Quiénes son los seis magistrados que fueron a juicio político en la era Cornejo
El Jury de Enjuiciamiento sentará en el banquillo de los acusados en 2026 al juez penal Sebastián Sarmiento. En la última década hubo seis antecedentes de juicios políticos con tres destituciones de magistrados y dos suspensiones.
El Jury de Enjuiciamiento resolvió esta semana iniciarle un juicio político al juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, acusado de mal desempeño por otorgar beneficios de salidas anticipadas a delincuentes. El proceso se realizará durante 2026 y será el séptimo juicio político contra un magistrado que se lleva adelante en Mendoza desde la llegada de Alfredo Cornejo a la Gobernación y el inicio de la era de Cambia Mendoza en el Gobierno.
En los últimos 10 años el Jury de Enjuiciamiento juzgó a dos fiscales, tres jueces y una asesora de menores. En cuatro casos los juicios políticos terminaron con la destitución de los magistrados y en los otros dos los acusados fueron suspendidos sin goce de haberes.
Previamente, entre 1997 y 2014 se habían realizado siete juicios políticos, siendo el más destacado el que se impulsó contra el ex fiscal de Estado Joaquín de Rosas, quien resultó destituido en 2012.
Durante el año que viene el Jury de Enjuiciamiento llevará adelante un nuevo juicio político y en este caso será contra el juez penal Sebastián Sarmiento. El juez de Ejecución Penal fue suspendido el jueves pasado acusado de mal desempeño por casos en los que otorgó libertades condicionales improcedentes a delincuentes que terminaron reincidiendo o cometiendo asesinatos.
El magistrado fue denunciado por el diputado radical Franco Ambrosino, quien representó a la familia de Héctor Pelayes, un policía retirado asesinado en septiembre de 2024 en su casa por un delincuente que había salido de prisión beneficiado por una resolución de este juez, pese a que el recluso contaba con un informe psicológico en contra de la libertad condicional. Pero también se sumaron a la denuncia otros hechos de similares características.
Los antecedentes de juicio político en la era Cornejo
Desde la llegada de Alfredo Cornejo a la Gobernación a finales de 2015, se han realizado seis juicios políticos a magistrados mendocinos. Algunos han sido impulsados desde el Gobierno provincial y otros por el Ministerio Público Fiscal o el Ministerio Público de la Defensa.
En esos procesos fueron destituidos los jueces Gustavo Estrella, Antonio Sánchez Rey y María Elisabeth Lizán y la fiscal Anabel Orozco. Asimismo, el fiscal Fabricio Sidoti fue suspendido por cuatro meses y la asesora de menores Fernanda Sarcinella fue suspendida por 10 días.
El caso Sidoti
Durante 2017 el Jury de Enjuiciamiento juzgó al fiscal de instrucción de la Primera Circunscripción Judicial, Fabricio Sidoti, acusado de mal desempeño en un caso que derivó en el femicidio de Ayelén Arroyo.
La joven de 19 años fue asesinada en septiembre de 2016 por su padre, Roque Arroyo, a quien había denunciado previamente por abuso sexual y maltrato. El fiscal tuvo en sus manos la causa y no procesó al hombre, sino que le permitió seguir en libertad. Posteriormente, el acusado violó la prohibición de acercamiento y asesinó a su hija.
La denuncia contra Sidoti fue impulsada por el entonces ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de Mendoza de ese entonces, Dalmiro Garay. La acusación fue por mal desempeño en la función de fiscal al no haber formulado formalmente una imputación a Roque Arroyo por el delito de abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa agravado por le vínculo y por ser cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente y asimismo por haber faltado en la tramitación de dicha causa con el deber impuesto de una eficiente prestación del servicio de justicia.
El tribunal consideró como atenuante que el desenlace fatal de los hechos fue imprevisible, que el imputado Roque Arroyo no poseía antecedentes penales y no existían registros de violencia que permitieran vislumbrar tal desenlace.
El Jury de Enjuiciamiento condenó por mal desempeño en la función a Sidoti y le aplicó una sanción intermedia que consistió en una suspensión de cuatro meses en el ejercicio de sus funciones sin goce de haberes.
La fiscal viajera
También durante el 2017 el Jury volvió a reunirse para juzgar a la fiscal Anabel Orozco. La titular de la Segunda Fiscalía Correccional fue la protagonista del denominado “caso de la fiscal viajera” y resultó destituida por desorden de conducta.
En 2016, Orozco se fue de viaje a Brasil mientras se encontraba con parte médico por una lumbalgia aguda. La situación fue denunciada por el procurador de la Corte, Alejandro Gullé.
También se le inició una investigación penal por falsificación de documento público, ya que la entonces fiscal presentó un certificado médico cuando todavía estaba de viaje en Florianópolis.
Camarista acusado de violencia de género
En diciembre de 2018 el Jury destituyó por unanimidad al camarista laboral Gustavo Estrella, convirtiéndose en el primer juez expulsado de su cargo por una acusación de violencia de género.
Estrella había sido denuncaido de violencia de género por su ex pareja, María Benedicta Ortiz, en mayo del 2014 cuando denunció que el entonces magistrado la agredió físicamente.
Los 21 integrantes del tribunal de enjuiciamiento encontraron culplable de desorden de conducta al camarista laboral y fallaron unánimente por la destitución. Fue un caso que sentó un precendete a nivel nacional siendo el primer juez destituido por violencia de género.
El juez de la indemnización millonaria
En noviembre de 2020, durante la gobernación de Rodolfo Suarez, el Jury de Enjuiciamiento destituyó al juez Antonio Sánchez Rey por desorden de conducta. El integrante de la Quinta Cámara Laboral fue denunciado por ejercer presiones a colegas de la cámara laboral para que homologuen una indemnización millonaria a su favor que alcanzaba en ese entonces los $4,5 millones.
El Jury resolvió por unanimidad absolver al magistrado por la causal de mal desempeño, pero por mayoría terminó condenándolo por la causal de desorden de conducta y en consecuencia resolvió la destitución de su cargo de juez laboral.
Hubo 12 miembros de los 21 integrantes del tribunal que votaron por la destitución, mientras que los otro nueve miembros plentaban una sanción intermedia de suspensión por 180 días sin goce de haberes.
Sánchez Rey, siendo titular de la Quinta Cámara Laboral, había sufrido un accidente en mayo del 2017 donde se lesionó un brazo con el portón automático de la playa de estacionamiento del Poder Judicial y realizó una demanda contra el Estado.
Llegó a un acuerdo por una indemnización de $4,5 millones la aseguradora Provincia ART. Ese convenio debía ser homologado por los colegas de la cámara laboral, quienes posteriormente denunciaron que fueron presionados por el magistrado para rubricar el acuerdo. En medio del proceso, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo consideró que el monto de indemnización que correspondía por el hecho era considerablemente inferior.
Finalmente, el juez laboral fue destituido del cargo a sus 79 años y perdió el beneficio de la jubilación de magistrado.
Asesora de menores sancionada
En abril de 2021 el Jury condenó por mal desempeño en la función a la asesora de Menores, María Fernanda Sarcinella, y le aplicó una sanción de 10 días de suspensión sin goce de haberes.
La magistrada se desempeñaba como titular de la Novena Asesoría de la Primera Circunscripción Judicial y fue denunciada por la entonces Defensora General del Ministerio Público Fiscal, Mariana Silvestri, por mal desempeño en sus funciones.
En concreto se la avisaba de no haber justificado 64 días de inasistencia a su lugar de trabajo incumpliendo con la obligación legal de someterse a la Junta de Reconocimientos Médicos de! Ministerio de la Defensa a fin de justificar los días sin ir a trabajar, en medio de una licencia médica que se había pedido por fatiga e insomnio que duró más de 2 años.
La votación del tribunal resultó 11 a 8 a favor de la suspensión 10 días, mientras que la minoría impulsaba la absolución de la magistrada.
La jueza de familia destituida por inhabilidad psicofísica
En abril de 2024 el Jury destituyó a la jueza de familia María Elisabeth Lizán por el causal de inhabilidad psicofísica.
La magistrada era titular del 12° Juzgado de Familia del Tribunal de Gestión Judicial Asociada Judicial de Familia de Las Heras y recibió graves acusaciones de parte del personal de esa dependencia.
Lizán fue acusada de prestar su firma digital a terceros y también fue denunciada por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder, entre otras irregularidades.
Los abogados defensores de la jueza manifestaron que no se encontraba en condiciones para continuar ejerciendo su función en el fuero de Familia, por lo que solicitaron que se archive la causa en su contra por mal desempeño y desorden de conducta y se evalúe la conversión de la causal de Jury por Inhabilidad Psicofísica para ejercer sus funciones por razones de salud, siendo esta situación constatada por el Cuerpo Médico Forense.
Finalmente, el tribunal resolvió por unanimidad la destitución de la jueza, basándose en el causal de inhabilidad psicofísica.