Suspendieron a una defensora oficial de San Rafael acusada de abandono del trabajo
El Jury de Enjuiciamiento aceptó la denuncia e inició un proceso de juicio político contra una magistrada denunciada por la defensora General de la provincia, Cecilia Saint André.
El Jury de Enjuiciamiento resolvió este jueves la suspensión de Romina Crisafulli Menendez, defensora oficial de San Rafael acusada de presentar certificados médicos “truchos” y abandonar su trabajo con el objetivo de conseguir un traslado a la Ciudad de Mendoza. La magistrada irá a juicio político y podría ser destituida del cargo.
Esta mañana se reunieron los integrantes del órgano constitucional encargado de juzgar la conducta y el desempeño de los magistrados, compuesto por los siete jueces de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y 14 legisladores provinciales.
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Uno de los temas que analizaron fue la denuncia presentada contra Crisafulli que impulsó la Defensora General del Ministerio Público de la Defensa de Mendoza, Cecilia Saint André. La funcionaria presentó un pedido de juicio político contra la titular de la Primera Defensoría Oficial Penal de Adultos de San Rafael, en la Segunda Circunscripción Judicial. Las acusaciones que pesan en su contra son por presunto desorden de conducta y mal desempeño.
Concretamente, la magistrada fue denunciada por presentar certificados médicos inválidos, emitidos por un doctor que no estaba habilitado para ejercer la profesión. Asimismo, acumuló una gran cantidad de inasistencias injustificadas y quejas por mal comportamiento de parte de otros magistrados y personal judicial, a la vez que omitió notificar un cambio de domicilio a la Ciudad de Mendoza, abandonando la circunscripción en la que presta funciones.
Las acusaciones que pesan en contra de Crisafulli son por presunto desorden de conducta y mal desempeño. El Jury de Enjuiciamiento suspender a la defensora oficial e iniciarle un juicio político que podría desencadenar en la destitución del cargo.
La decisión fue tomada por los integrantes del tribunal compuesto por los jueces de la Corte Dalmiro Garay, Julio Gómez, Omar Palermo, José Valerio, Mario Adaro, Teresa Day y Norma Llatser. Los diputados Jorge López, Érica Pulido, Mauricio Torres, José Tribiño, Beatriz Martínez, Gustavo Cairo y Germán Gómez. Y los senadores Martín Kerchner, Alejandro Diumenjo Natacha Eisenchlas, David Saez, Mauricio Sat, Helio Perviú y Ariel Pringles.
Acusaciones de mal desempeño y desorden de conducta
La titular del Ministerio Público de la Defensa, Cecilia Saint André, planteó que la defensora oficial de San Rafael registró múltiples ausencias injustificadas que han ocasionado “un grave perjuicio” desde el punto de vista organizacional. Hizo hincapié en la “falta de cobertura del servicio de defensa pública penal, particularmente en el departamento de San Rafael.
Advirtió que esta situación obligó a “efectuar una modificación en los sistemas de reemplazos y subrogancias, impactando severamente en las estructuras de funcionamiento del Ministerio”.
Saint André planteó que “su persistente ‘desacuerdo’ con los dictámenes y conclusiones que le otorgaban el alta médica, reflejan una conducta no solo reñida con sus obligaciones como magistrada, sino de absoluta irresponsabilidad en la asistencia a sus defendidos”.
Por otro lado, señaló que la magistrada ha tenido “comportamientos disruptivos y repetitivos, intolerables y reñidos con la conducta que debe observar todo magistrado en el ejercicio o en ocasión de su desempeño, las cuales han tenido como resultado, quejas y denuncias de referentes, jueces, personal penitenciario y personal de la Delegación de San Rafael”.
Asimismo, se advirtió que la defensora pidió ante el Consejo de la Magistratura el traslado a la Primera Circunscripción e incluso había solicitado el traslado escolar de su hijo a la Ciudad de Mendoza, lo cual fue considerado por la Defensora General como un intento de abandono de trabajo.
En la denuncia, Saint André expresó que “surge la clara intención de abandonar el servicio en la Ciudad de San Rafael, aduciendo para ello: factores estresores en el ámbito laboral que le impedirían continuar prestando funciones en dicho lugar; el diagnóstico de su patología (que según sus argumentaciones la obligan a un "reposo absoluto"), y la incongruente conducta de "cambiar de domicilio", en contra de las disposiciones legales que le imponen fijar domicilio a determinada distancia del lugar de cumplimiento de funciones”.