Reforma jubilatoria: ante la avanzada de la oposición, el Gobierno anticipó un nuevo veto presidencial
La oposición avanza en el Congreso con proyectos de importante impacto fiscal, como la reforma jubilatoria o la declaración de emergencia en discapacidad. La respuesta del Gobierno.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó que el Gobierno vetará cualquier proyecto de ley que avance en el Congreso que atente contra el superávit fiscal.
Prensa DiputadosEl Gobierno de Javier Milei se prepara para defender con uñas y dientes su sagrado superávit fiscal frente a una oposición que se propone avanzar en el Congreso con proyectos como la reforma jubilatoria, declarar la emergencia en discapacidad y un aumento presupuestario para las universidades. En ese marco, el Ejecutivo adelantó que el presidente vetará cualquier medida que atente contra el programa económico.
Veto presidencial inminente
Así lo ratificó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien remarcó que "no existen los recursos, en particular en el sistema previsional", para financiar incrementos en las partidas presupuestarias.
"Si el sistema hoy establece que hay un activo y medio por cada jubilado obviamente no se puede pagar. Por más que pretendan un aumento de partidas, si no están los recursos de ninguna manera va a poder aprobarse una ley con esas características. Si se lo hace, el Ejecutivo obviamente la va a vetar", sentenció el ministro coordinador en diálogo con Radio Rivadavia, y agregó: "No hay magia posible. En algún momento decían eso. Si no están los recursos no se pueden establecer los gastos".
En ese sentido, si bien reconoció que no tendrían un impacto inmediato, Francos planteó la necesidad de llevar adelante una reforma en el contrato de trabajo y una reforma tributaria para fomentar la inversión y el crecimiento de la actividad económica.
El antecedente de los "87 héroes"
No sería la primera vez que el Gobierno de La Libertad Avanza decide actuar de esta forma. Durante su primer año de mandato, Javier Milei debió atravesar dos desafíos clave en el Congreso: un aumento de jubilaciones que preveía una nueva fórmula de ajuste y un aumento general del 8,2% y un incremento en el presupuesto universitario.
Las dos iniciativas habían logrado un amplio consenso en todo el arco opositor y generaron un impacto transversal en la sociedad, que se movilizó en las calles de forma masiva, sobre todo alrededor del conflicto universitario. Sin embargo, el presidente se mantuvo imperturbable y vetó las dos leyes, decisión que logró sostener en el Palacio Legislativo gracias a los "87 héroes" que se alinearon con el oficialismo.
El PRO, los gobernadores dialoguistas y un emergente sector del radicalismo, denominado desde entonces como "radicales con peluca" por su apoyo al economista despeinado fueron los responsables de blindar la medida del Ejecutivo, que decidió celebrar la defensa al plan económico con un polémico asado en la Quinta de Olivos.
Avanzada opositora en el Congreso
En ese marco, el Gobierno enfrenta un nuevo escenario de peligro legislativo de cara a la sesión de este miércoles donde se debatirán varios proyectos, que incluyen una extensión de la moratoria previsional por dos años, la implementación unrégimen proporcional que considere los aportes realizados en los casos que no lleguen al mínimo de 30 años, o incluso una actualización del 7,2% para todos los haberes, además de llevar el bono de $70 mil a más de $100 mil, que luego se actualizaría por inflación.
En paralelo, la declaración de emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 implicaría una recomposición de los aranceles de las prestaciones y el establecimiento de una indexación para que las pensiones aumenten a la par de la inflación. También se modificarían las condiciones para acceder al beneficio y se actualizarían los nomencladores y el presupuesto de las pensiones no contributivas.
Por último, el proyecto impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó formalmente un proyecto de ley para garantizar el financiamiento de la educación pública superior que establece un ajuste salarial vía paritaria que acompañe la inflación del Indec y propone una actualización del presupuesto progresiva que alcance en 2031, "como mínimo, una participación del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) presupuestado en cada año”; comenzando con el 1% del PBI en 2026.
Las tres propuestas tocan temas sensibles y contarían con el apoyo de los bloques de Unión por la Patria y la Izquierda, pero también Encuentro Federal, Democracia para Siempre (el ala del radicalismo que responde a Facundo Manes) y la Coalición Cívica. Por eso, las posibilidades de que los proyectos avancen no son pocas.
La respuesta del Gobierno
Frente a esa posibilidad, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, apuntó contra el kircherismo "y sus actuales aliados" por proponer "con falsa demagogia y total irresponsabilidad una sesión con proyectos de ley que de aprobarse tendrían un costo fiscal de más de 12.000 millones de dólares (1,8% del PBI)".
"Se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de intentar romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó conseguir", lanzó Menem, y sentenció: "No caigamos en la trampa de quienes se empeñan en que el gobierno fracase, con el único objetivo de volver al poder y sostener sus privilegios".
Es importante recordar que en caso de veto presidencial, el Congreso puede deshacer la decisión si logra reunir dos tercios de los votos en ambas cámaras. En medio de un año electoral, hay que ver cómo se desenvuelven las fuerzas legislativas, ya que tal vez sean menos los que quieran poner el cuerpo y rechazar causas sensibles como la situación de los jubilados, las personas con discapacidad y las universidades.