Denuncia y Jury de Enjuiciamiento contra una defensora oficial por abandono del trabajo
La defensora general de la provincia Cecilia Saint André hizo una denuncia contra una magistrada de San Rafael por desorden de conducta y mal desempeño.
La Defensora General del Ministerio Público de la Defensa de Mendoza, Cecilia Saint André, hizo una denuncia contra una defensora oficial de San Rafael y pidió el Jury de Enjuiciamiento en su contra. La magistrada fue acusada de presentar certificados médicos “truchos” y abandonar su trabajo con el objetivo de conseguir un traslado a la Ciudad de Mendoza.
El pedido de juicio político fue presentado contra Romina Crisafulli Menendez, titular de la Primera Defensoría Oficinal Penal de Adultos de San Rafael, en la Segunda Circunscripción Judicial. Las acusaciones que pesan en su contra son por presunto desorden de conducta y mal desempeño.
Concretamente, la defensora oficial fue denunciada por presentar certificados médicos inválidos, emitidos por un doctor que no estaba habilitado para ejercer la profesión. A su vez, acumuló una importante cantidad de inasistencias injustificadas y quejas por mal comportamiento de parte de otros magistrados y personal judicial, a la vez que omitió notificar un cambio de domicilio a la Ciudad de Mendoza, abandonando la circunscripción en la que presta funciones.
Certificados “truchos” y abandono del trabajo
En la presentación realizada ante el Jury de Enjuiciamiento, la defensora general Saint André indica que realizó la denuncia tras advertir una serie de “conductas graves e irregulares” de la magistrada Romina Crisafulli, relacionadas principalmente con la “presentación desmedida de certificaciones médicas inválidas”, emitidas por el médico Rodríguez Medina, Héctor Alberto, quien no se encontraba habilitado para emitir dichas certificaciones ejerciendo por tanto irregularmente la profesión médica.
Relata que en mayo del 2024 la defensora acusada obtuvo el alta médica tras una licencia por razones de salud, con diagnóstico en fibromialgia y se le asignaron en “forma excepcional y transitoria” las funciones bajo la modalidad de trabajo remoto y según indicación médica.
Sin embargo, se constató que el 8 de mayo la magistrada había abandonado el inmueble en el que residía en San Rafael y se excusó señalando que “por un error involuntario” omitió notificar formalmente el cambio de domicilio.
La denuncia señala que Crisafulli había solicitado el traslado escolar de su hijo a la Ciudad de Mendoza, meses antes, coincidiendo con las certificaciones médicas presentadas a inicios del año en curso. Ante este comportamiento, el Ministerio Público de la Defensa presumió “la premeditación en el cambio de su domicilio a la Ciudad de Mendoza, con su posterior intención de requerir al Consejo de la Magistratura el traslado pertinente, preparando de esta forma el cambio del centro de vida del menor”.
El perjuicio para sus defendidos que contempla la denuncia
Mientras la defensora cumplió funciones de forma virtual se habrían presentado múltiples denuncias de ciudadanos por ella asistidos con un claro perjuicio a los intereses de sus defendidos.
En tanto, el 21 de octubre del año pasado, mientras se encontraba cumpliendo funciones remotas, solicitó nuevamente licencia, presentando certificado con diagnóstico de "herpes zoster", por 10 días, agregando el día 30 de octubre un nuevo certificado, esta vez, por 30 días, con diagnóstico de "neuropatía post- herpética" ambos, suscriptos por el doctor Héctor Rodríguez Medina, quien se encontraba ejerciendo irregularmente la medicina.
Este último certificado (neuropatía post- herpética), fue rechazado por la Junta de Salud Ocupacional de OSEP el 1 de noviembre del 2024, otorgándosele el alta definitiva (presencial).
Sin embargo, Crisafulli solicitó una audiencia con la defensora general del Ministerio Público de la Defensa y le planteó que no tenía interés en prestar funciones en el departamento de San Rafael y se negó a volver a trabajar en la Segunda Circunscripción.
“La magistrada actualmente continúa presentando certificados médicos, alegando discrepancia con el alta médica otorgada, rehusándose al reintegro en sus funciones como titular de la Defensoría a su cargo, y haciendo caso omiso a las notificaciones de la Oficina de Recursos Humanos respecto las faltas injustificadas registradas”, señala la denuncia impulsada por Saint André.
Los fundamentos del pedido Jury
La titular del Ministerio Público de la Defensa planteó que las ausencias injustificadas de la defensora denunciada han ocasionado “un grave perjuicio” desde el punto de vista organizacional. Hizo hincapié en la “falta de cobertura del servicio de defensa pública penal, particularmente en el departamento de San Rafael. Advirtió que esta situación obligó a “efectuar una modificación en los sistemas de reemplazos y subrogancias, impactando severamente en las estructuras de funcionamiento del Ministerio”.
Saint André planteó que “su persistente ‘desacuerdo’ con los dictámenes y conclusiones que le otorgan el alta médica, reflejan una conducta no solo reñida con sus obligaciones como magistrada, sino de absoluta irresponsabilidad en la asistencia a sus defendidos”.
Por otro lado, señaló que la magistrada ha tenido “comportamientos disruptivos y repetitivos de la magistrada, intolerables y reñidos con la conducta que debe observar todo magistrado en el ejercicio o en ocasión de su desempeño, las cuales han tenido como resultado, quejas y denuncias de referentes, jueces, personal penitenciario y personal de la Delegación de San Rafael”.
Las acusaciones por mal desempeño
Asimismo, se advirtió que la defensora pidió ante el Consejo de la Magistratura el traslado a la Primera Circunscripción. Frente a esta situación, la máxima autoridad del Ministerio Público de la Defensa aseguró que “surge la clara intención de abandonar el servicio en la Ciudad de San Rafael, aduciendo para ello: factores estresores en el ámbito laboral que le impedirían continuar prestando funciones en dicho lugar; el diagnóstico de su patología (que según sus argumentaciones la obligan a un "reposo absoluto"), y la incongruente conducta de "cambiar de domicilio", en contra de las disposiciones legales que le imponen fijar domicilio a determinada distancia del lugar de cumplimiento de funciones”.
Las acusaciones que pesan en contra de Crisifulli son por presunto desorden de conducta y mal desempeño. Ahora la denuncia deberá ser analizada por el Jury de Enjuiciamiento que decidirá si acepta o rechaza la presentación que podría desembocar en un juicio político y posterior destitución de la defensora oficial.