Suarez y su apuesta a terminar con un debate eterno en Mendoza

Suarez y su apuesta a terminar con un debate eterno en Mendoza

El gobernador electo eligió a Víctor Ibañez como ministro de Gobierno y su designación abre el juego para avanzar, otra vez, con la reforma de la Constitución. Ibañez no solo es abogado constitucionalista sino que además es militante de los cambios en la Carta Magna desde hace más de quince años. Pero además tiene postura tomada en dos aspectos controversiales: impulsa la unicameralidad de la Legislatura y está en contra de la reelección del cargo de gobernador.

Una designación ministerial que Rodolfo Suarez todavía no confirma en público, pero que salvo un imponderable se dará, podría traducirse en el impulso político fuerte para sacar adelante uno de los asuntos de debate eterno en Mendoza: la reforma de la Constitución.

El reconocido constitucionalista Víctor Ibañez es el elegido por el gobernador electo para la cartera de Gobierno, hecho que marca la impronta que le dará la próxima gestión a un debate que ya lleva casi 20 años en la provincia y sin resultados.

Ibañez no solo es un especialista en Derecho Constitucional, sino que además es un militante de la reforma. Muy critico de la reforma de la Constitución nacional que se llevó adelante en 1994, trabajó en el proceso de 2003, cuando Julio Cobos impulsó su propio proyecto y también fue quien, desde el radicalismo, objetó en 2012 varios de los aspectos de los cambios constitucionales que pretendía impulsar el entonces gobernador Francisco Pérez.

Victor Ibañez

Pero el posible ministro político no solo es reformista. Sino que además tiene postura tomada acerca de los temas más controversiales de los cambios que, sin éxito, se quisieron llevar adelante en los últimos años.

Uno de ellos es la unicameralidad de la Legislatura. Ibañez fue quien asesoró a Suarez durante la ultima campaña cuando el candidato habló de la necesidad de la reforma y además planteaba allí la idea de eliminar una de las cámaras. Y la argumentación no era únicamente por una cuestión de costos.

Actualmente y tal como manda la Constitución vigente, la Legislatura tiene dos cámaras que solo se diferencian por la cantidad de miembros: 38 bancas el Senado y 48 Diputados.

Para quienes defienden la bicameralidad, su principal virtud radica en que promueve la revisión de los proyectos de ley antes de que salgan (una cámara es iniciadora y la otra revisora, según el caso) y evita que esa tarea recaiga en el Poder Ejecutivo, a través de la función del veto. Sin embargo lo que esta bajo cuestionamiento ( y que se apunta a modificar) es la base de la representación.

Ya en pleno proceso electoral, Ibañez estaba al frente de esta discusión que pretendía dar Suarez. “La representatividad hoy no existe: ambas cámaras tienen la misma base que es la poblacional. Pero hay departamentos en la provincia que, por la distribución que hay de los circuitos electorales, no tienen un solo legislador en la Legislatura”, sostenía.

La centenaria Carta Magna mendocina demostró ser progresista y sabia en muchísimos aspectos, pero necesita aggionarse.

Es verdad que, si un nuevo intento prospera, la reforma ya no tendrá la traba en una de sus etapas que rige desde hace 30 años por una decisión judicial. El reciente fallo de la Suprema Corte en la discusión por las reelecciones indefinidas de los intendentes, que entendió que las mayorías exigidas para habilitar la reforma de la Constitución se computan según los electores que efectivamente fueron a votar y no por la cantidad de empadronados en el Referendum.

Esto termina por superar, por caso, la traba principal que tuvo la reforma que más lejos llegó y que fue la de 2001 durante el gobierno de Roberto Iglesias.

Pero todos los intentos reformistas que se hicieron en los últimos 18 años chocaron en un punto: la reelección del cargo del gobernador.

Suarez fue siempre esquivo en este aspecto. Tiene el prurito de no querer hablar del tema porque todavía ni asume en el cargo. Pero se lo notó incómodo en la campaña cada vez que tenía que explicar si, en caso de impulsar la reforma, él se iba a correr de la posibilidad de ser reelecto.

En tren de posturas, si Suarez busca su reelección se encontrará seguramente con un ministro firme del otro lado: Ibañez ya hizo pública hace tiempo su posición en contra de habilitar la reelección del cargo de gobernador.

Dos argumentaciones definen esta mirada. Una de ellas es que Mendoza logró construir una cultura cívica alrededor de un poder atenuado del Ejecutivo que lo fuerza a acuerdos legislativos y esto fue producto, básicamente, de la alternancia.

Y el otro es que Ibañez descree de que, en Mendoza, el corto tiempo de mandato deja al gobernador sin poder. “Es falaz el argumento de que cuatros años son pocos para gobernar”, fue lo que siempre sostuvo el especialista.

Para ello propone una opción: no permitir la reelección del gobernador, pero modificar el tiempo de mandato para llevarlo de cuatro a cinco años.

En los últimos 15 años, todos los gobernadores presentaron su plan para reformar la Constitución y todos pusieron por delante su reelección. Como colorario, todas las reformas fracasaron.

Roberto Iglesias, en 2001, impulsó un “núcleo de coincidencias básicas” con la oposición y se autoexcluyó ante escribano publico. Pero la Justicia frenó el proceso.

Julio Cobos hizo su intento también (impulsaba la segunda vuelta electoral, por ejemplo). Celso Jaque trató (con un proyecto que entre otras ideas buscaba limitar la edad para la jubilación de los jueces) y Francisco Pérez empezó a delirar con su reelección desde el primer día de su gobierno y encaró una campaña en la que se puso al frente y que lo desgastó durante dos años, sin que se haya podido avanzar ni un paso. Cornejo fue, como líder opositor en aquél momento, quien bloqueó la intentona de Paco.

A decir verdad, Cornejo nunca se desvivió por la reforma. Pero en su momento trató de jugar con la diáspora de la oposición para explorar esa alternativa y llegó a obtener un guiño de los intendentes del PJ para avanzar con su reeelción. El asunto fue que, al poco tiempo, esos mismos caciques comunales se le dieron vuelta y terminaron bloqueando la intentona en la Legislatura.

El gobierno intentó instalar el concepto de que lo que se iba a votar era el inicio del camino reformista y no la reforma en sí. Esto, según trataron de imponer en la sociedad y en la dirigencia política opositora, iba a ser tarea de la Convención Constituyente posterior. Si es que se llegaba en algún momento a esa instancia, hecho que nunca ocurrió.

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