Nuevos proyectos de ley reviven la polémica con las universidades
En la Cámara de Diputados, actualmente hay 6 proyectos de financiamiento universitario distintos esperando ser tomados en cuenta. El tema vuelve a cobrar relevancia a un año de las masivas marchas universitarias contra el Gobierno de Javier Milei. Uno de ellos es un anteproyecto elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), rectores, docentes, no docentes, alumnos y sindicalistas, presentado en el día de hoy ante integrantes de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, la izquierda, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Esto se da en el marco de lo que Oscar Alpa, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, calificó como una "situación crítica".
Uno de los oradores en el día de hoy fue Franco Bartolacci, Rector de la Universidad Nacional de Rosario. "Todos creemos que la Argentina necesita una economía sólida, todos sabemos que en ese contexto de escasez hay que establecer prioridades, y nos asiste la convicción profunda de saber que la educación y la producción científica, sobre todo en un país que tiene los problemas que tiene la Argentina, debe ser una prioridad", declaró.
Los bloques presentes en esa reunión pretenden poner sobre la mesa el anteproyecto la semana que viene, para que este sea tratado en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación. Pero el veto presidencial del 2024, también estimuló a otros diputados a presentar sus propios proyectos. Se espera que la semana que viene también puedan discutirse los borradores del kirchnerismo, la oposición dialoguista y la izquierda.
Por parte del Frente de Izquierda se propone declarar la emergencia presupuestaria en el sistema universitario y también en el de ciencia y técnica. Desde Unión por la Patria, el diputado Carro, consciente de como puede calar este tema en la ciudadanía, presentó una iniciativa que tiene como objetivo convocar a una consulta popular vinculante y obligatoria sobre el tema.
En cuanto a la propuesta presentada por el CIN, esta incluye un incremento progresivo de la inversión en educación superior. De 1% del PBI en 2026, pretende llegar a un 1,5% (como mínimo) en 2031. Además, plantea la convocatoria a paritarias lo antes posible para el sector, como así también garantizar montos de inversión, ligándolos al Índice del Precios del Consumidor (IPC).
Como otro punto interesante a tener en cuenta, el proyecto afirma la búsqueda de “ampliar la oferta de carreras universitarias y pre-universitarias” y “promover y profundizar la función de extensión universitaria”. Se trata de una intención que seguramente generará roces con un Gobierno Nacional que busca la eficiencia de los organismos públicos y ha sido recurrentemente crítico de la oferta académica y sobrepoblación del alumnado en las universidades.
De volver a vetarse o imposibilitar la aprobación de alguno de estos proyectos, el Gobierno podría, una vez más, enfrentar la amenaza de otra marcha universitaria.