Arranque oficial: la campaña de Javier Milei se jugará en la Carta Orgánica del Banco Central

Javier Milei colocó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en el núcleo del paquete que enviará al Congreso. No fue un detalle técnico. Tampoco una discusión limitada a la política monetaria. El Presidente eligió discutir quién controla la moneda, bajo qué reglas y con qué límites.

Ese es el eje que organiza todo el anuncio y el comienzo de una campaña electoral que Milei decidió que se juegue entre la Carta Orgánica del Banco Central y las reformas a la economía. La inflación, como en la campaña presidencial de 2023, vuelve al centro de la escena. Y los culpables de la decadencia argentina de los últimos 80 años, también.

Milei vinculó la pérdida del valor de la moneda con la historia de las decisiones políticas. Según expuso, la inflación acumulada desde 1935 supera el 12.819.532.788.614.400.000%. Desde la salida de la convertibilidad, ubicó ese registro en 168.580%.

Las cifras cumplieron una función dentro del mensaje. No buscaron describir un episodio. Buscaron presentar una continuidad. Para Milei, la inflación no representa una falla ocasional. Es el resultado de un sistema que permitió financiar a la política mediante el Banco Central.

Desde esa lectura, acusó a la alta política de apropiarse de recursos pertenecientes a los ciudadanos a través del señoreaje. La emisión, en esa construcción, deja de aparecer como una herramienta económica. Se transforma en un mecanismo de transferencia desde el sector privado hacia el Estado.

Por eso, la reforma del Banco Central ocupa el primer lugar.

La Carta Orgánica como campo de poder

Milei dirigió su crítica contra la modificación de 2012, impulsada por Cristina Fernández de Kirchner y Mercedes Marcó del Pont, entonces presidenta del Banco Central.

Su acusación fue concreta. Esa modificación eliminó como obligación principal la preservación del valor de la moneda. En su reemplazo, incorporó cinco objetivos vinculados con la actividad, el empleo y otras funciones. Para el Presidente, esa ampliación habilitó la emisión sin control.

La discusión no pasa solo por la cantidad de objetivos. Pasa por la jerarquía. Cuando una autoridad monetaria debe responder, al mismo tiempo, por el valor de la moneda, la actividad y el empleo, la política obtiene margen para justificar cualquier expansión. Cada necesidad puede convertirse en una razón para emitir. Cada urgencia puede desplazar el límite anterior.

Milei llamó "mentira" a la Carta Orgánica de 2012. También acusó a Cristina Kirchner y a Marcó del Pont de haberse apropiado, a valor actual, de 15.000 millones de dólares correspondientes a activos del Banco Central. En el mensaje, Cristina fue la única dirigente a quien llamó "ladrona". Fue la única acusación en un discurso que, se pensó durante todo el día, iba a contener más insultos a otros actores de la política, que al final no se escucharon. El PRO tomó nota de esa nueva voluntad presidencial de negociar.

La reforma propone devolver a la preservación del valor de la moneda el carácter de función primaria. También incorpora en la Carta Orgánica el origen monetario de la inflación. Esa definición busca cerrar la discusión interna sobre el uso de la emisión.

La señal es directa. El Banco Central ya no deberá responder por el empleo, la actividad o las necesidades fiscales. Deberá responder por la moneda.

Eso implica una reducción del margen político. También supone un cambio en la relación entre el Tesoro, el Banco Central y el Congreso. La autoridad monetaria dejaría de actuar como recurso final frente a cada desequilibrio.

Milei presentó este giro como el final de 91 años de historia. Su tesis sostiene que, durante ese período, la política utilizó la moneda para cubrir costos que no podía financiar mediante impuestos, deuda o reducción del gasto.

La reforma intenta bloquear esa salida.

Dos tercios para remover al presidente del Banco Central

El segundo componente del cambio institucional es el blindaje del presidente del Banco Central frente al poder político.

El proyecto exigirá dos tercios de los votos tanto en Diputados como en el Senado para removerlo. La medida busca impedir que una mayoría circunstancial desplace a la autoridad monetaria ante una disputa por emisión, reservas o financiamiento.

El dato importa porque modifica el equilibrio entre el Gobierno y el Banco Central. Un presidente de la entidad con protección parlamentaria queda menos expuesto a las necesidades del Ejecutivo. También queda menos sujeto a cambios derivados del calendario electoral.

El costo aparece del otro lado. El Congreso deberá aceptar una regla que reduzca su capacidad para intervenir. Para aprobarla tendrá que entregar parte del poder que hoy conserva sobre la institución.

La reforma también restringe el pago de dividendos del Banco Central. Los resultados originados por cambios en el precio de sus activos pasarán a una reserva no disponible.

Con ese mecanismo se busca impedir que una ganancia contable se transforme en recursos para el Tesoro. Una variación patrimonial no podrá presentarse como dinero disponible para financiar gasto.

En el mismo sentido aparece la eliminación de las letras intransferibles. Milei las incorporó dentro de la estructura que permitió trasladar recursos desde el Banco Central hacia el Estado.

Las medidas comparten una lógica: separar patrimonio, utilidades contables y financiamiento fiscal. La autoridad monetaria no podrá cubrir las necesidades de la política mediante resultados que no representen ingresos efectivos.

El "grillete fiscal" cambia el costo del déficit

El segundo eje del paquete es el llamado "grillete fiscal".

Se trata de una regla permanente que impide aprobar un presupuesto con déficit. El objetivo no se limita a fijar una meta. Busca crear consecuencias automáticas cuando el desequilibrio aparece.

Milei acusó al Congreso de actuar como aliado del gasto público. Recordó que, durante el último año, el Gobierno enfrentó decenas de leyes que, según afirmó, buscaban llevar al Estado a la quiebra.

La propuesta intenta trasladar el costo del déficit hacia quienes deciden el gasto.

Si las cuentas permanecen desequilibradas durante varios meses, el Congreso contará con algunas semanas para corregir la situación. Si no lo hace, comenzará un shutdown.

Durante ese período no cobrarán sus salarios ministros, diputados, senadores y secretarios. Jubilaciones, pensiones, asignaciones, defensa y salud quedarán exceptuadas.

El mecanismo altera los incentivos. Hasta ahora, el costo de un presupuesto deficitario recaía sobre la moneda, los contribuyentes o quienes financiaban al Estado. Con el grillete fiscal, parte del costo alcanzaría de manera directa a los funcionarios responsables de aprobar, ejecutar o sostener el gasto.

Ese es el punto político del proyecto.

Milei no propone solo una prohibición, sino una sanción interna para el sistema de poder. La falta de equilibrio dejaría de ser un problema que la política transfiere al resto de la sociedad. Pasaría a afectar los ingresos de quienes toman las decisiones.

La tensión con el Congreso resulta inevitable. Para que la regla exista, diputados y senadores deberán votar una medida que puede suspender sus propios salarios.

El oficialismo les pedirá que aprueben una restricción sobre su capacidad de gasto y, al mismo tiempo, una penalidad sobre sus ingresos. La discusión parlamentaria mostrará hasta dónde llega la voluntad de sostener el déficit cero cuando el costo deja de recaer sobre terceros.

El ahorro privado como tercer frente

El tercer eje comprende dos proyectos destinados a recuperar profundidad financiera.

El paquete incluye una liberalización del mercado de capitales, la posibilidad de emitir deuda privada en dólares y una reforma del mercado de seguros.

La intención declarada consiste en dirigir el ahorro hacia quienes producen. El Gobierno busca que el sector privado encuentre canales de financiamiento fuera del Estado y del sistema monetario.

También propone libertad de oferta para productos de seguros sin autorización previa del regulador. Milei sostuvo que esa apertura permitirá servicios más simples, baratos y rápidos.

Este punto completa la arquitectura del anuncio. Si el Banco Central deja de financiar al Tesoro y el Congreso pierde margen para aprobar déficit, el ahorro debe encontrar otro destino. La reforma financiera intenta ocupar ese espacio.

El Estado dejaría de absorber recursos mediante emisión. El mercado de capitales debería canalizarlos hacia empresas, producción, deuda privada y seguros.

Los tres ejes, por lo tanto, no aparecen separados: la Carta Orgánica limita la emisión, el grillete fiscal limita el déficit y la reforma financiera busca que el ahorro permanezca dentro del circuito privado.

La verdadera disputa llega ahora

Milei presentó el paquete como el cierre de un ciclo. Pero su aplicación no depende del discurso presidencial. Depende del Congreso.

El Parlamento deberá decidir si acepta limitar su capacidad para gastar, remover autoridades monetarias y recurrir al Banco Central. También deberá votar un mecanismo que suspende salarios políticos cuando el déficit no se corrige.

La reforma no pide solo acompañamiento. Pide una cesión de poder, y ese es el dato que importa.

La batalla no se limitará a una Carta Orgánica, una regla fiscal o una liberalización financiera. La discusión definirá si la política acepta perder las herramientas con las que trasladó durante décadas sus costos hacia la moneda, el ahorro y el sector privado.

Milei ordenó su propuesta alrededor de tres palabras: moneda, déficit y ahorro. El Congreso deberá decidir quién conserva el control sobre cada una.

Ahí empieza la reforma. También ahí puede encontrar su límite.