Una inédita realidad para Cornejo y el deterioro de la clase media mendocina
Hay un problema silencioso que las encuestas comienzan a reflejar: el deterioro de la calidad de vida de la clase media. La inédita situación por imputación de un funcionario por mala gestión y la tensión por las empresas de servicios.
Cambiar la obra social por una menos costosa o atenderse en efectores públicos. Dejar de lado “lujos” saludables como pagar un club o incluso resignar formación para el futuro: no más inglés para los niños, menos suscripciones y, en definitiva, peor calidad de vida. “Hay quienes podrían decir cínicamente que la buena vida no es para todos”, comenta un consultor que analiza la realidad social de Mendoza. El deterioro en el poder adquisitivo comienza a traducirse en deterioro de la calidad de vida y, en el fondo, también en una fragmentación en un universo que suele ser el foco de atención: la clase media real y la clase media aspiracional. Esa grieta es entre “quienes pueden y quienes no”.
Ese deterioro comienza a notarse en las encuestas y, como reflejó MDZ, en alertas que la comunidad comienza a emitir: preocupa la salud porque la cobertura privada es inaccesible; preocupa la educación porque hay menos margen para elegir escuela y acceder a bienes culturales; preocupa la seguridad como telón de fondo de los conflictos. “En otras palabras, el deterioro económico ya no impacta únicamente en el consumo o el empleo. Comienza también a afectar variables sensibles vinculadas a la calidad de vida cotidiana y a la protección social. Ese desplazamiento explica por qué la salud dejó de ser una demanda sectorial para transformarse en una preocupación transversal de la clase media mendocina”, concluye el estudio de la consultora Reale Dalla Torre que generó polémica por los datos de intención de voto, pero que tiene información relevante de otro orden respecto a la calidad de vida de los mendocinos.
El mal humor de la clase media inquieta porque es un sector, por pertenencia real o por sentido de clase, que mueve la ajuga de la opinión pública. Es, en definitiva, influyente. En ese mar es donde pesca el oficialismo local y también donde, explican, comparten electorado con el sector que lidera Javier Milei.
Desbordes que huelen mal
Si de calidad de vida se trata, el Gran Mendoza vive una realidad que permite esquivar cualquier metáfora para describirla y, por primera vez, se traslada a la política. La justicia imputó a un funcionario y dos gerentes de AYSAM por derramar cloacas de manera clandestina en un curso de agua y poner en riesgo la salud de la población. La acusación formal que pesa sobre Humberto Mingorance es grave y recae sobre él por ser la cabeza de una empresa que el Estado “recuperó” en 2010 y que desde entonces no logra solucionar la crisis sanitaria que ya se advertía en esa época. La imputación de Mingorance no es solo por su accionar: es una acusación por impericia, por mala gestión del Gobierno en su conjunto. EL propio Estado a través del Departamento General de Irrigación fue el principal denunciante.
Cornejo ha mirado de costado el tema pero Mingorance no es un funcionario cualquiera. Aunque no goza de la simpatía de muchos de su ex compañeros en Godoy Cruz, acompaña al Gobernador desde siempre y se “eligieron como vecinos”. Ambos compartieron gestión en la “muni” que sirvió de usina del poder cornejista y también formaron parte de un emprendimiento inmobiliario en Guaymallén del que también participaron otros funcionarios. Mingorance fue parte de la primera camada cornejista en la que se buscaba imponer, ante todo. La crisis ambiental de Los Corralitos es la punta de un problema mucho más profundo. Ene se caso, se perdió más de un año, pues las alertas surgieron a fines de 2024.
Creen en el propio Gobierno que se subestimó el impacto social y mediático: una empresa acostumbrada a recibir quejas, parece tener una anestesia frente a esas contingencias. Pero el problema sigue bajo la superficie. Así como ya habían desbordado las cloacas en Las Heras, ahora en Guaymallén, puede pasar lo mismo en todo el Gran Mendoza: el 40% de las cloacas está en mal estado y puede colapsar en cualquier momento. En Godoy Cruz más del 50% de las cloacas está en mal estado y en Capital esa situación abarca al 30% de las colectoras cloacales; en Las Heras supera también el 40%. AYSAM se muestra como “modelo” por haber logrado tener equilibrio en sus cuentas, con un déficit enorme en la calidad del servicio, claro. Cuentas sanas, con riesgo para la salud de las personas a la que debe prestarse servicio. Esas cuentas, en realidad, tienen una sanidad engañosa por la enorme cantidad de recursos que el Estado le transfiere a la empresa y el esfuerzo de los usuarios: la tarifa aumentó de manera exponencial y se pagan sobretasas para obras.
La novedad de la acusación penal por mala gestión tiene impacto, más aún porque ocurre en un gobierno que parecía blindado. Cornejo logró sortear errores graves de sus funcionarios y propios también gracias al blindaje interno. Desde el incendio del principal espacio de arte de Mendoza y los fiascos de la Vendimia, hasta la “destrucción” de obras pagadas dos veces por capricho político, pasando por contratos mal redactados y ejecutados, como el de Potasio Río Colorado.
Roles
Los problemas de infraestructura básica y de gestión en la empresa ocurre en un momento de tensión nacional por la búsqueda de privatizaciones. El gobierno de Milei no se mete en las provincias, pero busca contagiar su inercia privatizadora. Igual, no todo cambió.
En Buenos Aires y en otras provincias se escandalizan por el intento de licuar deudas de empresas de servicios, sobre todo las eléctricas y la búsqueda de compensaciones cruzadas. Mendoza quedó afuera porque fue precursora: la principal distribuidora eléctrica consiguió refinanciar la deuda con CAMMESA y gracias al generoso reconocimiento de deuda del Estado mendocino sumó beneficios para su contrato. Cornejo había auditado a la empresa, como se dijo, y advirtió sobre desvíos que había de parte de esa empresa de servicios (que tiene participación estatal). Tras esa advertencia no hubo sanciones, sino todo lo contrario: se adecuó el contrato para que las maniobras que antes eran dudosas, ahora pasaban a ser legales. El contrato renegociado en 2023 le permitió a EDEMSA pagar menos, recaudar más y gracias a la ampliación de la razón social, meterse en rubros que antes tenía prohibidos. Por eso, entre otras cosas, dentro de EDEMSA también hay proveedores que pertenecen al mismo grupo accionario. En estos meses muchos ponen foco en las finanzas de esa compañía, que comenzó a endeudarse fuertemente. Ahora sacó un programa de recompra de deuda para poder estirar los plazos que había establecido originalmente. Esa operación busca patear compromisos por 150 millones de dólares.
Con los mismos accionistas el Gobierno aún no explica las condiciones de renegociación por los incumplimientos del plan de la mina Potasio Río Colorado. Llega junio y se cumple un año desde que la planta piloto (que Vale dejó casi lista) debería estar produciendo. Lo mismo, aclaran desde el sector empresario, debía pasar con la línea eléctrica y otras inversiones que estaban a cargo del Estado. En el Gobierno aún se quejan por el “mal contrato” que, dicen, se elaboró durante la gestión de Rodolfo Suarez, en un acto de desentendimiento que sorprende
De nuevo, el rol de control del Estado se pone a prueba. Lo estará también en el camino que se inicia con la mina de cobre San Jorge o PSJ Cobre Mendocino. El Gobierno nacional hizo oficial la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, que le permite tener estabilidad, beneficios y una garantía de inversión enormes durante 30 años. Con esa herramienta la empresa sale a buscar los 650 millones de dólares que necesita. Ese monto no lo requiere todo junto, pues durante los dos primeros años la inversión necesaria y declarada por la empresa en el RIGI es de unos 170 millones de dólares. En el mismo plan, prevé contratar un 27% de proveedores locales.
El RIGI le permite acceder a los beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y legales a San Jorge y de la misma manera bloquea al Estado mendocino y a la Municipalidad de Las Heras para agregarle tributos o condiciones que se consideren como obstáculo al proyecto. Sí pagarán tributos ya establecidos y tasas por servicios que requieran, aunque con limitaciones. Resta definir las regalías (que no superarán el 3% a valor boca de pozo) y si habrá cánones de otro estilo que superen la barrera del RIGI. Al Estado le toca, en ese plan, tomar algo de distancia. Hasta ahora fueron de la mano con la empresa para la aprobación y promoción del proyecto, que es considerado como “bandera” del impulso minero. En otras provincias con mayor recorrido la presión crece en escalas mayores también. Pasa con la inversión comprometida por empresas que siguen demandando beneficios, por los proveedores locales, nacionales y extranjeros, y un tema que se transformó en un cuello de botella difícil de saldar: el acceso a recursos estratégicos como la energía eléctrica, los caminos y el agua. La tensión en esos casos, incluso, no es por cuestiones ambientales, sino por la escasez.