Quién es y por qué genera resistencia el fiscal que el Gobierno quiere ascender

El Fiscal de Tránsito Fernando Giunta es uno de los postulados por el Gobierno de Alfredo Cornejo para ser fiscal de la Cámara Penal de la Primera Circunscripción. Tiene antecedentes polémicos y genera resistencia entre el gremio de empleados Judiciales especialmente por una reciente imputación a las autoridades del sindicato que consideran "armada políticamente".

El Ejecutivo provincial envió esta semana al Senado provincial los pliegos de los fiscales de Instrucción Gustavo Pirrello y de Giunta, propuestos para ocupar dos cargos de Fiscal de Cámara Penal de la Primera Circunscripción. Las vacantes se originaron tras la muerte del fiscal adjunto Gonzalo Nazar y la creación de un puesto adicional dentro del Ministerio Público. Giunta ocupa cargos en el Poder Judicial desde el año 2005.

Los antecedentes del Fiscal

Fernando Giunta nació el 27 de Abril de 1978, está divorciado, tras una denuncia de quien era su esposa, por violencia de género mientras él estaba a cargo de la Fiscalía de Género.

Se recibió de abogado muy rápido, en 2003, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. Sus estudios de posgrados están vinculados al derecho penal de acuerdo a lo que consta en su Currículum.

Ejerció la profesión sólo desde mayo hasta diciembre de 2003. Su primer cargo dentro de la Justicia fue ser prosecretario ad-hoc de la Segunda Fiscalía Correccional, puesto que ocupó desde el 09 de marzo de 2005 hasta el 29 de noviembre del mismo año. Ese mismo día se convirtió en ayudante Fiscal de la Primera Circunscripción Judicial hasta julio del año próximo.

Fue ascendiendo en la carrera judicial: fue secretario de la Unidad Fiscal Departamental N° 4 de Guaymallén y luego, - Fiscal de la Fiscalía de Instrucción nº 14 de la Unidad Fiscal n° 5 de Maipú-Luján, de la Fiscalía de Instrucción n° 22 de la Unidad Fiscal n° 3 de Las Heras-Lavalle, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y de la Unidad Fiscal Correccional.

El fiscal llegó al Jury de Enjuciamiento por supuestas irregularidades

En la segunda mitad del 2010, mientras era fiscal de Luján-Maipú, quedó muy comprometido una investigación que llevó adelante su par de Delitos Complejos, Claudia Ríos. Para la magistrada, Giunta cometió los siguientes delitos en el "caso Marcos Cardoso": falsedad ideológica, privación ilegítima de la libertad agravada, coacción y fraude a la administración pública.

Marcos Cardoso era un niño de 12 años que un año, antes, en noviembre de 2009 cayó al canal San Martín en Luján de Cuyo y fue encontrado ahogado tras varias semanas de búsqueda. Los investigadores confirmaron que fue un asesinato.

De acuerdo al pedido que Ríos hizo al Jury (que es el tribunal que puede remover a jueces y fiscales) Giunta habría inventado un testigo de identidad reservada (Ricardo Ferreyra) para que declare haber visto a un joven apodado “El Pañalín” tirar al chico al río en Luján. Ferrerya, quien estaba detenido por un asalto a una peluquería, accedió a atestiguar lo que le habría pedido el fiscal. Pero unos días después se arrepintió y grabó un video en el que contaba todos los detalles de la falsa testificación que habría hecho por pedido del fiscal.

El 24 de mayo de 2012, el Jury de Enjuiciamiento salvó al fiscal Giunta. Según los integrantes del jurado, como la fiscal Claudia Ríos no pidió el desafuero, no se podía actuar de oficio.

El fiscal de Género denunciado por violencia por su exesposa

En julio de 2017, el procurador Alejandro Gullé desplazó preventivamente al fiscal Giunta, quien estaba cargo de la Fiscalía de Género por haber sido denunciado por su propia esposa por maltrato.

Su ahora exesposa era una periodista del diario Los Andes, que había dejado de trabajar porque su futuro esposo le impuso esa condición para el casamiento y su matrimonio duró 6 meses. En la denuncia, había información de que Giunta ejercía violencia verbal y económica sobre la experiodista. Además, la Justicia le impuso una prohibición de acercamiento.

En 2018 el ministerio Público Fiscal creó la fiscalía de Tránsito y Giunta fue nombrado al frente de la misma. Desde entonces, ocupa ese cargo.

Las imputaciones del fiscal contra dirigentes

El ministerio Público Fiscal, en la resolución 323/2022 resuelve que el "Dr. Giunta, Fiscal de Tránsito, intervenga en las causas originadas por la infracción por corte de calles, que eran de competencia Correccional".

Luego de esta resolución, varios sindicalistas y dirigentes sociales tuvieron problemas con la Justicia. Roberto Macho, titular de la seccional mendocina de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fue enviado el 2 de agosto de 2022 al penal provincial por haber activado cortes de calles. Por su detención, que se produjo durante el Gobierno de Rodolfo Suarez hubo marchas de los trabajadores “contra la criminalización de la protesta”. El Fiscal a cargo fue Giunta.

El año pasado, en noviembre, Macho fue a juicio por cortar calles. Pero la Justicia decidió otorgarle a Macho una suspensión de juicio a prueba, también conocida como una “Probation”, una especie de extinción de la acción penal a cambio de que el imputado cumpla con una serie de requisitos, entre ellos, no cometer ningún delito.

Hace 3 semanas fue imputado el secretario general del gremio Judiciales, Ricardo Babillón, en una causa judicial por un supuesto corte de calle durante una manifestación en el nudo vial, que el sindicato desconoce y acusa al Gobierno por esta decisión judicial.

El hecho de acuerdo a la imputación impulsada por el fiscal Giunta habría ocurrido el 16 de octubre pasado cuando el gremio hizo una manifestación en el Nudo Vial. La imputación es por obstruir la circulación del transporte público y también abarcó a parte de la comisión directiva del gremio. El sindicato considera que es una embestida del Gobierno porque los dirigentes no son permeable a negociaciones por fuera de la paritaria y porque no han aceptado las condiciones laborales que ofrecen.

Además, sostienen que tienen pruebas de que eso no ocurrió. Babillón asegura que "los medios de comunicación cubrieron la manifestación ese día y mostraron cómo el corte lo hizo la policía".

La resistencia de Judiciales

El gremio de Judiciales envió un comunicado tras conocerse el envío del pliego de Giunta al Senado. Dice lo siguiente: "De verdad van a pedir que los judiciales firmen adhesiones para respaldar a Fernando Giunta, un personaje con una historia profundamente cuestionable, política y personalmente? Esto no es solo un “pliego más”: es un escándalo con muchos capítulos oscuros. ¿Qué tienen que ver con él la violencia de género y el poder? Su propia esposa lo denunció por violencia psicológica, insultos, control económico y aislamiento. Según su defensa, no hubo lesiones, pero los audios que ella grabó durante cuatro horas exponen cómo ella renunció a su trabajo (periodista) por presión, y cómo él la degradaba por su “nivel” profesional", sostienen.

Además, agregan: "fue apartado de la Fiscalía de Violencia de Género porque resulta grotesco que alguien denunciado por violencia esté al frente de esa unidad. Para colmo, su defensa argumentó que no pueden hacerle peritajes psicológicos porque tiene fueros. Y eso no es todo. Hay más: armado de procesos y testigos “preparados” para encarcelar a personas. En el tristemente célebre “caso Cardozo” (la muerte del joven Marcos Cardoso), Giunta está acusado de haber inventado testigos protegidos para construir una causa falsa. Uno de esos testigos arrepentidos declaró que fue coaccionado para declarar algo que no vio. La fiscal especial Claudia Ríos también apuntó que hubo plantación de pruebas para sustentar una imputación por homicidio. Una inspección ocular incluso verificó que, desde el lugar donde supuestamente estaba el testigo, era imposible ver nada como él declaró. A pesar de todo esto, su Jury de Enjuiciamiento lo salvó. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? No es solo una “postulación técnica”: es un blindaje político. No es un defensor de la Justicia: es alguien con denuncias serias por abuso de poder, armado de causas y violencias personales. Pedirle al personal judicial que firme “adhesión” es pedirles que avalen un perfil toxico, peligroso para una función clave", advirtieron.

Por último, agregaron: "Exigimos alto y claro:1. Que no se repartan adhesiones a ciegas. Que cada persona que firme sepa quién es realmente Giunta. 2. Que se abra una investigación institucional seria sobre sus antecedentes: violencia de género + armado de causas falsas.3. Que los judiciales no sean usados como aval para un armado político!