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Nahuel Gallo pidió ser querellante en la causa contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en Venezuela

El gendarme se presentó ante el juez Sebastián Ramos y reclamó sumarse como parte afectada en el expediente que investiga al régimen chavista por torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones sistemáticas.


El cabo primero de Gendarmería Nacional, Nahuel Gallo, detenido en Venezuela durante 448 días, se presentó esta semana en los tribunales federales de Comodoro Py para solicitar ser querellante en la causa que investiga a Nicolás Maduro y otros funcionarios del régimen por delitos de lesa humanidad.

Fuentes judiciales confirmaron a MDZ que el pedido fue formulado esta misma semana a través de un abogado de la propia institución. El pasado 4 de marzo, a instancia del abogado Tomás Farini Duggan, quien representa a víctimas de violaciones a los derechos humanos residentes en Argentina, el magistrado Ramos le pidió a la fuerza de seguridad informar si Nahuel Gallo podría estar alcanzado por algún deber de abstención, o por una obligación de guardar secreto que requiera un relevamiento previo.

En ese marco, el juez le requirió a la Gendarmería Nacional que Gallo sea evaluado por un equipo interdisciplinario de la fuerza a fin de determinar si está en condiciones de declarar bajo juramento. Sobre su testimonio, el juez Ramos entendió que escucharlo podría resultar “pertinente y útil” para reforzar el “plexo probatorio acumulado” en el caso.

La detención de Nahuel Gallo en Venezuela

Gallo ingresó a territorio venezolano desde Colombia por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander el 8 de diciembre de 2024. Tras 448 días detenido, fue puesto en libertad el 1 de marzo de 2026. Había cruzado la frontera para visitar a su pareja y a su hijo menor en el estado Táchira, contando con todos los permisos reglamentarios y una carta de invitación aceptada por las propias autoridades venezolanas. Sin embargo, fue retenido de inmediato.

El gendarme estuvo detenido 448 días en la cárcel El Rodeo I y en el Helicoide. Nada se supo de los vejámenes que padeció durante ese período, ya que estuvo incomunicado en todo momento. Cuando lo capturaron en Venezuela, tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello lo acusaron públicamente de espionaje y dispusieron su traslado a los centros clandestinos de detención.

En su primera conferencia de prensa, realizada en el Edificio Centinela de Buenos Aires el 4 de marzo de 2026, Gallo describió El Rodeo I como un lugar de tortura psicológica y dijo que albergaba presos políticos de alrededor de treinta nacionalidades.

Pero ahora Gallo apunta a pasar de testigo a acusador particular en el expediente donde un grupo de venezolanos refugiados en Argentina denunció en enero de 2023 al entonces presidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros en los tribunales de Comodoro Py por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

La decisión de la justicia argentina contra el régimen chavista

Meses más tarde, la Cámara Federal porteña ordenó la captura internacional de los funcionarios al sostener que en Venezuela se llevó adelante un "plan sistemático" de violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas, secuestros y ejecuciones en su país.

Los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens avalaron la aplicación del principio de jurisdicción universal, que permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad de los perpetradores o sus víctimas. Sobre esa base, en septiembre de 2024 ordenó al juez Ramos avanzar con las indagatorias de Maduro, Cabello y otros quince imputados, en su mayoría militares.

De eventualmente ser aceptado como querellante y particular damnificado, Nahuel Gallo podrá tener acceso a la causa, impulsar medidas de prueba y, llegado el caso, impugnar las decisiones del juez o los camaristas.

La causa tuvo un giro rotundo tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero pasado por parte de fuerzas militares de Estados Unidos y lo trasladaron a Nueva York, donde quedó detenido bajo cargos de narcotráfico y terrorismo. El propio juez Ramos solicitó su extradición con el objetivo de traerlo a la Argentina para que rinda cuentas en declaración indagatoria; la decisión fue respaldada por la Cámara Federal porteña.

Para la Fundación de Ayuda a las Democracias en Riesgo (FADER) y el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), querella que ya litigaba en el expediente, el caso de Gallo encuadra de manera directa en el patrón de conductas que se le atribuye al Estado venezolano: las personas privadas de su libertad son sometidas a torturas, amenazas y traslados recurrentes para quebrar su voluntad, sin proceso formal ni asistencia legal propia ni consular.