El Gobierno echó a Carlos Frugoni: el Secretario de Infraestructura dejó su cargo por omisión de bienes en Miami
Luis Caputo, aceptó la dimisión del funcionario tras revelarse que no declaró siete departamentos en Estados Unidos y dos sociedades comerciales.
Carlos María Frugoni, exsecretario de Coordinación de Infraestructura.
LinkedInEl Ministerio de Economía de la Nación atraviesa una jornada de cambios forzados. El titular de la cartera, Luis Caputo, aceptó formalmente la renuncia de Carlos María Frugoni, quien hasta hoy se desempeñaba como Secretario de Coordinación de Infraestructura. La salida se precipitó tras una investigación periodística que expuso irregularidades críticas en su patrimonio declarado.
El patrimonio oculto: departamentos y sociedades
La polémica estalló al conocerse que Frugoni omitió incluir en sus presentaciones oficiales siete departamentos ubicados en Miami, Estados Unidos. A esta omisión se le suman dos sociedades comerciales que no fueron reportadas ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Según se informó, el exfuncionario admitió haber "cometido un error" administrativo. Sin embargo, la presión pública y el avance de posibles acciones judiciales volvieron su permanencia en el gabinete de Caputo insostenible.
Trayectoria y ascenso en la gestión libertaria
Carlos María Frugoni era una figura con un ascenso marcado dentro de la estructura de la administración actual:
CNRT: Se desempeñó como director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
Transición: Renunció a dicho cargo en diciembre de 2025.
Ministerio de Economía: Asumió la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, puesto que ocupó hasta la fecha de su renuncia.
Complicaciones judiciales: enriquecimiento ilícito
La salida del Gobierno no detiene el proceso legal. Actualmente, el exsecretario enfrenta una denuncia formal por:
Enriquecimiento ilícito.
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Omisión maliciosa en su declaración de bienes.
La ley de Ética Pública exige que los funcionarios presenten una declaración jurada detallada de todos sus bienes, tanto en el país como en el exterior, para garantizar la transparencia en el ejercicio de la función pública.