Solicitaron la indagatoria del titular de ARCA: lo acusan por evadir US$2 millones en propiedades
Se trata de un pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas ante la situación patrimonial de Andrés Vázquez. Deberá resolver el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
Andrés Vázquez, titular de ARCA
Se complica la situación judicial del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez. En el marco de acusaciones por evasión, ahora le solicitaron una indagatoria por presuntas irregularidades en su patrimonio.
El planteo fue realizado por el fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quien consideró que el funcionario debería ser citado a declarar por el delito de omisión maliciosa en su declaración jurada. La causa está bajo la órbita del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
-
Te puede interesar
Premio récord en el Quini 6: cuánto retiene ARCA del ganador
En su dictamen, el fiscal fue categórico: “Sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial por cuanto maliciosamente obvió insertar el real vinculo que tenía con las sociedades que registran bienes en el exterior, inmuebles que él y su familia usufructúan”.
El entramado de propiedades en Miami y sociedades offshore
-
Te puede interesar
Colegios privados deberán emitir factura electrónica sin excepciones
La investigación apunta a la presunta falta de declaración de tres propiedades en Estados Unidos, valuadas en más de US$2,1 millones. Se trata de dos unidades en el complejo Icon Brickell, en Miami, adquiridas en 2013, y una tercera propiedad en el condominio Chateau Beach Residences, en Sunny Isles, comprada en 2015.
Según la reconstrucción del caso, estos inmuebles fueron adquiridos a través de sociedades radicadas en Panamá —Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp.— que luego quedaron bajo la órbita de Galanthus Capital Limited, una firma constituida en Islas Vírgenes Británicas. En documentación interna de ese entramado societario, Vázquez figura como beneficiario final y fue identificado como Persona Políticamente Expuesta.
Sospechas de enriquecimiento ilícito y cooperación internacional
El expediente también pone el foco en una posible desproporción patrimonial. De acuerdo al fiscal Rodríguez, Andrés Vázquez declaró activos líquidos por unos US$40.000 al cierre de 2012 y US$44.000 en 2013, cifras que contrastan con operaciones inmobiliarias por más de US$1,1 millón en enero de 2013 y otros US$980.000 en 2015. Para la PIA, estos datos configuran una hipótesis de enriquecimiento ilícito.
En paralelo, el fiscal solicitó al titular de la causa, Guillermo Marijuán, que amplíe la investigación hacia posibles delitos de evasión tributaria y lavado de activos. Además, pidió avanzar con medidas de prueba en el exterior, incluyendo exhortos a entidades financieras como Bank of America, PNC Bank y Wells Fargo, donde el funcionario y su entorno familiar tendrían cuentas.
La causa tuvo su origen en una denuncia presentada por diputados de la Coalición Cívica que inicialmente recayó en el juzgado de Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo, hasta ser luego girada al actual magistrado.
Otro de los elementos incorporados al expediente refiere al pago de impuestos en Estados Unidos. Según la investigación, Vázquez y su exesposa habrían abonado tributos municipales en el condado de Miami por un total de US$136.761 entre 2014 y 2018, además de registrar reintegros impositivos a su nombre. A esto se suma que sus hijas residen en ese país desde 2022, de acuerdo a datos del Registro Nacional de las Personas.
Como parte de las medidas en curso, la PIA también solicitó requerir información a la Embajada de Estados Unidos sobre los movimientos migratorios del funcionario y su grupo familiar desde 2012, en un intento por reconstruir el uso efectivo de los bienes bajo investigación.
El expediente avanza así sobre múltiples frentes y combina análisis patrimonial, movimientos financieros y cooperación internacional, en un caso que vuelve a poner bajo la lupa a un funcionario clave del esquema recaudatorio nacional.