Nación Seguros: sostienen el procesamiento de un hombre cercano a Alberto Fernández
La Cámara Federal Porteña rechazó un pedido del exintendente de Olivos Daniel “Gordo” Rodríguez para que Casación revisara su situación y el embargo en su contra por presunto direccionamiento de negocios ligados a Héctor Martínez Sosa.
La Cámara Federal Porteña mantuvo en pie el procesamiento del ex intendente de la quinta presidencial de Olivos, Daniel Rodríguez, en el marco de la causa “Nación Seguros”, al rechazar un recurso donde buscaba que Casación analizara la decisión refrendada por esa instancia el 6 de mayo pasado.
Rodríguez fue procesado sin prisión preventiva por el juez Sebastián Casanello por considerarlo ser partícipe secundario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de deberes de funcionario público y embargado un monto cercano a los 788 millones de pesos.
-
Te puede interesar
El "beneficio" que dará Guaymallén a los vecinos afectados en Los Corralitos
Tanto la calificación legal como la cifra fueron sostenidas por los camaristas Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico, quienes en un nuevo fallo al que tuvo acceso MDZ entendieron que no existían argumentos suficientes para habilitar la revisión del caso ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Los magistrados señalaron que los remedios interpuestos eran “formalmente improcedentes” para habilitar la vía y que la situación de Rodríguez no podía equipararse a la de otros vinculados a la causa como el expresidente Alberto Fernández, cuya apelación sí había prosperado ante el máximo tribunal penal del país que posteriormente ordenó revertir su procesamiento.
El expediente forma parte de la investigación sobre el sistema de intermediación de seguros en organismos públicos, especialmente a partir de la concentración de pólizas estatales en Nación Seguros tras el decreto firmado durante el gobierno de Alberto Fernández. Según la hipótesis judicial, esa estructura habría sido aprovechada para beneficiar a un grupo de empresarios y operadores vinculados al poder político.
Para la justicia, Rodríguez tuvo un “involucramiento activo” en la maniobra, valiéndose de su trabajo en la Quinta Presidencial de Olivos, donde actuó como “interlocutor o intermediario” entre María Cantero, secretaria privada de Alberto Fernández, y el bróker de seguros y su esposo Héctor Martínez Sosa.
Una de las principales pruebas fueron las conversaciones extraídas de teléfonos secuestrados durante la investigación. En esos mensajes, Cantero y Rodríguez hablaban sobre la necesidad de obtener contratos de seguros para “nuestra PYME”, expresión que aparece repetida en distintos intercambios y que los investigadores interpretan como una referencia al entramado comercial vinculado a Martínez Sosa.
En uno de los diálogos, Cantero le pedía a Rodríguez acercarse a funcionarios y gobernadores para fortalecer relaciones políticas. “Queremos los seguros. Solo eso me importa”, escribió en octubre de 2019, antes de la asunción presidencial. En otro mensaje, directamente le reclamó: “Lo más importante es que vos consigas los seg de la fed”, en referencia a la Policía Federal.
Los camaristas Farah, Irurzun y Boicot también consideraron relevante que Rodríguez mantuviera vínculos económicos con Martínez Sosa mientras cumplía funciones públicas, pues seguía cobrando dinero del empresario al mismo tiempo que utilizaba contactos oficiales y relaciones políticas para facilitar reuniones y negocios.
Además, los jueces dieron cuenta de “un contexto previo” a la llegada de Fernández al poder que permitía entender cómo se estructuraron luego esas gestiones desde el Estado. Los magistrados describieron un “círculo de personas” integrado por Cantero, Martínez Sosa y Rodríguez que ya operaba coordinadamente antes del inicio del gobierno.