Senado: mientras negocia cambios, Patricia Bullrich avanza con la "inviolabilidad de la propiedad privada"

El Senado retomará este miércoles a partir de las 16 el debate por el proyecto que el oficialismo tituló como "inviolabilidad de la propiedad privada", una ambiciosa iniciativa que modifica distintas leyes vinculadas a la administración de tierras. En paralelo, Patricia Bullrich atiende una serie de pedidos de cambios por parte de los aliados.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, que presiden los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, se reunirán esta tarde en el Palacio Legislativo. El objetivo del Gobierno es tener dictamen la semana próxima y, en dos semanas, llevar este proyecto al recinto.

Principalmente, esta iniciativa elimina el límite a la tenencia de tierras por parte de extranjeros en Argentina, quita las restricciones que impone la Ley de Manejo del Fuego, modifica la ley de barrios populares y acelera los procesos de desalojo, entre otras cuestiones.

En el debate de este miércoles participarán el constitucionalista Daniel Sabsay; el titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz; el referente de la Mesa de Barrios Populares de Bariloche, Luciano Celsi; la exfuncionaria del RENABAP, Fernanda Monticelli; y el vicerrector de la UBA y exdecano de las facultades de Arquitectura y Diseño de la UBA, Jaime Smith. También concurrirán el director provincial del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires, Ariel Rondan Piacetti, y el director ejecutivo de Techo Argentina y expresidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Ignacio Maqueyra.

El Gobierno defiende un ambicioso proyecto

El principal impulsor de esta ley es el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El miércoles pasado la defendió ante el plenario de comisiones en una tensa reunión con los senadores del bloque justicialista. En paralelo, el oficialismo espera que el Congreso avance con otras dos normativas: el Tratado de Patentamiento y la Ley Hojarasca. Se trata de dos iniciativas que hace varias semanas amagan con tomar protagonismo en la Cámara de Diputados, pero que no terminan de avanzar.

Este proyecto del oficialismo modifica distintas normativas vigentes. Según la retórica del Gobierno, son leyes que "obstruyen las inversiones" y "dificultan el desarrollo federal del país". “Este proyecto es un compendio de leyes que han violado el artículo 17 de la Constitución y lo venimos a remediar”, señaló la semana pasada Sturzenegger.

Federico Sturzenegger

Prensa Senado

En este contexto, en el Senado hay un clima favorable para avanzar con las modificaciones que impulsa el oficialismo. Sin embargo, la oposición analiza una serie de cambios para negociar con el Gobierno nacional, aunque no están en duda los votos para darle media sanción.

La semana pasada se conformó una mesa técnica de trabajo en la que participan asesores de los senadores de La Libertad Avanza y también de los bloques aliados. El principal es el de la UCR, que preside Eduardo Vischi. También trabajan allí enviados de los gobernadores, que siguen de cerca las modificaciones que se puedan implementar, ya que tendrían impacto directo en sus territorios.

Los puntos más críticos del proyecto

Los dos puntos que más ruido generan entre los aliados tienen que ver con la eliminación de los límites a la tenencia de tierras en manos de extranjeros, sancionados en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner, y con la Ley de Barrios Populares.

“Por medio de esta norma se dispusieron limitaciones a la titularidad extranjera sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales. Sin embargo, esto implicó una limitación irrazonable que, lejos de constituir una verdadera protección, conllevó un condicionamiento y desincentivo de la inversión internacional, principalmente en el ámbito agropecuario, uno de los principales sectores productivos del país, reconocido internacionalmente por su calidad en todo tipo de productos”, señaló el Gobierno.

En contraposición, proponen: "Modificar el enfoque y concentrar los controles en aquellos supuestos en los que se vean involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos. De este modo, se asegurará un correcto resguardo de la soberanía y la seguridad nacional".

Pero esto tendría un impacto en el manejo de tierras en las provincias, principalmente en las atravesadas por la Cordillera de los Andes. Por eso, los gobernadores quieren seguir de cerca esa discusión para evitar conflictos en sus territorios.

También aparece cuestionada la modificación en el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. Esta iniciativa permitió la trazabilidad de los barrios populares para fijar políticas públicas que fomenten la urbanización y el empleo formal en estos sectores.