17 de noviembre de 2010, la mayoría de los diez ex militares y policías estuvieron sentados en el banquillo de los acusados. Hoy, después de un año de debate, sólo tres escucharán in situ la sentencia del Tribunal: el comisario retirado Eduardo Smaha (69), el policía Celustiano Lucero (70) y Furió, para quien la defensa pidió la absolución.

Smaha y el fallecido Saá, en el inicio del juicio.

Del resto, el ex general Juan Pablo Saá falleció durante el transcurso del juicio y tres acusados fueron separados del proceso judicial por cuestiones de salud: el comisario retirado Armando Fernández Miranda, el ex general Mario Lépori y el coronel retirado Tamer Yapur, que a los 88 fue declarado inimputable por "alteraciones morbosas de sus facultades mentales con síndrome demencial".

Otros tres continúan imputados, pero a diferencia de Smaha, Lucero y Furió, no estarían en la sala de debates por problemas de salud. Se trata del ex teniente Dardo Migno (59), el único por el que la Fiscalía no pidió perpetua, el ex policía Luis Alberto Rodríguez Vázquez (71) y el comisario general retirado Juan Agustín Oyarzábal (75). Estos tres imputados siguen el juicio con prisión domiciliaria.

Las causas: ocho causas al final del juicio

De las 17 causas que comenzaron a investigarse el año pasado, sólo ocho "sobrevivieron" al desarrollo del proceso judicial, ya que nueve se "cayeron" cuando se declaró inimputable a Fernández Miranda, Lépori y Yapur. Este último, ex gobernador de facto de la provincia, estaba involucrado en la mayoría de las 17 causas iniciales.

Ahualli, durante la reconstrucción del asesinato.

Entre las ocho causas que fueron juzgadas y cuyas sentencias se conocerán hoy se encuentra el asesinato de Francisco Paco Urondo y la desaparición de su esposa, Alicia Raboy (el Tribunal reconstruyó el fusilamiento del poeta con la compañía de la testigo Renée La Turca Ahualli), y el cautiverio del escritor y político mendocino Ángel Bustelo.

Al comienzo del proceso, eran 32 las víctimas que iban a recibir justicia. Ahora, con la caída de la mayoría de las causas, solamente se sabrá qué ocurrió con nueve. Además de Urondo, Raboy y Bustelo, se encuentran Salvador Moyano, Jorge del Carmen Fonseca, Ricardo Sánchez, Nora Jurado, Rafael Olivera y Aníbal Torres.

Mientras tanto, quedarán pendiente las responsabilidades en 23 casos: Lidia De Marinis, Juan Gutiérrez, María Alvarado, los hermanos Hugo y Julio Talquenca, Héctor Brizuela, Antonio García, María Inés Correa Llano, Carlos Jackowezyc, Gerónimo Morgante, María Leonor Mercuri, Juan Domingo Britos, Antonio Molina, Raquel Moretti, Aldo Cassadidio, Arturo Rodríguez, José Alcaraz, Adriana Campos de Alcaraz, Martín Alcaraz, María Silvia Campos, Humberto Bravo, Marcelo Carrera y Adriana Bonoldi de Carrera.

Testimonios de alto impacto

El 2 de diciembre, Sara Gutiérrez, cuyo hermano Juan permanece desaparecido, relató una experiencia que sorprendió a los presentes en la sala de debate. "Las madres de los desaparecidos pudieron hablar con el arzobispo (monseñor Olimpo Santiago) Maresma. Sorpresivamente, éste les sugirió que no gastaran pólvora en chimangos", relató la testigo.

Sara Gutierrez habló de una dictadura "cívico-eclesiástico-militar".

Un mes después, el 11 de enero, Eugenio París recordó que durante su estadía en la facultad, allegados le dijeron que tuviera cuidado con los integrantes de La Guardia de Hierro y de la Concertación Nacional Universitaria (CNU), y relató que en aquellos años se mencionaba que José Luis Manzano y Guillermo Amstutz integraban estas organizaciones que "vendían" a estudiantes. Amstutz lo negó tajantemente.

Por su parte, el recordado David Blanco (falleció el 12 de febrero de un paro cardíaco en su casa de Las Heras) conmovió a todos con su declaración, el 16 de diciembre. El Negro juntó coraje para relatar los tormentos a los que fue sometido en el D2, entre ellos, las violaciones que, según se supo a lo largo del juicio, eran extensivas a varios compañeros de cautiverio.

La complicidad de la Justicia y la imputación de Carlos Rico

Entre los testimonios que complican la situación procesal de Otilio Romano, "refugiado" en Chile, se encuentra el de Luz Faingold, secuestrada en 1975. La testigo relató durante el juicio que, después de ser torturada y violada en el D2, el por entonces fiscal federal Romano la visitó en su cautiverio y no atendió su denuncia.

Rulé reconoció su celda en el D2 y recordó a Rico.

A su vez, Faingold, que por aquel entonces tenía 17 años, contó que posteriormente fue entrevistada por el juez Luis Miret, destituido recientemente por el Consejo de la Magistratura. De acuerdo con su relato, el ex magistrado le negó la libertad a pesar de ser menor de edad. "Me retó y gritoneó durante media hora antes de dejarme salir", agregó.

Otra revelación tiene que ver con el testimonio de Ramón Ábalo, quien sugirió que el actual integrante de la Segunda Cámara del Crimen Roberto Arlington Uliarte habría sido cómplice de la dictadura. Además, en un pasaje de uno de los libros que escribió se lee: "Otro caso es el de Roberto Uliarte, juez de la dictadura", a quien también acusó de ser "empleado" de los Vila.

Por otra parte, antes de que el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos solicitara la imputación de Carlos Rico (la Cámara Federal lo imputó por asociación ilícita destinada a cometer crímenes contra la humanidad), testigos situaron al ex subsecretario de Seguridad de Celso Jaque dentro del D2; entre ellos, Fernando Rulé (quien además dijo que Rico era uno de los violadores) y Alicia Morales.

La muerte del abogado defensor

Apenas unas semanas después de asumir la defensa de Rodríguez Vásquez, el abogado Alejandro Herrero falleció en una comisaría de Godoy Cruz y hasta hoy su muerte continúa siendo un misterio. Según las versiones policiales de aquel entonces, el hombre de 39 años fue detenido porque habría ingresado a un comercio de calle Belgrano "muy exaltado".

Por la trágica noticia, el Tribunal integrado por Juan Antonio González Macías, Héctor Cortez y Alejandro Piña suspendió la sesión que estaba prevista para el día posterior. A partir de ese momento, la fiscal Claudia Ríos tomó la investigación del caso y solicitó los videos de las cámaras de seguridad ubicadas en el lugar donde Herrero fue apresado. Pero, por el momento, su muerte en la comisaría no ha sido esclarecida.

Los números del juicio

Causas: 17 (se redujeron a 8)
Víctimas: 32 (se redujeron a 9)
Acusados: 6 (Eduardo Smaha, Celustiano Lucero, Paulino Furió, Dardo Migno, Luis Alberto Rodríguez Vázquez y Juan Agustín Oyarzábal).
Declarados innimputables: 3 (Armando Fernández Miranda, Mario Lépori y Tamer Yapur).
Fallecido durante el juicio: 1 (Juan Pablo Saá).