Polémica y pedidos de investigación por créditos del Banco Nación a funcionarios del Gobierno
La oposición exige explicaciones por préstamos del Banco Nación a funcionarios y legisladores del oficialismo.
Pedidos de investigación tras los créditos que recibieron funcionarios del Gobierno de parte del Banco Nación.
Un grupo de funcionarios del Gobierno y legisladores oficialistas accedió en los últimos meses a créditos hipotecarios de alto monto otorgados por el Banco de la Nación Argentina (BNA), lo que generó cuestionamientos políticos y pedidos de explicaciones en el Congreso.
Los préstamos, que en algunos casos superan el equivalente a los US$ 300.000, se otorgaron bajo líneas vigentes de la entidad, que sostiene haber aplicado criterios estándar sin excepciones.
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La información surgió a partir de registros de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), procesados por la plataforma “¿Cuánto Deben?”, desarrollada por Andrés Snitcofsky. El sitio permite seguir la evolución del endeudamiento de personas políticamente expuestas, lo que impulsó la difusión de los casos.
A partir de ese relevamiento comenzaron a circular nombres de funcionarios, asesores y legisladores vinculados al oficialismo que obtuvieron financiamiento para vivienda en el banco público.
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Quiénes accedieron a los créditos más altos
Entre los montos más altos aparecen integrantes del equipo económico. Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del Banco Central de la República Argentina, obtuvo un crédito de $510 millones en diciembre de 2025, equivalente a unos US$ 350.000. En la misma línea se ubica Felipe Núñez, director del BICE y asesor de Luis Caputo, quien accedió a $373 millones en febrero de 2025 (alrededor de US$ 315.000). También figura Federico Furiase, actual secretario de Finanzas, con un préstamo de $367 millones en agosto de 2025, equivalente a unos US$ 276.000.
En un segundo escalón aparecen otros funcionarios vinculados al oficialismo y empresas públicas. Emiliano Mongilardi, integrante del directorio de YPF, obtuvo $302 millones en octubre de 2025 (unos US$ 211.000). Por su parte, Juan Pablo Carreira —director de Comunicación Digital y conocido como “Juan Doe”— accedió a un crédito de $112 millones en diciembre de 2025, equivalente a aproximadamente US$ 76.000.
El listado se completa con legisladores de La Libertad Avanza que también accedieron a financiamiento del Banco de la Nación Argentina. Mariano Campero obtuvo $279 millones en mayo de 2025 (unos US$ 243.000); Santiago Santurio, $303 millones en julio de 2025 (alrededor de US$ 239.000); y Lorena Villaverde, $227 millones en enero de 2025 (unos US$ 218.000). Más atrás aparecen Alejandro Bongiovanni, con $255 millones en enero de 2026 (unos US$ 176.000), y los legisladores María Frías y Alejandro Carrancio, ambos con créditos cercanos a los US$ 145.000 al momento de su adjudicación.
La defensa del Banco Nación
Desde el banco que preside Darío Wasserman aseguraron que todos los préstamos se otorgaron bajo condiciones habituales. Según explicaron, los solicitantes cumplieron con los requisitos de evaluación crediticia —incluido el scoring— y no existieron tratamientos preferenciales.
Además, señalaron que el BNA concentra la mayor parte de los créditos hipotecarios del sistema, en parte porque administra cuentas sueldo del sector público, lo que amplía su base de clientes elegibles.
Líneas especiales para el sector público
Uno de los puntos que alimentó el debate es la existencia de líneas diferenciadas para empleados y funcionarios estatales. Programas como “+Hogares sector público” permiten financiar hasta el 90% del valor del inmueble, frente a un 75% en líneas generales.
También ofrecen tasas competitivas —en torno al 6% anual—, lo que las ubica entre las más accesibles del mercado local. Sin embargo, especialistas advierten que existe una discusión sobre si los funcionarios políticos deberían ser considerados en igualdad de condiciones que empleados públicos, dado su menor nivel de estabilidad laboral.
Reclamos de la oposición y pedidos de investigación
El tema escaló al Congreso, donde sectores de la oposición impulsaron pedidos de informes para esclarecer las condiciones de otorgamiento. El diputado Esteban Paulón solicitó información sobre posibles conflictos de interés, criterios de transparencia y eventuales beneficios diferenciales.
Además, pidió la intervención de organismos de control como la SIGEN y la Superintendencia de Entidades Financieras del BCRA para determinar si hubo irregularidades o desvíos en los límites de crédito a personas políticamente expuestas.