Judiciales aseguran que las imputaciones son para "frenar la lucha sindical"

La imputación contra Ricardo Babillón, secretario general de Judiciales, como así también del tesorero, el secretario gremial y la secretaria de actas, se produce en el marco de un conflicto por las condiciones laborales y los salarios que incluye denuncias sobre desgaste emocional de los trabajadores del sector. Babillón ofreció detalles durante una entrevista en MDZ Radio.

Para el dirigente, lo que "está pasando dentro del Poder Judicial es la lamentable falta de división de poderes en la provincia de Mendoza, y las consecuencias que esto trae aparejado".

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Carga emocional y jornadas extenuantes

Babillón describió situaciones críticas que afectan la salud mental de los empleados: "Nosotros siempre hablamos de la carga emocional en las oficinas fiscales y en los juzgados de familia. Porque además, la gravedad de lo que se vive ahí".

El caso más dramático ocurrió recientemente: "La semana pasada, una persona se pegó seis tiros en la cabeza en el juzgado de familia de Rivadavia, en una mediación. Esos seis tiros podrían haber terminado en el cuerpo del empleado y de la mediadora". El dirigente cuestionó la respuesta institucional ante estos hechos traumáticos: "Yo les pregunto a ustedes que están en la prensa, ¿cuál fue el comunicado de la corte? No hubo. No les importa".

El sindicalista detalló cómo las exigencias laborales superan ampliamente los horarios establecidos: "En todo el Poder Judicial, cuando uno habla de un horario, siempre hay que ponerle un 15, 20% más. Las personas que trabajan seis normalmente trabajan siete horas, por lo menos". La situación es particularmente crítica en las fiscalías: "Las denuncias no tienen un tiempo en concreto. Entonces, si el turno de ellos es hasta las 11, no se puede levantar e irse y dejar a la persona que viene a hacer una denuncia". Babillón destacó también la complejidad del trabajo: "Muchas veces tenés que hacer de psicólogo del denunciante o de la denunciante. Es lo normal". Esta sobrecarga emocional constante, según el dirigente, no es reconocida por las autoridades judiciales.

El conflicto emocional se desarrolla en un marco de precarización salarial. Babillón contrastó: "En el mismo momento en que Alfredo Cornejo firmaba un aumento de $25 mil para un empleado judicial que cobra $740 mil de sueldo, él se otorgaba $2 millones de aumento". La escala salarial refleja el desinterés, según el dirigente: "Un ingresante cobra $740 mil, mientras que un tope de carrera con 35 años de antigüedad está en $1.100.000". Esta "pirámide muy achatada" se combina con la falta de avance en el Convenio Colectivo de Trabajo, que según Babillón permitiría mejorar las condiciones laborales integrales.

La imputación y los hechos desmentidos

Frente a este escenario, la imputación a la conducción gremial genera controversia. "No, nunca cortamos la calle", afirmó Babillón de manera contundente. "Llega a ser hasta gracioso, porque si uno ve las notas periodísticas de ese día, los mismos periodistas decían 'bueno, la policía cortó la calle'". El dirigente describió el incidente como originado cuando "dos compañeros que intentaban poner un banner, una lona, donde aparecía una denuncia que nosotros venimos haciendo hace mucho".

Sobre la citación, Babillón reveló que la recibió el viernes por la tarde y que al tesorero gremial le llegó el sábado por la noche, lo que interpretó como una estrategia para limitar su defensa: "Claramente con las intenciones de que no tengamos tiempo operativo, ni siquiera de encontrar un abogado". Respecto al operativo en el Polo Judicial, relató: "Increíblemente, no dejaban entrar a los empleados judiciales al predio. Según la policía dijo, por orden del procurador, no podía ingresar nadie al predio, pero nadie".

La escalada de la protesta y la respuesta institucional

Babillón describió la metodología de lucha del gremio: "Todas las semanas realizamos esto. Una vez a la semana realizamos una asamblea extraordinaria que normalmente vota una movilización, que fue la que nos llevó al nudo vial de Costanera y es el origen de todo este conflicto". El dirigente afirmó que "el Gobierno no encuentra la manera de frenarnos" y cuestionó el rol del Poder Judicial: "La Corte claramente actúa como un brazo del gobierno porque hasta el día de hoy estamos esperando que haga una reflexión sobre el salario y las condiciones de trabajo que tiene un empleado judicial, y lejos de eso hace silencio".

Detalló una escalada represiva: "Y entonces empiezan este tipo de cosas. Primero amenazaron a todos los empleados judiciales con que iban a ser sancionados. Como eso no dio resultado, empezaron a presionar con descuentos. Como tampoco dio resultado, nos imputan".

Frente a este escenario de desgaste emocional y precarización, Babillón justificó las medidas de fuerza como respuesta necesaria. El dirigente interpretó la imputación como un intento de "frenar la lucha gremial" frente al silencio de las autoridades sobre problemas estructurales que afectan tanto a empleados como a usuarios del sistema judicial.