Polémica por el DNU migratorio: el Gobierno descarta "cacería de extranjeros" y definió cómo detectará "los mensajes de odio"

Fuentes oficiales precisaron a MDZ que se llevará adelante la misma logística que “en los otros casos que se aplica la ley migratoria”.

“Con la información apropiada de la conducta infractora, el cuerpo de abogados del Estado dictamina sobre la legalidad de la expulsión o la prohibición de ingreso, y luego se dicta el acto administrativo”, señaló un funcionario con asiento en la Casa Rosada.

“A partir de allí se actualiza el Registro de Aptitud y la medida puede ser conocida en todos los pasos, puertos y aeropuertos internacionales del país”, agregó.

En ese marco, en el Gobierno descartan que deban contratar o reubicar personal para una presunta búsqueda sistemática de mensajes de odio en redes sociales o medios de comunicación. Aseguran que el mismo personal que se dedica a la recopilación de información de las otras infracciones establecidas en la ley será el encargado de recoger las nuevas denuncias. “No habrá una maquinaria de trolls ni de empleados que estén todo el día mirando las redes”, aclararon.

“La información puede llegar desde cualquier medio, por mail, hay casos que pueden ser de público y notorio conocimiento”, subrayaron, enfatizando que los principales casos que se identificarán serán aquellas manifestaciones virales, tal como ocurrió en las últimas dos semanas con personalidades que apuntaron duramente contra el país.

La decisión de deportar finalmente a los infractores será impuesta por la Dirección Nacional de Migraciones, aunque “tiene que haber un dictamen jurídico” que lo respalde, que llevará cada investigación de manera personalizada y buscando información que constate la violación a la ley.

Cuáles son los otros motivos para deportar extranjeros

La legislación migratoria argentina contempla una serie de supuestos en los que el Estado puede disponer la expulsión de un ciudadano extranjero del país.

Uno de los casos más frecuentes es el de la permanencia irregular. La ley establece que, cuando la Dirección Nacional de Migraciones detecta que una persona reside en el país sin una situación migratoria regular, debe intimarla a normalizar su condición dentro de un plazo determinado. Si no lo hace, el organismo queda habilitado para ordenar su expulsión.

La normativa también prevé la expulsión para quienes ingresen al territorio argentino por pasos no habilitados o eludan los controles migratorios, así como para aquellos que hayan obtenido su residencia mediante documentación falsa, adulterada o información fraudulenta, supuesto que habilita la cancelación del permiso migratorio.

Otro de los motivos contemplados es la comisión de delitos. La ley permite cancelar la residencia y avanzar con la expulsión de extranjeros que registren condenas por delitos dolosos en los supuestos previstos por la legislación. Asimismo, establece un criterio especialmente estricto para personas vinculadas con delitos de mayor gravedad, como narcotráfico, trata de personas, tráfico ilegal de armas, terrorismo o crímenes de lesa humanidad, entre otros.

La Ley de Migraciones también fija garantías para el procedimiento. Prohíbe las expulsiones colectivas, establece que cada caso debe analizarse de manera individual, reconoce el derecho de defensa y permite que la decisión administrativa sea revisada por la Justicia. Además, la expulsión suele llevar aparejada una prohibición de reingreso al país, cuyo plazo varía según la causal aplicada y la gravedad del caso.