Qué dijo Ética Pública sobre el concejal de Guaymallén que conducía alcoholizado
El organismo que conduce Gabriel Balsells Miró se amparó en que la decisión sobre el futuro del edil la tenía que tomar "el propio Concejo Deliberante".
Miqueas Burgoa, concejal de Guaymallén (UCR)
Prensa Concejo Deliberante de GuaymallénLa Oficina de Ética Pública de Mendoza emitió un dictamen sobre el caso del concejal de Guaymallén, Miqueas Burgoa, quien fue detenido por la policía y se le labró un acta por conducir alcoholizado (con 1,25 gramos de alcohol en sangre) durante la madrugada del 10 de mayo, en General Alvear, cuando volvía de la tradicional paella radical que se realiza todos los años en la víspera de la Fiesta Nacional de la Ganadería.
El organismo que lidera Gabriel Balsells Miró hizo referencia a que solamente el Concejo Deliberante podía decidir el destino de Burgoa, quien "salvado" por el cuerpo de Guaymallénel 29 de mayo, cuando rechazó el comienzo un proceso de remoción con la que parte de la oposición, y también del oficialismo, intentaban echarlo del cuerpo.
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En aquella sesión, el propio concejal decidió votar a su favor, en una polémica decisión -desde la oposición entendían que debía apartarse de la votación- y forzó el desempate de Verónica Cancela, presidenta del Concejo, quien también votó a favor del edil.
El caso se transformó en un escándalo y ventiló la interna radical del radicalismo, con el ala cercana al intendente, Marcos Calvente, que buscaba la renuncia de Burgoa; mientras que el sector que se encolumna detrás del exintendente, Marcelino Iglesias (enfrentado a Calvente), buscaba salvarlo.
El dictamen de Ética Pública
Pues bien, el dictamen de la Oficina de Ética Pública argumentó que es el propio órgano el que debía definir su propio proceso de control interno, más allá de realizar críticas a la conducta del concejal Burgoa.
"Es el Honorable Concejo Deliberante de Guaymallén el que en ejercicio pleno de sus propias atribuciones, facultades y competencia debe evaluar, proteger y defender institucionalmente el ejercicio de la función pública y la justa observancia de los deberes y pautas de desempeño ético por parte de sus miembros; considerando para ello la raigambre constitucional directa de la materia, a la luz de la cual se ha instituido su estricto cumplimiento como requisito de permanencia en el cargo", expresó como fundamento en su despacho el director de Investigaciones Administrativas y Asuntos Judiciales de la Oficina de Ética Pública, Sebastián Giordano, el cual fue aceptado por el titular del organismo.
Además, Giordano sugirió a Balsells Miró que no debía avocarse "en este estadio ni esta sede a los obrados, en virtud de encontrarse actuando el órgano competente primario (HCD Guaymallén)". Este documento lo firmó el funcionario el 30 de mayo, cuando un día antes, el 29 de mayo, el Concejo Deliberante ya había archivado el proceso de destitución de Burgoa.
Estas consideraciones se tuvieron en cuenta a partir del artículo 29º de la Ley Nº 8.993 (Ley de responsabilidad en el ejercicio de la función pública), el cual determina que “el Auditor no dará trámite a la denuncia cuando advierta carencia de fundamentos, inexistencia de pretensión o, cuando respecto de los hechos denunciados se encuentre pendiente decisión judicial o exista un procedimiento o recurso específico para terminar el objeto del reclamo”.
La advertencia de Ética Pública
Por otro lado, el organismo hizo referencia al artículo 203 de la Constitución mendocina, que marca que “los concejos municipales, los miembros de éstos y los empleados nombrados por ellos, están sujetos a las responsabilidades constitucionales, pueden ser removidos por mala conducta y responden personalmente por los daños que provoque el incumplimiento de sus deberes”.
Sin embargo, decidieron no tomar ninguna represalia contra Burgoa por su accionar, y se emitió una mera advertencia de dar cuenta que los concejales deben atenerse a una suerte de estandar ético "24 x 7", es decir, en todo momento, a sabiendas que Burgoa había asegurado que el hecho de la alcoholemia positiva se dio en un momento en el cual supuestamente no se estaba desempeñando como concejal.
“Los funcionarios del sector público provincial y municipal deben observar su conducta ‘24 x 7’ en todo el territorio de la provincia y sin distinciones de jerarquías o niveles”, afirmó Giordano en su documento, que tuvo luego la rúbrica de Balsells Miró.
En esa línea, el organismo citó el artículo 4° de la Ley de Ética Pública N° 8.993, que exige a los funcionarios “cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Mendoza, las leyes y los reglamentos”, así como actuar con “honestidad, probidad, justicia, rectitud, buena fe, eficacia, responsabilidad, transparencia y austeridad republicana”.
También remarcó que quienes no respeten estos principios pueden ser “removidos/as por los procedimientos establecidos en el régimen propio de su función”, incluso si no hay delito penal de por medio, cosa que no ocurrió ya que el concejal apuntado fue defendido por su propio cuerpo legislativo.
De esta forma, más allá que se sugirió desde la Oficina de Ética Pública a Balsells Miró "no avocarse a la causa en este estadio”, también recomendó "mantener habilitadas las presentes en seguimiento de control, oficiándose al HCD de Guaymallén a fin que informe avances y/o resolución definitiva”, en la que, como se mencionó, ya se había resuelto un día antes en el propio Concejo Deliberante.
Finalmente, Balsells Miró decidió el pasado 2 de junio remitir a "guarda temporal" el expediente, luego de lo resuelto por el Concejo Deliberante de Guaymallén el 29 de mayo.