Tras su salida del Gobierno, Manuel Adorni está a tiro de indagatoria y afronta múltiples causas
El exjefe de Gabinete está acusado por enriquecimiento ilícito y deberá rendirle cuentas en pocos días al fiscal. Qué otras investigaciones están en curso.
Manuel Adorni es investigado en Comodoro Py
Juan Mateo Aberastain / MDZManuel Adorni dejó de tener el respaldo político y renunció como jefe de Gabinete de Javier Milei, aunque tendrá un largo recorrido por los pasillos de tribunales a partir de varias investigaciones en su contra.
El exvocero quedó bajo investigación en distintas causas que abarcan presuntas inconsistencias patrimoniales, el financiamiento de viajes personales y otros episodios
La investigación de mayor relevancia es la que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita por presunto enriquecimiento ilícito. El expediente busca determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por Adorni y el crecimiento de su patrimonio desde su llegada al Gobierno. La Justicia analiza la compra de inmuebles, remodelaciones de propiedades, viajes, gastos personales, movimientos financieros y operaciones con criptomonedas, además de requerir información a distintos organismos públicos y privados. Hasta el momento, la causa continúa en etapa de producción de prueba y Adorni no fue a declaración indagatoria hasta hoy.
El primer foco de la investigación es una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. Según la documentación incorporada al expediente, la propiedad fue adquirida en noviembre de 2024 por unos US$120.000. Sin embargo, la Justicia investiga especialmente las refacciones posteriores, luego de que el contratista Matías Tabar declarara haber cobrado US$245.000 en efectivo y sin factura por las obras realizadas en la casa. El contenido del teléfono celular del contratista pasó a formar parte de la prueba judicial para reconstruir cómo se realizaron esos pagos y quién los efectuó.
La segunda propiedad bajo análisis es un departamento en Caballito, adquirido en noviembre de 2025 por alrededor de US$230.000. Esa operación llamó la atención de los investigadores porque, según la declaración jurada presentada por Adorni, cerca del 87% del valor habría sido financiado mediante préstamos personales otorgados por cuatro mujeres, dos de ellas jubiladas. La Justicia intenta verificar la capacidad económica de las prestamistas y la autenticidad de esos préstamos.
Otro capítulo relevante es el patrimonio declarado. En junio de 2026, Adorni presentó una declaración jurada que informó bienes por casi $944 millones, incluyendo la casa de Indio Cuá, el departamento de Caballito y alrededor de US$209.000 en efectivo. Sin embargo, esa presentación se produjo después de que admitiera públicamente que había mantenido unos US$500.000 sin declarar ante el fisco, dinero que —según explicó— provenía de inversiones en criptomonedas realizadas años antes de ingresar al Gobierno y que posteriormente exteriorizó utilizando el régimen de regularización fiscal.
Esa explicación dio lugar a una de las principales contradicciones del caso. En sus primeras respuestas públicas, Adorni sostuvo que no existía ninguna inconsistencia patrimonial y que todo estaba correctamente declarado. Más tarde reconoció la existencia de fondos no declarados y afirmó: "Ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos". Sin embargo, insistió en que el origen del dinero era completamente lícito y que la regularización fue realizada conforme a la ley. Esa admisión no implica automáticamente el delito de enriquecimiento ilícito, pero sí llevó a la Justicia a profundizar el análisis sobre el origen de los fondos y la evolución de su patrimonio.
La defensa de Adorni sostiene que no hubo corrupción ni percepción de dinero proveniente del Estado. Afirma que las propiedades fueron adquiridas mediante ahorros acumulados durante años, ganancias por inversiones financieras y préstamos privados debidamente documentados. Además, niega haber realizado pagos irregulares por las refacciones y asegura que todas las operaciones podrán ser justificadas documentalmente.
Por el contrario, la hipótesis del fiscal Pollicita es que todavía existen inconsistencias que requieren explicación. Por eso la causa continúa abierta con pedidos de información a bancos, escribanías, comercios, plataformas de criptomonedas, contratistas y otros organismos públicos y privados para reconstruir, peso por peso, el origen de los recursos utilizados para adquirir y equipar las propiedades investigadas.
El fiscal Gerardo Pollicita presentará el requerimiento de justificación patrimonial, con 200 hojas de pruebas que constatan inconsistencias irreconciliables entre los gastos e ingresos del excolumnista, quien deberá responder a cada incongruencia, en una indagatoria. Todo conduce al procesamiento, aclaran en Py.
El viaje en jet privado a Punta del Este
Otra de las investigaciones que alcanzó a Adorni se originó por un viaje privado a Punta del Este realizado durante el fin de semana largo de Carnaval. La polémica comenzó cuando se difundieron imágenes y registros aeronáuticos que mostraban al entonces jefe de Gabinete abordando un avión ejecutivo HondaJet matrícula LV-HWA, operado por la empresa Alphacentauri.
Según los manifiestos de vuelo, la aeronave despegó desde el aeropuerto de San Fernando el 12 de febrero y regresó el 17 de febrero. Junto a Adorni viajaron su esposa Bettina Angeletti, sus dos hijos y el periodista Marcelo Grandio, conductor de un programa en la Televisión Pública y persona de estrecha confianza del funcionario.
La controversia no se limitó al uso de un avión privado. El costo estimado del vuelo rondaba los US$10.000, cifra que despertó interrogantes sobre quién había financiado el traslado, especialmente porque coincidía con otras investigaciones sobre el crecimiento patrimonial de Adorni.
En un primer momento, Adorni evitó responder sobre el origen de los fondos y sostuvo únicamente que se trataba de un viaje estrictamente privado. Más tarde aseguró públicamente que él mismo había pagado la totalidad del viaje, incluyendo los pasajes de su esposa y de sus hijos, y negó categóricamente que hubiera existido utilización de dinero del Estado.
Sin embargo, las explicaciones no conformaron. La Justicia comenzó a incorporar el episodio dentro del análisis patrimonial porque el costo del viaje pasó a ser una variable más para reconstruir el nivel de gastos del funcionario. Los investigadores procuran establecer si el desembolso resulta compatible con los ingresos declarados y si efectivamente fue afrontado con fondos propios.
Otro elemento que llamó la atención fue la presencia de Grandio. Además de mantener una amistad con Adorni, trabajaba en la Televisión Pública, dependiente políticamente de la Jefatura de Gabinete. Esa situación generó cuestionamientos por un eventual conflicto de intereses y hasta la posible figura de dádivas.
Los vínculos de la productora de la esposa de Adorni con el Estado
A su vez, en la justicia también se investiga a la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, quien está al frente de la consultora +BE. La polémica estalló cuando trascendió que la compañía había facturado al menos 55 millones de pesos a Foggia Group, una productora que competía por quedarse con la concesión integral de Tecnópolis, un negocio estimado en alrededor de $180.000 millones y cuya definición dependía de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete que conducía Adorni.
El caso adquirió mayor relevancia porque Foggia Group no era una empresa ajena al oficialismo. La firma había pertenecido originalmente a Mara Gorini, secretaria privada de Karina Milei, quien al asumir en la Casa Rosada transfirió la sociedad a su esposo, Marcelo Dionisio. Posteriormente ingresaron al directorio empresarios vinculados al grupo Werthein, controlador de DirecTV, que pasó a integrar el proyecto para competir por la explotación de Tecnópolis.
Según la documentación incorporada a la investigación, la consultora +BE prestó servicios de recursos humanos y consultoría para Foggia Group y recibió pagos por aproximadamente 55 millones de pesos entre 2025 y 2026. La coincidencia temporal entre esas contrataciones y el proceso licitatorio despertó sospechas de un posible conflicto de intereses, ya que la decisión administrativa final sobre la concesión debía ser adoptada por un organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete encabezada por el propio Adorni.
A partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, el juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli ordenaron una serie de medidas de prueba. Entre ellas, solicitaron a la AABE y a otros organismos todos los expedientes vinculados con la concesión de Tecnópolis y requirieron a la Inspección General de Justicia los legajos societarios de Foggia Group y de otras empresas para determinar si existían relaciones comerciales o societarias con la consultora +BE. También pidieron información sobre eventuales contrataciones estatales de Foggia Group y otras firmas mencionadas en la denuncia.
La hipótesis de los denunciantes no era que Bettina Angeletti hubiera sido empleada del Estado, sino que su empresa privada mantenía una relación comercial con una firma que aspiraba a obtener una concesión multimillonaria cuya resolución dependía políticamente del área conducida por su marido.
Desde el Gobierno rechazaron esas acusaciones. La explicación oficial fue que Bettina Angeletti nunca fue funcionaria pública, que +BE es una consultora privada que presta servicios a múltiples clientes y que sus contratos con Foggia Group fueron celebrados entre particulares, sin intervención del Estado.