Violento desalojo de una familia en Maipú

Escenas de conmoción se vivieron hoy miércoles -pasado el mediodía- en una vivienda donde una familia fue desalojada en el Barrio Ferroviario, en el distrito de Luzuriaga, Maipú.

En ese momento, la familia completa, integrada por Viviana Rodríguez, Sergio Olmedo, y dos chicos adolescentes (de 14 y 17 años), resistieron la medida amotinados dentro de la vivienda, por lo cual hubo momentos de tensión entre los efectivos que trataban de violentar la puerta de ingreso a la casa, los vecinos que apoyaban a los Olmedo y algunos miembros del SUTE que llegaron para solidarizarse con Viviana, “la maestra del barrio que casi ha educado a todos nuestros hijos”, reconoció una vecina que logró registrar en imágenes los instantes más tensos del desalojo.

“En un momento llegaron los bomberos y un helicóptero de la policía para apoyar el impresionante despliegue de policías que habían ocupado gran parte del techo. Como si la familia Olmedo fuera tratada como parte de un operativo antinarcóticos”, contó otro vecino notablemente nervioso.

Pero luego de una negociación que duró casi hasta las 15, la familia decidió deponer la resistencia un tanto amparados en la promesa que llegó desde Desarrollo Social de la Municipalidad de Maipú desde donde les facilitaron un camión –para avanzar en la mudanza- y les prometieron tres meses de alquiler para una nueva vivienda hasta que la familia lograra ordenar nuevamente su normal forma de vida.

Antes de que iniciara la mudanza, se vio a un hombre forcejear con el mismo Comisario Ciardullo, quien se mostró visiblemente alterado ante la presión que la gente realizaba para que se frenara el desalojo al grito de “queremos que venga el juez par solucionar esto…”.

Historia del desalojo

Según Viviana Rodríguez, “el desalojo llegó a producirse por orden del juez Mirábile, quien nos denegó todos los derechos que nos otorgan leyes provinciales y nacionales para que nosotros pudiéramos pagar. Porque nunca quisimos dejar de pagar la deuda que teníamos con el Banco Río, dueño de la hipoteca que pendía sobre la casa”, contó.

“Todo esto, basados en que la casa era un bien de familia. La única que teníamos. Que hay menores de edad involucrados y ni siquiera por eso se negaron a hacer el desalojo. Siempre tuvimos la voluntad de pago. Nunca nos dejaron pagar”, se quejó.

La historia se remonta a cuando la familia adquirió la vivienda en el año 2000 mediante un crédito hipotecario en el Banco Río. Durante 2001, en plena crisis financiera “nosotros entramos en mora”, admitió Rodríguez.

Según la mujer, la Justicia aplicó “la Ley 7684 para el recálculo de la deuda por lo cual el juez determinó que la deuda era de 52 mil pesos”.

Luego vino la solicitud de la audiencia de mediación “para pedir un nuevo plan de pago, como trabajadores, y no les interesó. Al cabo de un tiempo nos enteramos que los abogados del banco habían vendido la hipoteca a un señor Domínguez, quien pertenece a la famosa Liga. Domínguez compró la casa en $ 40 mil. Nosotros habíamos ofrecido la posibilidad de entregar al contado $ 15 mil como parte del posible plan de pago”, manifestó. Y agregó: “A partir de ahí todas las leyes que nos amparaban nos las fueron denegando. Leyes nacionales donde nos podían incluir en el Fideicomiso del Banco Nación. Leyes donde nos podían incluir en el Fiduciario. Hasta que llegamos al remate”, citó.

Antes del remate la familia solicitó “la aplicación de la Ley 8.005, pero había un solo inciso por el cual nuestra situación no se encuadraba según la interpretación que hizo el juez”.

Según Ernesto Páez, presidente del Movimiento de Defensa de la Vivienda Familiar (MODEVIFA), presente durante el escandaloso desalojo: “La Ley 8.005 consideraba que como mínimo una familia debía haber pagado dos años para acceder a un beneficio pero esa ley luego fue reemplazada por la 8.182 que cambió el plazo a un año”.

Luego, el 13 de enero de 2010, “en plena feria judicial” se presentó en la vivienda una oficial de justicia junto a la abogada de la persona que había adquirido la vivienda “en el remate”, dijo.

Si bien Rodríguez manejaba el dato que la vivienda fue adquirida por $ 120 mil, Páez corrigió: “La compraron en $ 40 mil”.

El cinco de mayo llegó a la casa “un empleado del Poder Judicial diciendo que nos iban a desalojar, pero nuestro abogado verificó en el expediente que no había ninguna fecha de desalojo. Por eso hicimos una apelación ante el juez informándole que todo estaba en la Suprema Corte de Justicia y no se había expedido. Una hora antes del desalojo el juez hizo lugar a este pedido. Cuando la Suprema Corte de Justicia sale la Ley 8.182 en la cual entramos en todos los requisitos”.

Sin embargo el máximo tribunal denegó el pedido a la familia Olmedo y ante ello el abogado de la familia solicitó la aplicación de la Ley 8.182.

“Primero el juez sostuvo que por decreto a una ley no la aplicaba. Después dijo que hacía lugar a las partes y que se había dado por terminada la sentencia porque se habría producido el desalojo y hasta ese momento el desalojo no se había cumplido. La semana pasada fue completamente de irregularidades porque el miércoles ocho pasado dijo que iba a dar a lugar a la Ley 8.182 y jueves confirmó que denegaba el recurso por un error del juzgado. El viernes mi abogado, Fabián De la Rosa, fue a primera hora al juzgado pero ya el expediente no estaba”, recordó.

El viernes pasado se produjo el primer intento de desaolojo: “Yo estaba en la escuela y me llamaron a las cuatro de la tarde porque estaban desalojando. En ese momento cuando llegué mi marido y mi hija estaban resistiendo y yo también resistí desde fuera. Vino la policía, se armó un desbarajuste total y hasta vino gente del municipio para mediar”.

Por el problema “ayer el titular del IPV, Carmelo Simó, nos recibió por del ministro Francisco Pérez, y mantuvimos una reunión en la que participó la diputada Mireya Díaz, para tratar de buscar una solución que no se dará del día a la noche”.