Toma estudiantil en dos colegios de la UBA: reclaman por la Ley de Financiamiento Universitario

La medida de fuerza, que afecta a los alumnos de los dos colegios universitarios más emblemáticos de la Ciudad, el Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, resuelta en asambleas estudiantiles, tiene como eje principal el pedido de que se ponga en marcha la Ley de Financiamiento Universitario, norma pensada para asegurar más recursos a las casas de altos estudios nacionales.

La toma se definió en asambleas estudiantiles y tiene como eje principal el pedido de que se ponga en marcha la Ley de Financiamiento Universitario, una norma pensada para asegurar más recursos a las casas de altos estudios nacionales en plena pulseada presupuestaria con la Casa Rosada.

El titular del centro de estudiantes del Nacional Buenos Aires advirtió, en una entrevista radial, que los profesores de los establecimientos preuniversitarios "están cobrando un 30% menos que los docentes de las escuelas de la ciudad". Para Francisco Pitrola, vocero del alumnado, ese desfasaje "denota un claro ataque directo a las universidades", según expresó en diálogo con Radio con Vos.

El joven fue más allá y deslizó una sospecha sobre la estrategia oficial: "Yo creo que el gobierno de Javier Milei busca un eventual arancelamiento para ir deteriorando esa educación pública, que tanto nos costó conseguir".

Las clases públicas de la UBA

La medida de fuerza se inscribe en una disputa más amplia por los fondos entre el Ejecutivo y las universidades. En sintonía con ese reclamo, la Universidad de Buenos Aires protagonizó este martes una nueva jornada de clases públicas en distintos rincones porteños, con un acto central frente al Palacio de Tribunales.

La convocatoria, motorizada por gremios docentes y no docentes, también exige la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. La actividad contempló clases abiertas y exposiciones académicas impulsadas por la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y el Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Feduba).

El planteo de los trabajadores apunta a que los miembros de la Corte Suprema definan cómo van a intervenir en el expediente, que hoy está bajo estudio luego de que la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hiciera lugar a un recurso extraordinario presentado por el Gobierno.

El conflicto entre el Gobierno y las universidades

El reclamo por la puesta en vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario lleva activo desde 2024 y ya derivó en tres movilizaciones federales. La primera de esas marchas tuvo lugar en abril de aquel año.

El 21 de octubre de 2025, el Ejecutivo promulgó la norma después de que el Congreso volteara los vetos del presidente Javier Milei. No obstante, su aplicación quedó frenada hasta tanto se definan las fuentes de financiamiento y se incorporen las partidas correspondientes en el Presupuesto. Ese limbo agudizó la tensión con las universidades, que insisten en su cumplimiento efectivo.

En paralelo, la discusión escaló en los tribunales. Un fallo de primera instancia, ratificado luego en Cámara, dispuso que se apliquen artículos clave de la ley, ligados a la recomposición salarial y al financiamiento. El Estado recurrió esas resoluciones y el expediente sigue en debate.

A su vez, el oficialismo remitió al Congreso un nuevo proyecto que reforma la ley actual. La propuesta no prevé una recomposición por lo sucedido en 2024 y 2025. Para 2026, en tanto, establece que solo habrá una actualización presupuestaria si la inflación anual supera el 14,3%: en otras palabras, únicamente si el IPC queda por encima de esa proyección, las universidades obtendrán una mejora real para sus gastos de funcionamiento.