Las armas del Estado en poder de los grandes delincuentes
Acaban de informar que las armas militares utilizadas en el ataque al camión de transporte de caudales en Buenos Aires habían sido robadas desde el corazón del regimiento de Campo de Mayo. La necesidad de que se garantice un mejor control. ¿El Estado termina siendo proveedor de armas para el delito?
El 22 de julio del año pasado, un grupo de soldados se llevó del arsenal del regimiento de Campo de Mayo tres fusiles FAL. Claro que, cuando oficialmente se confirmó la noticia del robo en el lugar más custodiado del país se indicó que, en realidad, se trató de ladrones vestidos con uniforme de soldados.
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Esas tres armas son las que fueron utilizadas –según la versión que acaba de brindar el jefe de la Policía Bonaerense, Juan Carlos Paggi- en el asalto al camión blindado del que hablan los medios porteños en los últimos días.
El caso sirve para repasar un viejo tema: de dónde vienen las armas que son utilizadas para el delito, ya que sin armas el hecho criminal es menos posible.
En el año 2001, la falta de controles facilitó que desconocidos entraran al antiguo depósito de armas del Poder Judicial de Mendoza y se llevaran una enorme cantidad de armas. Muchas de ellas fueron halladas enterradas en un terreno de Godoy Cruz, al poco tiempo. Muchas otras, no.
Este caso dio origen a que, junto con el Plan Canje de Armas, la provincia encarara una readaptación de los depósitos oficiales con la ayuda y el monitoreo de las Naciones Unidas.
Había pasado algo más: al requerirse la primera auditoría en 30 años al arsenal propio de la Policía de Mendoza se descubrió que, por lo menos, había un faltante de 500 armas. Los controles no existían. El cumplimiento de las normas internacionales para el depósito, mantenimiento, clasificación de armamento en desuso, tampoco eran tenidas en cuenta. A modo de ejemplo, hasta que se ordenó esa auditoría, el arsenal ubicado en pleno centro de Mendoza y en el corazón de la Infantería, maneja el ingreso y egreso de armamento con una simple nota escrita en lápiz escrita en un cuaderno marca “Gloria”. La venia a un superior era medida suficiente para que ese cuadernito saliera a relucir o, probablemente, no. Faltaron por lo menos 500 unidades a la hora del recuento.
Con este panorama, se encaró la construcción de un lugar administrado en conjunto entre dos poderes del estado que, en ese momento, para el resto de los temas, no eran muy amigos que digamos: el Ejecutivo y el Judicial. El hecho fue pionero en el país y así lo destacaron los funcionarios de la ONU que revisaron y llevaron adelante el proyecto de reunificación de arsenales y depósitos en un sitio de altísima seguridad.
¿Si pasó lo que pasó, por qué no pensar que el propio estado, por acción y/u omisión estaba aportándole armas a los círculos delictivos?
El 9 de agosto de 2006 el entonces presidente Néstor Kirchner, a instancias de una serie de organizaciones sociales y académicas nucleadas en la Red Argentina para el Desarme, reunió en el Salón Blanco de la Casa Rosada a todos sus ministros, varios gobernadores, otras instituciones sociales y del Estado y, además, a los jefes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Señalando al jefe del Ejército y con la mirad apuesta en los jefes de las tres armas, el mandatario pronunció una reprimenda que representa el reconocimiento histórico de que este círculo vicioso entre Estado y delito era algo más que un análisis de intelectuales.
"Tenemos que terminar con ese comercio, que muchas veces pasa dentro de las instituciones", dijo Kirchner. Pidió entonces, a viva voz y en un discurso que reprodujeron los medios de comunicación, a los jefes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que castiguen "con la máxima severidad" a quienes estén involucrados en ese tipo de actividades.
Junto con el castigo –que debe venir no solo como actitud institucional sino como desafío judicial- una serie de tareas quedaron pendientes de acuerdo a los malos y buenos antecedentes que Mendoza le había aportado al país:
- Los arsenales y depósitos de armas y municiones deben ser administrados centralizadamente, con fuertes medidas de seguridad, con información registrada fehacientemente y claros responsables.
- No hay por qué ni para qué mantener armas que jamás serán reutilizadas en esos depósitos: la mejor medida, para evitar su reintroducción en la sociedad es su destrucción, según las recomendaciones internacionales.
Junto con permitir que la gente se deshaga de sus armas hogareñas para evitar que las vendan o regalen a parientes o vecinos y así, formar parte del “mercado gris”, el Estado comenzó a hacerse cargo de una responsabilidad crucial, como es darle un estricto control a herramientas hechas para matar. Sacando de circulación las armas sin control, sería más fácil controlar las existentes.
Sin embargo, la orden impartida por el Presidente a los jefes de las Fuerzas Armadas chocaría con la realidad varias veces, y la Ley de desarme dictada por el Congreso casi por unanimidad.
Nuevamente Mendoza apareció en la escena y fue con el increíble robo al arsenal del regimiento de Infantería de Montaña con asiento en Uspallata.
Nuevamente un grupo comando se llevó miles de municiones y fusiles FAL, granadas y morteros desde otro de los lugares que –en teoría- están más custodiados en el país. Nada se sabe del destino de esas armas.
Pero indicios de investigadores de otros países ya nos advirtieron sobre nuestras torpezas. En Brasil descubrieron que las granadas FMK2 que estaban bajo custodia del estado argentino habían llegado hasta las favelas de Río de Janeiro como material de uso por parte de la delincuencia.
“No es normal que haya asaltos comando a depósitos de cuarteles en países que no tienen grupos armados insurgentes o conflictos internos. Sin embargo, si hay crimen organizado violento y se ´baja la guardia´ en la seguridad, estas cosas pueden pasar”, nos dijo –en una de sus últimas entrevistas antes de que su avión desapareciera en el mar- el experto argentino en control de armas Pablo Dreyfus, radicado en la ciudad carioca.
“Con la excepción de Colombia, donde hay grupos insurgentes –nos explicó- en el resto de América Latina las que realizan este tipo de golpes son organizaciones criminales que se dedican al crimen organizado, por ejemplo, bandas organizadas de robo de bancos, robo de vehículos blindados, narcotraficantes, piratas del asfalto, etc.”.
Mientras a algunos sectores les gusta delirar con lo que consideran como una inminente aparición de grupos terroristas, hay algo más asible al alcance de las leyes y de las fuerzas de seguridad: ladrones, delincuentes, “chorros” que no buscan imponer un gobierno sino que, de hecho, lo debilitan con sus sangrientas acciones; que no pretenden imponer sus ideas sino, lisa y llanamente, llenarse los bolsillos con dinero un caso ajeno.
Comprender la dimensión del hecho de que el Estado sea tan tonto o –en un caso extremo- cómplice de que sectores ilegales se pertrechen para robar, es un desafío trascendente en un país en donde el debate por la inseguridad podría ser algo racional en lugar de un mundo de sensaciones exacerbadas.
Había pasado algo más: al requerirse la primera auditoría en 30 años al arsenal propio de la Policía de Mendoza se descubrió que, por lo menos, había un faltante de 500 armas. Los controles no existían. El cumplimiento de las normas internacionales para el depósito, mantenimiento, clasificación de armamento en desuso, tampoco eran tenidas en cuenta. A modo de ejemplo, hasta que se ordenó esa auditoría, el arsenal ubicado en pleno centro de Mendoza y en el corazón de la Infantería, maneja el ingreso y egreso de armamento con una simple nota escrita en lápiz escrita en un cuaderno marca “Gloria”. La venia a un superior era medida suficiente para que ese cuadernito saliera a relucir o, probablemente, no. Faltaron por lo menos 500 unidades a la hora del recuento.
Con este panorama, se encaró la construcción de un lugar administrado en conjunto entre dos poderes del estado que, en ese momento, para el resto de los temas, no eran muy amigos que digamos: el Ejecutivo y el Judicial. El hecho fue pionero en el país y así lo destacaron los funcionarios de la ONU que revisaron y llevaron adelante el proyecto de reunificación de arsenales y depósitos en un sitio de altísima seguridad.
¿Si pasó lo que pasó, por qué no pensar que el propio estado, por acción y/u omisión estaba aportándole armas a los círculos delictivos?
El 9 de agosto de 2006 el entonces presidente Néstor Kirchner, a instancias de una serie de organizaciones sociales y académicas nucleadas en la Red Argentina para el Desarme, reunió en el Salón Blanco de la Casa Rosada a todos sus ministros, varios gobernadores, otras instituciones sociales y del Estado y, además, a los jefes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Señalando al jefe del Ejército y con la mirad apuesta en los jefes de las tres armas, el mandatario pronunció una reprimenda que representa el reconocimiento histórico de que este círculo vicioso entre Estado y delito era algo más que un análisis de intelectuales.
"Tenemos que terminar con ese comercio, que muchas veces pasa dentro de las instituciones", dijo Kirchner. Pidió entonces, a viva voz y en un discurso que reprodujeron los medios de comunicación, a los jefes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que castiguen "con la máxima severidad" a quienes estén involucrados en ese tipo de actividades.
Junto con el castigo –que debe venir no solo como actitud institucional sino como desafío judicial- una serie de tareas quedaron pendientes de acuerdo a los malos y buenos antecedentes que Mendoza le había aportado al país:
- Los arsenales y depósitos de armas y municiones deben ser administrados centralizadamente, con fuertes medidas de seguridad, con información registrada fehacientemente y claros responsables.
- No hay por qué ni para qué mantener armas que jamás serán reutilizadas en esos depósitos: la mejor medida, para evitar su reintroducción en la sociedad es su destrucción, según las recomendaciones internacionales.
Junto con permitir que la gente se deshaga de sus armas hogareñas para evitar que las vendan o regalen a parientes o vecinos y así, formar parte del “mercado gris”, el Estado comenzó a hacerse cargo de una responsabilidad crucial, como es darle un estricto control a herramientas hechas para matar. Sacando de circulación las armas sin control, sería más fácil controlar las existentes.
Sin embargo, la orden impartida por el Presidente a los jefes de las Fuerzas Armadas chocaría con la realidad varias veces, y la Ley de desarme dictada por el Congreso casi por unanimidad.
Nuevamente Mendoza apareció en la escena y fue con el increíble robo al arsenal del regimiento de Infantería de Montaña con asiento en Uspallata.
Nuevamente un grupo comando se llevó miles de municiones y fusiles FAL, granadas y morteros desde otro de los lugares que –en teoría- están más custodiados en el país. Nada se sabe del destino de esas armas.
Pero indicios de investigadores de otros países ya nos advirtieron sobre nuestras torpezas. En Brasil descubrieron que las granadas FMK2 que estaban bajo custodia del estado argentino habían llegado hasta las favelas de Río de Janeiro como material de uso por parte de la delincuencia.
“No es normal que haya asaltos comando a depósitos de cuarteles en países que no tienen grupos armados insurgentes o conflictos internos. Sin embargo, si hay crimen organizado violento y se ´baja la guardia´ en la seguridad, estas cosas pueden pasar”, nos dijo –en una de sus últimas entrevistas antes de que su avión desapareciera en el mar- el experto argentino en control de armas Pablo Dreyfus, radicado en la ciudad carioca.
“Con la excepción de Colombia, donde hay grupos insurgentes –nos explicó- en el resto de América Latina las que realizan este tipo de golpes son organizaciones criminales que se dedican al crimen organizado, por ejemplo, bandas organizadas de robo de bancos, robo de vehículos blindados, narcotraficantes, piratas del asfalto, etc.”.
Mientras a algunos sectores les gusta delirar con lo que consideran como una inminente aparición de grupos terroristas, hay algo más asible al alcance de las leyes y de las fuerzas de seguridad: ladrones, delincuentes, “chorros” que no buscan imponer un gobierno sino que, de hecho, lo debilitan con sus sangrientas acciones; que no pretenden imponer sus ideas sino, lisa y llanamente, llenarse los bolsillos con dinero un caso ajeno.
Comprender la dimensión del hecho de que el Estado sea tan tonto o –en un caso extremo- cómplice de que sectores ilegales se pertrechen para robar, es un desafío trascendente en un país en donde el debate por la inseguridad podría ser algo racional en lugar de un mundo de sensaciones exacerbadas.
