Presenta:

Balas de punta hueca para la policía: una medida que despierta críticas hacia la Argentina

La Declaración de La Haya y la Convención de Ginebra prohiben la utilización de balas de punta hueca, pero el ministro Aníbal Fernández lo autorizó. Organizaciones internacionales ponen a la Argentina en la mira por esa decisión. Un experto español habló del tema con MDZ.
Balas de punta hueca. Foto: web
Balas de punta hueca. Foto: web

El gobierno argentino le otorgó un inexplicable viso de legalidad a la utilización de las balas de punta hueca por parte de los cuerpos de elite de la policía. Tanto la Convención de Ginebra como la Declaración de La Haya condenan y prohíben su utilización.

Así quedó establecido con la emisión del decreto 1770/08, firmado el 4 de julio pasado por el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández.

El texto fue revelado el domingo por el diario Crítica y el lunes las entidades nucleadas en la Red Argentina para el Desarme iniciaron una serie de consulta a organizaciones internacionales con el fin de ponerle un freno a la medida del Ejecutivo.

La norma autorizó el uso del proyectil expansivo “a las Unidades Especiales de la División Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF), del Grupo Especial 1-GE 1 y al personal de la fuerza que presta servicios de custodia”. Para la fundamentación de la polémica norma, el gobierno argumentó que “la munición del proyectil expansivo tiene la capacidad de inhibir eficazmente, con la menor reacción, el poder ofensivo de un eventual agresor”.

Más adelante, el texto oficial da cuenta que la munición aludida “disminuye, asimismo, la velocidad y los eventuales rebotes en superficies duras, lo que contribuye a salvaguardar la integridad física de los ciudadanos que se hallaren en los recintos o áreas circundantes al lugar del enfrentamiento armado. Que la munición de proyectil expansivo fue concebida para el empleo específico por parte de fuerzas de seguridad y policiales de un importante número de países del mundo, en especial cuando desempeñaren tareas en grupos tácticos de recuperación de objetivos donde se encuentren involucrados rehenes, o tareas de custodias especiales”.

Pedido a expertos internacionales

Las organizaciones sociales que componen la Red Argentina para el Desarme, entre las que se encuentran el Instituto de Estudios Penales y Sociales (Inecip), la ONG Espacios, la Asociación para Políticas Públicas, la asociación La Comuna y la Fundación Lebensohn, pidieron que expertos internacionales en la materia se expidan sobre el caso argentino.

Carola Concaro, miembro de la Red de ONG, anticipó a MDZ que “hemos enviado una consulta a las organizaciones que integran la Coalición latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada (Clave) y a la IANSA (Internacional Action Network on Small Arms) con el objeto de ver de qué manera avanzamos con el caso de nuestro país, que es tan paradigmático como repudiable”.

La especialista en control de armas que integra el colectivo de organizaciones se mostró sorprendida por la medida tomada por el gobierno.

En un comunicado, la entidad que agrupa a los especialistas argentinos en la temática de las armas y la violencia, expresó: "Lo que se le está debiendo aún a la sociedad es una política de seguridad pública capaz de revertir las enormes y persistentes falencias en materia de formación y profesionalización policial, modernización institucional y consecuente defensa de sociedades más justas y seguras en democracia".

Más adelante, el comunicado agregó que "lamentablemente, la Resolución 1770 parece desconocer la imperante necesidad de reducir el grado de violencia y letalidad existente en la resolución de los conflictos en el marco del ejercicio de la fuerza pública".

"Daño innecesario e inhumano"

El investigador catalán´Daniel Luz, experto en temas de control de armas y municiones y asesor en tal sentido de organismos internacionales, consultado por MDZ ratificó que la Convención Sobre Armas de Uso Convencional, Protocolo II (conocido como CCW) "descalifica ese tipo de munición por ser generadora de un daño innecesario, cruel e inhumano".

Luz agregó a todo ello que "el hecho que sea de uso policial, me parece todavía más grave".

 

 

 

La bala de punta hueca destruye dentro del cuerpo donde se introduce.

 

 

 

 

El diario Crítica aportó el dato de que “en la Argentina esas balas tienen una historia negra y su uso ha sido largamente repudiado por organismos de derechos humanos en los años previos a la última dictadura militar. Su utilización –sostuvo un alto oficial del Ejército– puede llevar a los tribunales de Ginebra al país que legitime su uso”.

El mismo diario recogió la opinión del ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires León Arslanian:  “Su tilización civil está prohibida –señaló–. El principio que gobierna todo esto es que el uso de la fuerza sea un uso limitado, un uso racional, que se basa en el principio de mínima suficiencia. La verdad es que tengo una prevención al respecto.”