Policía Municipal o guardia urbana: lo que la ley no puede ignorar
Por Juan José Esper | Diputado Provincial (PBA). Exsecretario de Seguridad y de Gobierno del Municipio de San Miguel.
El diputado bonaerense Juan José Esper
La semana pasada, el ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso reunió en Escobar a una quincena de intendentes de distinto signo político. El tema: avanzar en un proyecto de ley para las policías municipales en los distritos más grandes de la Provincia. Hubo acuerdo en el diagnóstico. Hubo voluntad declarada de legislar. Y quedó en el aire, sin resolver, la pregunta que define todo: ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de policía municipal?
Esa pregunta no es un tecnicismo. Es la clave que organiza el debate entero.
Los intendentes tienen claro lo que quieren. Lo vienen planteando abiertamente: una fuerza con dependencia plena del jefe comunal, estado policial completo y financiamiento garantizado. Los proyectos legislativos que circulan en la Cámara de Diputados —el del diputado Leonardo Moreno (Escobar), el del diputado Carlos Puglielli (San Andrés de Giles) y el mío (San Miguel)— comparten esa misma filosofía: la Policía Municipal depende orgánica, funcional y operativamente del intendente. No del Ministerio. No de la Bonaerense. Del intendente.
En ese marco, vale la pena prestar atención al lenguaje. Desde el Ministerio de Seguridad se habla públicamente de regularizar a los municipios que “tienen centro de monitoreo, que tienen cuerpo de prevención”. Cuerpo de prevención, no policía. Y esa diferencia, que podría parecer semántica, es en realidad la que organiza todo el debate: ¿se va a crear una institución con autoridad propia o un apéndice administrativo de la Bonaerense?
No es la primera vez que esto ocurre. El Decreto provincial 373/2014 creó las Policías Locales con idéntica lógica: los intendentes las financiaban y administraban, pero la conducción efectiva quedaba en órbita provincial. El resultado es conocido. Vidal las vació. Berni terminó de cerrarlas. Lo que quedó fue la Bonaerense de siempre.
El estado policial —la investidura que distingue a un policía de cualquier otro agente del Estado— tiene consecuencias concretas. Un agente con estado policial puede usar el arma reglamentaria, detener personas en los supuestos que la ley establezca, tiene deber de intervención permanente y las protecciones legales del personal policial. Un agente sin esos atributos no es un policía. Es un testigo uniformado.
Un cuerpo así no le cambia los incentivos a la Bonaerense. No le disputa el mapa del delito a nadie. No le da al intendente la herramienta que necesita para responder ante el vecino.
Conozco este tema desde adentro. San Miguel creó su Policía Municipal en 2012, durante la gestión de Joaquín de la Torre, con dependencia directa del intendente. Entre ese año y 2020, los homicidios dolosos cayeron un 55%, el robo automotor un 69%, el hurto de automóvil un 78%. Con el mismo sistema policial provincial operando en el resto del conurbano. ¿Qué cambió? Cambió quién tomaba las decisiones sobre el patrullaje. Cambió quién tenía que mirarle los ojos al vecino cuya hija fue asaltada a dos cuadras de la escuela. Cuando quien decide es el mismo que tiene que responder ante el vecino, los incentivos se ordenan solos. Ningún organigrama lo garantiza: lo garantiza el diseño institucional correcto.
Hoy el modelo se expande porque funciona. En el conurbano norte, Ramón Lanús construyó en San Isidro una patrulla de 445 agentes con 2.910 cámaras y hoy es uno de los que más defiende el modelo ha expresado: “quiero tener una policía municipal de verdad”. Soledad Martínez avanza en Vicente López con el centro de monitoreo más moderno de la Provincia —más de 2.300 cámaras, streaming en tiempo real desde los chalecos de cada agente— y lo resume sin rodeos: “no podemos esperar al gobernador, decidimos hacernos cargo”. Juan Andreotti convirtió a San Fernando en el municipio con más cámaras por kilómetro cuadrado de la Provincia, con 300 operadores trabajando las 24 horas los 365 días del año. Y Julio Zamora lleva años construyendo en Tigre uno de los sistemas de protección ciudadana más sofisticados del conurbano —drones autónomos, bodycams, más de 2.300 cámaras—. Más al sur, Avellaneda arrancó su ciclo lectivo con 124 cadetes seleccionados entre 3.800 aspirantes. Ezeiza, el gran pionero del conurbano, ahora dio un paso más y lanzó su Policía Municipal Alfa. Morón, Escobar, Pilar, Lomas de Zamora, San Vicente, Tres de Febrero, y hasta La Plata —que presentó un plan de seguridad municipal con inversión de $10.500 millones— van en la misma dirección: todos construyendo lo que la ley todavía no reconoce.
La Provincia tiene hoy una oportunidad única. El tema ha sido puesto sobre la mesa por el propio Gobernador en la apertura de sesiones 2026. Los intendentes están sentados a la mesa. Los proyectos legislativos están presentados. Lo que no puede pasar es que la ley que finalmente se sancione le dé forma jurídica a la precariedad. Que regularice el nombre sin regularizar la realidad.
Una ley que funcione necesita tres cosas irrenunciables: dependencia plena del intendente —funcional, administrativa, financiera y orgánica—; estado policial completo —el agente municipal tiene que poder hacer lo que hace un policía, no lo que hace un vigilador de shopping—; y reglas de juego claras en materia de financiamiento —los municipios ya destinan en promedio entre el 7 y el 11% de sus presupuestos a seguridad; lo que necesitan no es más dinero provincial sino certeza institucional sobre cómo se sostiene el modelo.
La seguridad del vecino tiene que estar en manos del funcionario que le rinde cuentas al vecino. Si la ley no garantiza eso, no es una solución. Es otro cambio de nombre.