Nueva fase del "tesoro de Mendoza": el plan para controlar y recuperar los US$1.023 millones
Los fondos del resarcimiento ya tienen casi 50 obras comprometidas. Ahora la prioridad del Gobierno es controlar la ejecución, evitar sobrecostos y garantizar el recupero del dinero.
Marité Baduí (centro) es la principal referente del Gobierno en la gestión de obras con los U$S 1.023 millones.
Prensa Gobierno“Pensá en los proyectos”, recuerdan que le dijo Alfredo Cornejo a Marité Baduí en 2023. En ese momento él todavía no había asumido su segundo mandato como gobernador de Mendoza y ella no era aún subsecretaria de Infraestructura. Pero en ese diálogo comenzaba a tomar forma la ingeniería política y administrativa para utilizar uno de los fondos más codiciados de la provincia: los U$S 1.023 millones del resarcimiento por los perjuicios de la Promoción Industrial.
Por entonces, el proyecto hidroeléctrico de Portezuelo del Viento ya estaba virtualmente bloqueado por el conflicto con La Pampa. Con ese escenario, Cornejo comenzó a pensar en un nuevo destino para esos recursos -el “tesoro de Mendoza”-, que hasta ese momento estaban restringidos a obras hidroeléctricas.
Baduí, licenciada en Ciencias Políticas, dirigente radical y docente de la Universidad Nacional de Cuyo, se desempeñaba en el Departamento General de Irrigación como jefa de gabinete de Sergio Marinelli. Poco después fue convocada por Cornejo para sumarse al gabinete en el Ministerio de Gobierno, pero con un desafío extra: administrar el complejo sistema de ejecución de los fondos del resarcimiento (además de las obras del presupuesto anual).
En 2024, tras un acuerdo político con el presidente Javier Milei que amplió los destinos posibles de los recursos, el Gobierno provincial inició la selección de obras. Así comenzó el proceso que hoy tiene casi 50 proyectos comprometidos y más de US$900 millones asignados.
La centinela de los U$S 1.023 millones
Desde la Subsecretaría de Infraestructura se coordina uno de los esquemas administrativos más complejos del Gobierno provincial. Allí se controla desde la formulación de los proyectos hasta el pago de los certificados de obra.
“Lo más complejo fue diseñar la arquitectura de funcionamiento del resarcimiento, establecer los procedimientos de coordinación con los subejecutores y también con organismos externos como Mendoza Fiduciaria y la Contaduría”, explicó Baduí a MDZ.
Antes de adjudicar una obra, la Subsecretaría también analiza la priorización del proyecto junto con informes del área de planificación. Una vez adjudicadas, el organismo continúa con el control durante la ejecución.
“Controlamos los procesos y, cuando las obras ya están adjudicadas, hacemos un seguimiento de la obra física y también del aspecto administrativo”, explicó.
En materia financiera, el área tiene una función clave: gestionar los pagos de los certificados de obra. “Los subejecutores envían los certificados de obra, nosotros tramitamos los fondos ante el fideicomiso y luego los remitimos a la Tesorería de la Provincia para que se paguen. Todo pasa por acá”, señaló.
El programa funciona con 14 subejecutores, entre organismos provinciales y municipios que llevan adelante las obras, mientras que la Subsecretaría de Infraestructura cumple un rol central de control y coordinación.
Entre los subejecutores se encuentran el Departamento General de Irrigación, la empresa Aguas Mendocinas, la Dirección Provincial de Vialidad y los municipios de Luján de Cuyo, Maipú y Tupungato, entre otros. También están aquellos que ingresaron en los concursos de infraestructura turística pública, destinados a atraer inversión privada, que involucra a ocho municipios.
Las obras que terminarán de consumir los US$1.023 millones
Baduí señaló que más de U$S 900 millones están comprometidos en estas obras (en ejecución, adjudicadas y en licitación) y todavía se aguarda por el anuncio de un par de obras más con las que prácticamente se completará el 100% de los recursos. Algunas de ellas serán de energía, y se espera también al menos una obra vial, que será anunciada por Alfredo Cornejo.
Entre las obras que demandarán mayor inversión todavía se esperan definiciones sobre tres proyectos viales clave. Uno de ellos es la tercera etapa de la doble vía del Este, que atraviesa San Martín, Junín y Rivadavia.
Las otras son dos de las más esperadas en el Gran Mendoza, que son la ampliación con una tercera trocha en el Acceso Sur y también la del Acceso Este. Ambas tendrán adjudicaciones en unos 15 días.
Pero además, en los próximos días también habrá novedades respecto al Tren de Cercanías, cuya licitación tiene tres puntos clave: la construcción, la compra de las triplas y el servicio que será concesionado.
El recupero de los fondos, el próximo objetivo
Una de las características del programa que resaltó Baduí es que todas las obras prevén algún esquema de recupero del dinero invertido.
Los proyectos viales contemplan el recupero a través del sistema de peajes. En el caso de los municipios, el repago se realiza a través de la coparticipación. Para organismos como Irrigación o Aysam, la devolución se establece en plazos y con tasas definidas. Para el primero, el recupero será con un pago mayor de los usuarios, al igual que Aysam, donde podría haber subas en las tarifas.
“Cada obra tiene su esquema de recupero, que puede ser a 10 años, a 20 años o incluso parcial, dependiendo del impacto y de la viabilidad del proyecto”, explicó Baduí. Por ejemplo, en algunas obras de riego el recupero previsto es del 60% del monto invertido, mientras que en otros casos llega al 100%.
La primera obra que podría finalizar
El primer proyecto que podría terminar con fondos del resarcimiento es el de la Ruta Provincial 171 (la obra la lleva Cartellone), cuyo esquema de ejecución se prevé presentar antes de que finalice el primer semestre.
De hecho, la semana que viene habrá un encuentro en el que se comenzará a delinear el repago a través de un peaje vehicular que se instalará en la zona de Ñacuñán -Santa Rosa-, en la ruta 153 (que también está siendo intervenida).
La funcionaria señaló que esta vía es estratégica debido al incremento del tránsito pesado en la zona de los últimos meses. “Hemos visto un aumento considerable del flujo vehicular de carga pesada”, advirtió. Este camino, que está en el este provincial y corre casi en paralelo a la ruta 40, comunica la 153 con la 171 y suele ser una alternativa de unión entre el sur y norte provincial.
El desafío ahora: controlar las obras y que el dinero rinda
Después de años de discusiones políticas, rediseños institucionales y negociaciones con la Nación, el llamado “tesoro de Mendoza” entró ahora en su etapa más sensible.
En este sentido, el desafío ya no es decidir en qué gastar los US$1.023 millones, sino garantizar que las obras se hagan, que no se encarezcan y que el dinero vuelva al Estado.
“Ahora nuestro rol es principalmente de coordinación y seguimiento, para que las obras no se atrasen y no aparezcan adicionales”, planteó.
Baduí reconoció que la implementación del sistema implicó un proceso de aprendizaje dentro del Estado provincial, cuyo desafío mayor "fue diseñar un esquema que funcione con todos los organismos de control que tenemos y que, al mismo tiempo, permita que las obras se paguen en tiempo y forma”, afirmó.
A sabiendas que el Ministerio de Hacienda ha invertido en plazos fijos y bonos norteamericanos los recursos para tener mayores rendimientos de los fondos, el objetivo de la Subsecretaría es "no solicitar el dinero por debajo o por encima de la curva de la obra para no perder rendimientos".
Para eso se requiere que esté aceitado el proceso y control de las obras por parte del organismo estatal, para evitar que haya o demoras en el pago de certificados, o una disposición mayor de recursos que los necesarios.