Alejandra García asumió al frente del Colegio de la Abogacía de la Capital y reclamó al Gobierno una justicia más eficiente
La nueva presidenta del CPACF, primera mujer en ocupar el cargo en cuatro décadas, llamó a cubrir las vacantes en el Poder Judicial, fortalecer la independencia de la abogacía y recuperar la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
Alejandra García asumió este lunes la presidencia del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) y, en su primer discurso al frente de la institución, planteó una agenda centrada en la defensa del ejercicio profesional, la mejora del funcionamiento de la justicia y la necesidad de fortalecer la transparencia institucional. Su llegada marca un hecho histórico: es la primera mujer que dirige el organismo desde su creación hace 40 años.
Ante autoridades judiciales, dirigentes de la abogacía y representantes de distintos sectores políticos e institucionales, García sostuvo que la independencia de los abogados constituye una garantía para toda la sociedad y no un privilegio corporativo. “No hay acceso efectivo a la justicia, defensa de derechos ni debido proceso sin una abogacía libre e independiente”, afirmó.
La flamante presidenta vinculó el rol del Colegio con la defensa de las condiciones necesarias para el adecuado funcionamiento del sistema judicial y destacó que la entidad debe mantener una participación activa en los debates públicos que afectan al acceso a la justicia y al ejercicio profesional.
Uno de los ejes centrales de su mensaje estuvo dirigido a la situación de las vacantes judiciales. García recordó que el Colegio impulsó, junto con otras organizaciones de abogados, distintos reclamos para acelerar las designaciones pendientes y advirtió que algunos cargos permanecen sin cobertura desde hace más de una década.
“La cobertura de vacantes no puede quedar condicionada por disputas políticas coyunturales”, señaló, al considerar que la falta de jueces afecta la calidad del servicio de justicia, genera demoras en los procesos y perjudica tanto a los profesionales como a los ciudadanos que buscan una respuesta judicial.
En ese contexto, valoró el reciente envío de pliegos al Senado por parte del Poder Ejecutivo y lo definió como “un paso importante” para comenzar a revertir una situación que el Colegio venía denunciando desde hace años.
García también dedicó una parte importante de su discurso a la crisis de confianza que atraviesa la justicia. Según sostuvo, la recuperación de la credibilidad pública requiere instituciones transparentes, reglas claras y procedimientos que reduzcan los márgenes de discrecionalidad. Por ese motivo respaldó las reformas impulsadas por la Corte Suprema en los mecanismos de selección de magistrados, al considerar que avanzan hacia procesos más objetivos y verificables.
Otro de los planteos estuvo orientado a la situación de los abogados provenientes del ejercicio profesional que aspiran a integrar la magistratura. La presidenta sostuvo que históricamente han enfrentado desventajas frente a quienes desarrollaron sus carreras dentro del Poder Judicial o el ámbito académico y reclamó que la experiencia adquirida en el ejercicio de la profesión sea reconocida como un antecedente valioso para acceder a cargos judiciales.
“Reconocer el ejercicio profesional como antecedente relevante no supone disminuir exigencias; supone comprender que la experiencia concreta de la abogacía también aporta conocimiento, perspectiva y formación para el desempeño judicial”, expresó.
Asimismo, anticipó que el Colegio seguirá interviniendo en los debates legislativos que puedan afectar la actividad profesional. En particular, cuestionó aspectos del proyecto de ley de lobby actualmente en discusión y sostuvo que la iniciativa debe diferenciar claramente esa actividad del trabajo de asesoramiento y representación que realizan los abogados ante organismos públicos.
“La representación de intereses legítimos por parte de abogados y abogadas no puede ser confundida con actividades de lobby”, afirmó.
La dirigente también dedicó un tramo significativo de su intervención al valor simbólico de su elección. Señaló que su llegada a la presidencia no representa un logro individual, sino el resultado de décadas de trabajo de numerosas abogadas que impulsaron una mayor participación femenina dentro de la institución.
“El hecho de que hoy una mujer asuma por primera vez la presidencia del Colegio después de 40 años es el resultado de un camino construido por muchas abogadas”, sostuvo al recordar a referentes históricas que contribuyeron a abrir espacios de representación en la entidad.
La asunción reunió a destacadas figuras del ámbito judicial, político y académico. En las primeras filas se ubicaron el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques; el presidente saliente del Colegio, Ricardo Gil Lavedra; y el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos.
También participaron los consejeros de la Magistratura de la Nación por la abogacía, Alberto Maques y Jimena de la Torre; los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Inés Weinberg, junto a los ministros Alicia Ruiz y Santiago Otamendi; la presidenta del Consejo de la Magistratura porteño, Karina Leguizamón; la defensora general de la Ciudad, Marcela Millán; el fiscal general porteño, Martín López Zavaleta; la defensora del Pueblo de la Ciudad, María Rosa Muiños; y el decano de la Facultad de Derecho de la UBA, Leandro Vergara.
Alejandra García sucede en el cargo a Ricardo Gil Lavedra, quien a lo largo de dos gestiones forjó políticas de apertura institucional y mayor participación de las mujeres en los órganos de conducción.