Veto de Bahía Blanca: el PJ y la UCR amenazan con voltearlo, pero el Gobierno se ve ganador

Luego de que el Gobierno vetara el proyecto de ley que declaraba la emergencia y catástrofe en Bahía Blanca por las inundaciones, el Partido Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR) se pronunciaron en contra y anticiparon que intentarán revertir la decisión del presidente Javier Milei en el Congreso. En Casa Rosada se muestran confiados.

La amenaza de la UCR y el PJ

"Tenemos a nuestro favor la fuerza parlamentaria, los argumentos y el sentido común para sostener un marco legal fruto de un gran acuerdo multipartidario; y representa una respuesta institucional ante una situación catastrófica", enfatizó el radicalismo a través de un comunicado. Luego, agregó: "Vamos a sostener la ley 27.790 en el Congreso Nacional, porque defender la institucionalidad es la mejor manera de ayudar a Bahía Blanca".

En el mismo sentido se expresó el PJ, que acusó al Gobierno de considerar "un gasto la ayuda por una emergencia". "El mismo día que el endeudador de Caputo prepara sus mejores ropas para recibir una misión del FMI, y cruza los dedos por las palmadas en la espalda, el presidente le niega a los bonaerenses la ayuda necesaria para reponerse de una tragedia. Nada nuevo: Fuertes con los débiles, débiles con los poderosos", sentenciaron.

El veto de Javier Milei

Los duros comunicados contra el Ejecutivo llegaron luego del veto a la totalidad del proyecto de Ley 27.790, que declaraba la emergencia y catástrofe en la provincia de Buenos Aires, con especial foco en los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, las zonas más afectadas por las inundaciones de marzo pasado.

Así, la Casa Rosada resolvió devolver la iniciativa al Congreso y dejar sin efecto la declaración de 180 días de emergencia, que proponía la creación de un fondo especial de $200 mil millones "o la suma necesaria para atender los daños" ocurridos durante las inundaciones que azotaron la provincia meses atrás.

El proyecto también contemplaba otorgar plazos de gracia en contratos y ejecuciones para damnificados, priorizar la contratación de recursos locales en obras de infraestructura y establecer líneas de crédito preferenciales a través del Banco Nación. También proponía reforzar la articulación con el Gobierno bonaerense para eximir de impuestos y tasas a los afectados.

El argumento del Gobierno para recurrir al veto fue que, previo al proyecto del Congreso, el Ejecutivo ya había dictado el Decreto 238/25 para brindar una respuesta a la situación de emergencia en Bahía Blanca, el cual "implementó las medidas que pretendían ser adoptadas por medio de la sanción como ley del proyecto mencionado".

Dicho decreto había creado un fondo especial de asistencia directa de $200 mil millones que quedó bajo la órbita del Ministerio de Seguridad con el objetivo de otorgar un subsidio para los residentes de las viviendas afectadas por las inundaciones.

Las críticas contra el Gobierno

Sin embargo, desde la UCR aseguraron que la ley "no se superpone con el decreto del Gobierno", ya que esta "tiene mayor jerarquía constitucional y un alcance más amplio, porque no se ocupa sólo de las urgencias, sino de soluciones estructurales". En ese sentido, enfatizaron que "el Fondo Especial está pensado para reconstruir infraestructura pública dañada y reactivar el circuito económico local, dos puntos que no están previstos en el decreto del Gobierno Nacional".

Además, señalaron que la ley contempla el control parlamentario sobre las acciones implementadas por el Poder Ejecutivo, mientras advirtieron que la UCR "no está dispuesta a resignar la rendición de cuentas y la transparencia, dos aspectos centrales de la democracia representativa".

"La emergencia en Bahía Blanca no terminó. Aún queda mucho por hacer para que miles de vecinos recuperen la normalidad. Hacen falta obras y trabajo. Estamos convencidos de que las políticas públicas transformadoras se construyen con diálogo y coordinación entre los poderes de la república", concluyó el comunicado firmado por el senador Maximiliano Abad y la diputada Karina Banfi.

Del lado peronista, cuestionaron la decisión del Gobierno de excluir del programa de asistencia a la localidad de Coronel Rosales con el argumento de qeu los informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional indicaron que la zona más afectada fue Bahía Blanca.

También criticaron el planteo del Ejecutivo donde aclararon que no podrán crearse nuevos fondos de asistencia durante 2025 y su planteo de que el proyecto de ley no informaba de dónde saldrían los recursos para su manutención.

"Según el gobierno nacional, la Ley no establece fuentes de financiamiento para el gasto que autoriza y que por ello incumple lo dispuesto por las leyes 24.156 y 24.629 que privilegian el equilibrio fiscal. La ayuda por una emergencia es un gasto para el Gobierno nacional, no sorprende. Avanzan con la gente afuera", lanzaron desde el PJ.

Los dos comunicados representan una seria amenaza para el Gobierno, que hasta el momento había logrado mantener dividida a la oposición para avanzar con sus proyectos de ley y defender los vetos presidenciales, como ocurrió el año pasado con la ley de financiamiento universitario y la reforma jubilatoria.

La confianza de la Casa Rosada

En ese entonces, los "87 héroes" proclamados por Milei sostuvieron la voluntad presidencial, sin embargo, en esta oportunidad solo La Libertad Avanza se había pronunciado en contra del proyecto en favor de Bahía Blanca. Ahora, si el radicalismo y el peronismo votan unidos, el castillo de cartas que levantaron los libertarios en el Congreso podría caer.

En Casa Rosada se mostraron confiados y enviaron un propio mensaje de desafío: "No se van a animar". La lectura que hacen en Balcarce 50 es que el radicalismo busca tensar la cuerda para negociar con las elecciones de octubre a la vuelta de la esquina, y dan por hecho que la resistencia de los boinas blancas no saldrá del papel.

En esa eventual discusión también jugarán un rol fundamental los gobernadores, que se encuentran en medio de un tira y afloje con el Gobierno por los recursos coparticipables en un contexto donde las provincias denuncian la caída de su financiamiento y la obra pública paralizada. Sin embargo, en el Gobierno le restaron peso a sus actos de rebeldía: "Ladran pero después acuerdan".

"Hasta ahora ganamos todos los vetos y eso se va a mantener. Algunos vieron los resultados de las elecciones y están tomando nota", aseguró un funcionario que suele recorrer los pasillos del Palacio de Gobierno.

Para derribar el veto, la oposición necesitará juntar dos tercios de las cámaras, un número desafiante. Aún así el Gobierno tiene mucho trabajo por delante, y deberá comenzar a levantar teléfonos y tejer acuerdos si quiere resguardar el invicto del veto presidencial en el Congreso.