El fin del Clan Sena, una banda feudal brutal que creció de la mano de Capitanich y el clientelismo
Los tres integrantes de la familia fueron declarados culpables y sufrirán condenas perpetuas por el crimen de Cecilia Strzyzowski. La historia de la organización piquetera que gozó de impunidad más de una década.
César Sena, condenado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, junto a Jorge Capitanich
Un jurado popular declaró culpables a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, encontrándolos responsables de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en un contexto de violencia de género. También fueron condenados Gustavo Melgarejo y Fabiana González, ambos por encubrimiento agravado, y Gustavo Obregón, por encubrimiento simple. Por su parte, Griselda Reinoso fue absuelta tras ser declarada inocente.
Con esta sentencia, termina la hegemonía de una organización piquetera que operó durante más de una década con impunidad y clientelismo en Chaco, con claros vínculos con el exgobernador peronista Jorge Capitanich.
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Durante más de una década, el movimiento encabezado por Emerenciano Sena y su esposa, Marcela Acuña, fue mucho más que una organización social en la provincia. Lo que la prensa local describía de manera reiterada como “el clan Sena” se convirtió en un actor político con una influencia territorial que trascendía su rol como dirigentes piqueteros, al punto de convertirse en aliados visibles del poder gobernante.
La estructura que lideraban —el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Emerenciano y la Fundación Saúl Acuña— funcionaba como un engranaje clave en la distribución de planes sociales, obras de construcción y programas comunitarios. Esas organizaciones recibieron durante años financiamiento estatal destinado a viviendas, infraestructura barrial y asistencia social. Esa inyección de recursos consolidó una base territorial propia: un barrio entero, escuelas, cooperativas y comedores que dependían de su red y reforzaban su capacidad de movilización.
Este crecimiento vino acompañado de una relación política cada vez más estrecha con los gobiernos provinciales. Emerenciano Sena y Acuña mantuvieron un vínculo directo con el entonces gobernador Jorge Capitanich, al punto de que ambos llegaron a integrar listas del oficialismo chaqueño: él como candidato a diputado provincial, ella como candidata a intendenta de Resistencia. El respaldo político no solo les garantizaba visibilidad, sino también la continuidad de los programas estatales con los que fortalecían su estructura territorial.
Jorge Capitanich y Emerenciano Sena
El caso por la desaparición y femicidio de Cecilia Strzyzowski, que involucró a César Sena —hijo del matrimonio—, funcionó como un punto de inflexión que expuso públicamente el alcance de ese entramado. A medida que avanzó la investigación, surgieron informes periodísticos que revelaron bienes, vehículos y propiedades vinculados al clan, lo que encendió nuevos cuestionamientos sobre el manejo de fondos públicos y la falta de controles estatales sobre las organizaciones sociales. La repercusión del caso también llevó al gobierno chaqueño a intervenir la fundación del movimiento con funcionarios designados para auditar sus cuentas.
El impacto político fue inmediato. Con la causa avanzando y los Sena detenidos, el oficialismo chaqueño debió bajar sus candidaturas y desmarcarse de quienes hasta entonces habían sido aliados habituales. El barrio que llevaba el nombre de Emerenciano fue rebautizado y, en paralelo, crecieron voces que exigían revisar el sistema de intermediación social que había permitido que el clan acumulara tanto poder territorial durante años.
A poco de iniciarse el juicio, el gobierno provincial actual impulsó además la expropiación del predio conocido como “la chanchería”, un lugar central en la investigación por el femicidio. La medida fue presentada como una forma de cerrar una etapa oscura y de evitar que un sitio cargado de simbolismo siguiera ligado al clan.
El caso Sena no solo sacudió a la sociedad chaqueña: también abrió un debate nacional sobre la articulación entre movimientos sociales y poder político, el control del uso de fondos públicos y el impacto de las estructuras territoriales en los gobiernos provinciales. Lo que durante años fue visto como una alianza pragmática entre dirigentes piqueteros y el Estado terminó revelándose como un sistema cuya falta de controles permitió que una red de poder local creciera lejos del escrutinio público.