Reforma del Código Penal: los cambios clave que impulsa el Gobierno de Javier Milei

El Gobierno de Javier Milei avanza en la redacción de un nuevo Código Penal, que busca endurecer las penas para terminar con la presunta “puerta giratoria”. Entre otros puntos, el proyecto de reforma incluye la imprescriptibilidad de delitos graves y una redefinición de los criterios para evaluar la legítima defensa.

Milei y Bullrich en la presentación del nuevo Código Penal

Punto clave del nuevo Código Penal: agravamiento de penas

Uno de los sellos más fuertes de la iniciativa del oficialismo es la elevación de penas. El texto propone aumentar los tiempos mínimos y máximos en una larga lista de delitos, bajo el argumento de que “tiene que ser acorde al daño causado”.

Por ejemplo, en el caso del homicidio simple, pasaría de los actuales 8 a 25 años a una condena de 10 a 30 años; el homicidio agravado, ya con pena de prisión perpetua, incorpora nuevos supuestos, como cuando la víctima sea el presidente, ministros, menores de 16 o mayores de 65.

Además, tiene consideración sobre los hechos cometidos “en un lugar de concurrencia masiva mediante armas, automotores u otros elementos aptos para producir la muerte de un número indeterminado de personas”.

Respecto a los robos, el proyecto incorpora figuras específicas como “motochorros”, “viudas negras” y la apropiación de dispositivos electrónicos. Además, el robo simple aumenta de 1 mes a 6 años a 3 a 8 años de prisión y a 3 a 10 años cuando “se comete con violencia”.

En paralelo, y para frenar la llamada “puerta giratoria”, la reforma también limita la liberación anticipada para quienes tengan condenas por homicidio, robo seguido de muerte, robos con armas y delitos dolosos cometidos por funcionarios.

Qué otras penas agravaría el nuevo Código Penal

• Lesiones leves: pasa de entre 1 a 3 años de prisión
• Lesiones por conducción imprudente: de 2 a 6 años en la figura simple y de 3 a 6 años en la figura agravada
• Abuso de armas: de 1 a 6 años
• Imágenes de explotación sexual infantil: de 3 a 12 años de prisión
• Posesión de pornografía infantil: hasta 12 años de prisión
• Privación ilegal de la libertad: se eleva a una pena de 1 a 4 años
• Trata de personas: aumenta a 10 años y hasta 15 años cuando es agravada
• Robo simple: se eleva a una pena de 3 a 8 años de prisión
• Usurpación: se eleva a una sanción de 3 a 10 años
• Estafa: se eleva a una pena de 1 a 8 años y multa
• Hurto: entre 1 y 3 años de prisión
• Agresiones en manifestaciones: se establece una pena de 2 a 5 años de cárcel. Si la agresión es a un funcionario público, se eleva de 3 a 9 años
• Portación de armas: se eleva a una escala que tiene 3 años y 6 meses como mínimo y 6 años y 6 meses como máximo
• Cohecho: se eleva a una pena de 3 a 10 años

El Gobierno impulsa la imprescriptibilidad para delitos graves

Otro punto clave de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei es el de la imprescriptibilidad en el caso de delitos graves, bajo la postura de que el castigo “no puede verse condicionado por el tiempo, porque implica un acto de injusticia con las víctimas”.

Así, la Justicia va a poder investigar sin límites de tiempo los homicidios agravados, abusos sexuales, grooming, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, secuestro extorsivo, terrorismo y narcotráfico.

Más detalles del proyecto

Otra de las modificaciones más importantes que introduce la reforma es que las condenas comenzarán a ejecutarse cuando el tribunal superior rechace el recurso extraordinario federal, es decir, sin esperar que se pronuncie la Corte Suprema.

Además, “robustece el marco de la legítima defensa” y amplía la participación de las víctimas en decisiones que puedan afectarlas. De esta manera, el Gobierno busca dejar en evidencia “la relevancia de la víctima en el proceso”.

Por último, la iniciativa del Gobierno nacional busca que que las condenas perpetuas no tengan límite temporal, y que los funcionarios públicos condenados por cualquier delito pierdan automáticamente sus jubilaciones de privilegio, en línea con la medida que tomó la ANSES sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada por la causa Vialidad.