Se suman denuncias penales contra los dirigentes políticos y sindicales en Mendoza
Las denuncias penales contra dirigentes políticos y sindicales abundan en Mendoza. Los detalles de cada una.
Las denuncias penales contra los dirigentes políticos y sindicales
ALF PONCE MERCADO / MDZLas denuncias penales contra los dirigentes políticos y sindicales son comunes en la provincia. Los primeros han sido principalmente cuestionados en la Justicia por el desempeño de sus funciones, generalmente por opositores o gremios y los segundos por cortar calles, algo que también han hecho algunos dirigentes políticos pero no les ha valido ninguna acusación.
Las causas contra los sindicalistas han avanzado más rápido que aquellas contra los funcionarios. Algo se repite: la ciudadanía "de a pie", no denuncia generalmente a funcionarios ni a dirigentes gremiales.
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Los dirigentes gremiales en la mira
Hace 2 semanas fue imputado el secretario general del gremio Judiciales, Ricardo Babillón, en una causa judicial por un supuesto corte de calle durante una manifestación en el nudo vial, que el sindicato desconoce y acusa al Gobierno por esta decisión judicial.
El hecho de acuerdo a la imputación impulsada por el fiscal Fernando Guinta habría ocurrido el 16 de octubre pasado cuando el gremio hizo una manifestación en el Nudo Vial. La imputación es por obstruir la circulación del transporte público y también abarcó a parte de la comisión directiva del gremio. El sindicato considera que es una embestida del Gobierno porque los dirigentes no son permeable a negociaciones por fuera de la paritaria y porque no han aceptado las condiciones laborales que ofrecen.
Además, sostienen que tienen pruebas de que eso no ocurrió. Babillón asegura que "los medios de comunicación cubrieron la manifestación ese día y mostraron cómo el corte lo hizo la policía".
El año pasado, en noviembre, Roberto Macho, titular de ATE, fue a juicio por cortar calles. Pero la Justicia decidió otorgarle a Macho una suspensión de juicio a prueba, también conocida como una “Probation”, una especie de extinción de la acción penal a cambio de que el imputado cumpla con una serie de requisitos, entre ellos, no cometer ningún delito.
También accedió a lo mismo la secretaria adjunta Adriana Iranzo, quien debe cumplir con esta acción durante dos años (por dos hechos).Al resto de los imputados, Sixto Roberto Podio Ruartez, Tomás Edgardo Sánchez Nievas, Patricia Edith Irrutia, Carlos Daniel Quinteros, José Dardo Bittar Araniz, Manuel Martín Orellana, Silvia Romina Castro Cartes, Mario Eugenio Iván Alcanis Herrera y Juan Manuel San Martín Luna se les dictaminó el mismo beneficio por un año.
También fueron detenidos por cortar rutas en estos años dos dirigentes del Partido Obrero como Martín Rodríguez y Víctor Dávila.
También cortó la calle el presidente Javier Milei cuando vino el jueves 9 de octubre a Mendoza. La militancia se aproximó sobre Garibaldi y él ingresó en una auto. Lo mismo ocurrió en el cierre de campaña del 2023, para dar un ejemplo.
¿Qué pasa con los cortes de calle? En Mendoza, según el Código Contravencional puede haber multas para quien impida u obstaculice la circulación.
En otro contexto, pero con matices políticos, hay un exlegislador condenado a 10 meses de prisión por "atentado a la autoridad agravado por su calidad de funcionario público" por una polémica causa en la que hubo una discusión con un policía tras un control policial realizado a su hija. Se trata de Marcelo Romano. También se suman las causas iniciadas a manifestantes que están en contra de la mina San Jorge, que fueron detenidos en Uspallata y también en la Ciudad de Mendoza.
Las denuncias del SUTE contra dirigentes políticos
El SUTE realizó muchas denuncias en los últimos años. Gustavo Correa, secretario general electo y actual secretario gremial denunció por incumplimiento de los deberes de funcionario público y actos discriminatarios (LEY 23.592), a Francisco Javier Fernández y Hugo Martín en sus funciones de Director de Asuntos Legales y Sub-director Delegado Regional de Zona Este de Dirección General de Escuelas en contra de la Docente Carolina Eliana Gutiérrez, Vice-Directora Titular de la Escuela Nº 1-002 “Blanco Encalada”. La fecha de la denuncia es el 26 de junio de 2019. Está bajo el expediente N° P-725920/19.
El equipo de la DGE- Dirección General de Escuelas-de la primera gestión de Cornejo también fue llevado a la Justicia, en este caso por incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. Los funcionarios denunciados fueron Jaime Correas, como Director General de Escuelas; Gabriel Sciola, en su carácter de Subsecretario de Administración; y a María Paula Allasino, en su carácter de Ministra de Hacienda y Finanzas, que era entocnes. La acusación dice que habrían incurrido en posible delito de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario público (Art. 248, inc. 1 C.P.) y Malversación de Caudales Públicos (Art. 264 C.P.) al haber incumplido con el Acuerdo Paritario celebrado el 10 de septiembre del .019 en la Subsecretaría de Trabajo y Empleo con el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación. La fecha de presentación fue el 28 de noviembre de 2019.
En 2021, fue el Director General de Escuelas de Rodolfo Suarez, José Thomas quien fue denunciado por el SUTE por supuesta violación de las normativas nacionales y provinciales referente al régimen de escolaridad previsto para el presente ciclo lectivo 2020, en el marco de la crisis sanitaria cuando todacía existía la pandemia del COVID.
Mariana Carolgio, cuando era funcionaria de la DGE, fue denuncida por baja y/o traslado preventivo de Personal Docente y No Docente del CENS 3-503 ubicado en el Complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer. Expediente P-113629/21.
Carina Sedano, secretaria general del SUTE denunció a Thomas por posible delito de amenazas a docente que pretenden adherir al paro de actividades sin asistencia en el lugar de trabajo para los días 26 y 27 de julio y 8, 9 y 10 de agosto de 2022.
Además el SUTE se constiuyó como querellante particular en el expediente- 97772/23. El Funcionario denunciado José Thomas, en su carácter de Director General de Escuelas y a Gabriel Sciola, en su carácter de Subsecretario de Administración; respectivamente por haber incurrido en posible delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos al haber incumplido con el Acuerdo Paritario Nacional celebrado el 30 de noviembre de 2.020 entre el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se reunió con su par de Trabajo, Claudio Moroni, las y los cinco ministros de las regiones y la Secretaria del CFE con los representantes de los cinco sindicatos docentes nacionales: CTERA, UDA, CEA, SADOP y AMET.
Además, el 9 de septiembre de 2024, en su rol de secretario gremial del SUTE, denunció a Norma Viviana Navarta por posible cobro de “sobresueldos” y violación de la Ley de Incompatibilidades Personal Docente a la Docente en virtud de lo dispuesto por el Art. 13 de la Constitución de Mendoza y Art. 6, incs. 2, 5 y 11 de la Ley 6929.
Las denuncias contra dirigentes del PAMI
El Juzgado Federal N.º 2 (a cargo del juez Pablo Quirós) dictó en diciembre de 2024 una medida cautelar que obligaba a PAMI a restituir la cobertura al 100 % de medicamentos gratuitos para afiliados jubilados del programa Vivir Mejor, tras un recorte de vademécum. La acusación fue presentada por los abogados Marisa Uceda y Carlos Blanco, en representación de Jubypen.
PAMI, según la denuncia, no cumplió esta orden judicial. En consecuencia, se le impusieron multas diarias — en Mendoza se mencionan montos elevados (por ejemplo, montos como $100.000 diarios o $300.000 diarios) por no cumplir.
Como resultado del incumplimiento, el 20 de agosto de 2025 la justicia federal mendocina imputó a David Litvinchuk, titular del organismo junto al director nacional del PAMI, Esteban Leguizamo, por el delito de desobediencia a un funcionario público (artículo 239 del Código Penal argentino).
Las denuncias contra Orozco
El exintendente de Las Heras, Daniel Orozco fue denunciado casi al terminar su gestión en 2023. Está imputado por el delito de peculado en el marco de una causa que investiga un presunto desvío de fondos públicos de la municipalidad de Las Heras, entre los años 2021 y 2023.
Según la fiscalía, se utilizó una cooperativa —la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada (radicada en Las Heras) — que estaba inactiva o funcionaba irregularmente, para facturar servicios al municipio que no habrían sido prestados conforme lo pactado. Los fondos públicos que habrían sido desviados ascienden a $ 35.511.386,14 según la imputación.
En la causa también están imputados otros funcionarios municipales, la exsecretaria de Gobierno Janina Ortiz y exfuncionarios como el exsubsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart, entre otros.
En esta campaña electoral, también tuvo otra denuncia contra él. Alberto Ortiz, exjefe de campaña de Orozco, asegura haber aportado 20 millones de pesos a cambio de una candidatura que nunca se concretó. Por eso, lo denunció penalmente al excandidato a senador provincial por estafa, asegurando que le prometieron ser candidato a concejal a cambio de un aporte de 20 millones de pesos que jamás le fue devuelto.