Piden a la Justicia anular la integración de una comisión clave del Senado
Diversas organizaciones presentaron un “amicus curiae” para reclamar que la actual composición de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niños y Adolescentes viola el principio de representación proporcional.
Un grupo de 16 organizaciones de la sociedad civil, encabezado por el colectivo Infancia en deuda, solicitó a la Justicia que declare nula la conformación actual de la Comisión Bicameral encargada de supervisar la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al considerar que el Senado de la Nación distribuyó los cargos de manera contraria a las reglas de representación política establecidas por la legislación vigente.
La presentación fue realizada ante el juez en Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, bajo la figura de “amicus curiae” (amigo del tribunal) en el marco de la causa iniciada por los legisladores Daniel Bensusán y Anabel Fernández Sagasti contra el Decreto Parlamentario Presidencial 32/2026, mediante el cual se definió la integración de los cinco representantes que corresponden a la cámara alta dentro de la comisión bicameral.
Las entidades sostienen que el conflicto excede una disputa entre bloques políticos y plantea una cuestión institucional vinculada con la calidad de la representación democrática. Según argumentan, el principio de proporcionalidad previsto en la Ley 26.061 y en el reglamento interno del Senado exige que la composición de la comisión refleje adecuadamente el peso de cada bloque parlamentario.
El conflicto tuvo su inicio por el decreto que asignó dos lugares a La Libertad Avanza y uno a cada uno de los bloques Justicialista, PRO y UCR. Los demandantes cuestionan que el bloque peronista haya recibido solamente un asiento pese a contar con la misma cantidad de integrantes que La Libertad Avanza: 21 senadores cada uno.
En la presentación, las organizaciones afirman que cualquier método de distribución proporcional utilizado en sistemas parlamentarios y electorales conduce al mismo resultado: "La composición determinada por el Decreto Parlamentario Presidencial n.º 32/2026 no otorgó una representación proporcional a los sectores políticos". A su criterio, el Senado no explicó qué criterio utilizó para apartarse de los resultados que arrojan las fórmulas habituales de distribución de cargos.
El escrito cita antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los que se admitió la intervención judicial cuando se discuten procedimientos de integración de órganos institucionales y existe la posibilidad de que se haya vulnerado el debido proceso parlamentario.
Las entidades consideraron que el reclamo de los senadores debe ser analizado porque la presunta irregularidad afecta no solo los derechos de los legisladores involucrados, sino también la representación política de los ciudadanos. "Una afectación irrazonable de las mayorías parlamentarias que perjudica a uno u otro espacio político en la conformación de comisiones legislativas no implica otra cosa que una afectación directa a la soberanía popular expresada mediante el voto", afirman.
Otro de los argumentos destacados apunta a la práctica histórica de la propia comisión. Según el relevamiento incluido en la presentación, las integraciones realizadas en períodos anteriores respetaron criterios de proporcionalidad compatibles con el peso parlamentario de cada bloque. Para los firmantes, la decisión adoptada en 2026 constituye una excepción que no encuentra respaldo ni en los antecedentes ni en los métodos de distribución habitualmente aceptados.
Entre las organizaciones que impulsan la presentación figuran la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), La Poderosa, Doncel, la Fundación Sur Argentina, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), SERPAJ y otras entidades especializadas en derechos humanos, niñez y fortalecimiento institucional.
Como resultado de la demanda, las organizaciones solicitaron que se admita la legitimación de Bensusán y Fernández Sagasti, que se declare la nulidad del decreto cuestionado y que se ordene una nueva distribución de los lugares de la comisión respetando el criterio de proporcionalidad. También pidieron dejar sin efecto las resoluciones adoptadas por la Comisión Bicameral el 14 de mayo de 2026 por entender que fueron dictadas por un órgano cuya integración sería contraria a la ley.