A un año de las denuncias, siguen los robos en el Hospital Scaravelli

Fue la punta del iceberg, el primer eslabón de una gran cadena de irregularidades que incluyó la remoción de los directivos del Hospital Regional Antonio Sacaravelli, de Tunuyán. El robo de reactivos y la utilización de los equipos del laboratorio del hospital por parte de tres bioquímicas para analizar muestras que cobraban en su propio laboratorio de Vista Flores, terminó destapando la olla del escándalo.

Con la probable y sospechada anuencia de Cramero, quien antes de asumir su cargo como autoridad del Scaravelli también era personal bioquímico, imprimían los resultados de los análisis de sus clientes particulares en las impresoras del hospital y hasta con el mismo número de protocolo que emitía el autoanalizador. Lo único que ponían de su bolsillo era el papel que utilizaban, ya que los resultados llevaban el membrete de su negocio.

Quien se puso al frente de las acusaciones fue una de las empleadas administrativas del Scaravelli, Mayra Barrera, que justamente cumplía funciones en el laboratorio y por expreso pedido del fiscal adjunto a cargo de la Fiscalía, Joaquín de Rosas, fue reubicada “para no perjudicar el avance de la investigación”. Pero, esa solicitud fue hecha a las por entonces autoridades del hospital, quienes a la postre quedaron implicados en la causa, e indirectamente se delató a Barrera.

A partir de ese momento, comenzaron los hostigamientos y persecuciones a la denunciante. Tanto fue así, que el mismo director De Pedro la señaló, en declaraciones a MDZ, como cómplice de los malos manejos por haberlos denunciado públicamente varios meses después de sucedidos, aunque no quiso reconocer que sí lo había hecho en el ámbito interno del hospital.

No obstante, la vida diaria de Barrera se convirtió en un calvario. "Desde que hice la denuncia, por la noche, me tiran piedras o me patean la puerta de calle", reconoció a MDZ.
El punto más alto de este acosamiento llegó cuando se encontró con que la puerta del garage de su casa había sido violentada, que alguna persona o personas se habrían introducido en el interior de la casa y allí habrían arrojado sangre con coágulos al suelo. “No me asusta que puedan haber hecho algún tipo de brujería, pero sí que se metan en mi casa", reflexionó la mujer.

En medio de todo esto, entró en juego Joaquín de Rosas. El hoy confirmado fiscal de Estado se habría ocupado personalmente de la problemática y hasta convocó a Barrera en varias ocasiones a reunirse con él, tanto en la ciudad de Tunuyán como en la Capital de la provincia.
A medida que fue pasando el tiempo, Barrera se apoyó en ese respaldo q ue le daba el máximo fiscal, pero el nulo avance de la causa y sus constantes preguntas sobre el proceso llevaron a tensar la relación entre ambos, al punto de romperse definitivamente.

Los robos y la heladera bajo llave

Con Barrera fuera del laboratorio, con la Fiscalía de Estado ocupada en otros menesteres y D’Angeli respaldada, las irregularidades no dejaron de cometerse y habrían empujado al actual director, Gustavo Perone, a tomar una medida extrema, en pos de evitar el vaciamiento de insumos y reactivos,  y comprometer el normal funcionamiento del hospital.

Perone habría optado por llevarse la heladera del laboratorio a la Dirección del hospital y mantenerla bajo llave. Elemento de apertura que sólo él estaría manejando. Con el consecuente desabastecimiento del laboratorio durante fines de semana y en horarios nocturnos.

Sin embargo, otro hecho acaeció en los últimos días y puso sobre el tapete el proceder y la actitud tomada por las autoridades ante la investidura de señalados como responsables de los diferentes casos sospechosos de robos.

Durante una guardia de fin de semana de mediados de agosto, desapareció el monitor de una de las computadoras de la Administración del hospital y desde la Dirección responsabilizaron de la sustracción del elemento al empleado administrativo que cumplía horario en ese momento.

Sin mediar pedido de explicaciones, informes, revisión de imágenes de la cámara de seguridad o algún sumario, al joven se lo denunció directamente ante la oficina fiscal como el responsable del robo. El señalado fue detenido por la Policía, se le tomaron sus impresiones digitales, se lo recluyó durante tres días y hasta se allanó su domicilio; sin haberse encontrado hasta el momento pruebas firmes que lo inculpen.