A tres días de la marcha universitaria, el Gobierno acusó a la UBA de "extorsión política" y Yacobitti hizo una fuerte denuncia

A pocos días de la cuarta Marcha Federal Universitaria, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, profundizó el enfrentamiento con la Universidad de Buenos Aires (UBA) y acusó a la casa de estudios de intentar concentrar casi la totalidad de los recursos destinados a hospitales universitarios del país. Según sostuvo, el Gobierno ya realizó las transferencias que correspondían y detrás del reclamo existe una “extorsión política” motorizada por el vicerrector Emiliano Yacobitti para forzar una ampliación presupuestaria.

El funcionario aseguró que el pedido de la UBA implica apropiarse de $75.000 millones, es decir, el 95% de los fondos previstos para hospitales universitarios. “Para todos los hospitales universitarios del país pretende dejar apenas $4.000 millones”, afirmó este sábado en diálogo con Radio Rivadavia. En ese marco, remarcó que otras instituciones también necesitan asistencia y mencionó el caso de la Universidad Nacional de Cuyo, que habría solicitado cerca de $2.400 millones para sostener sus propios centros de salud.

Álvarez además endureció el tono contra el radicalismo universitario y apuntó directamente contra Yacobitti. “Sacan a los médicos a la calle, hablan de pacientes oncológicos sin atención y generan pánico para extorsionar al Gobierno”, disparó.

Desde la conducción de la UBA rechazaron de inmediato las acusaciones y acusaron al oficialismo de intentar desviar el eje de la discusión. Yacobitti sostuvo que la administración libertaria busca “confundir a la gente para deslegitimar un reclamo” y cuestionó que el Ejecutivo reconozca partidas presupuestarias que luego no ejecuta.

“El comunicado del Ministerio de Capital Humano lo deja claro: la partida de $80.000 millones que tiene aprobada para hospitales universitarios es una partida que el Gobierno propuso en un presupuesto que se votó y reconoce que no cumplió. No giró ni un peso a ninguna universidad con hospitales”, afirmó el dirigente radical.

En la misma línea, planteó que el conflicto excede la discusión presupuestaria y responde a una visión ideológica del oficialismo sobre la educación pública. “El Gobierno no cree en el sistema público de educación”, sostuvo.

En paralelo a la escalada discursiva, la UBA ratificó la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para el martes 12 de mayo desde las 17 en Plaza de Mayo. La protesta buscará reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial para docentes y no docentes.

La movilización contará además con el respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que convocó bajo la consigna “Marcha federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”.

Qué dice el proyecto que envió el Gobierno para modificar la ley de financiamiento universitario

El texto del proyecto de ley de financiamiento universitario presentado por la Casa Rosada consta de una asignación de una partida extraordinaria de $80.000 millones de pesos. Este monto tiene un destino exclusivo: el financiamiento de los gastos de funcionamiento, mantenimiento y equipamiento de los hospitales universitarios.

Instituciones como el Hospital de Clínicas, el Instituto de Oncología Ángel Roffo y el Instituto de Vacunas y Sueros se presentan como los beneficiarios directos. El objetivo declarado es garantizar la operatividad de estos centros de salud que dependen de las universidades nacionales, separando su presupuesto del resto de las facultades.

A diferencia de las leyes previas que buscaban indexaciones mensuales, este proyecto no contempla una actualización automática basada en el IPC (Índice de Precios al Consumidor), dejando las futuras ampliaciones supeditas a la disponibilidad de caja del Tesoro Nacional.

A su vez, se refuerza la obligatoriedad de auditorías externas e internas para todas las casas de estudio que reciban estos fondos adicionales, vinculando la transferencia de recursos al cumplimiento de los informes de gestión.

La propuesta técnica ratifica el compromiso del Ejecutivo con el déficit cero. El texto establece que cualquier incremento en las partidas universitarias debe estar debidamente compensado por una reducción en otras áreas del Estado o por un aumento genuino de los ingresos públicos, prohibiendo la emisión monetaria para cubrir baches presupuestarios en el sector educativo.

En cuanto a la situación de los trabajadores, el proyecto no fija una escala de recomposición porcentual ni un calendario de aumentos. En su lugar, propone que las paritarias continúen bajo el régimen general de los empleados públicos nacionales, sin establecer un piso específico de recuperación de poder adquisitivo para el sector docente y no docente universitario.