Minería: lo que hace falta además de voluntad política

El Gobierno y la oposición están de acuerdo en impulsar la minería. Pero a esa voluntad política hay que sumarle rigor, recursos y controles. Además, el debate debe estar despojado de fantasmas y de pensamientos mágicos. 

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Pablo Icardi

El Senado aprobó Hierro Indio

Pachy Reynoso

La aprobación de Hierro Indio tiene más trascendencia política que económica y es un hito en la breve historia de la minería en Mendoza, pues es el primer proyecto metalífero que avanza desde que se sancionó la ley 7722.

La viabilidad técnica no tenía reparos, pero además superó el filtro político. Ese tamiz se convirtió desde que la norma está vigente en el principal freno a la minería metalífera. La ley fue sancionada en 2007, tras el veto de Julio Cobos a otra norma que prohibía la minería.

La apertura política al desarrollo de la minería debería despojarse de fantasmas, pero también de pensamientos mágicos. No habrá salidas rápidas, ni una explosión de empleo de un día para otro. Un proyecto minero grande puede llevar una década entre que se comienza a explorar y se decide avanzar en el desarrollo.

Pero, sobre todo, antes el Estado deberá sumarle rigor técnico, volumen y recursos a las estructuras de control. Hoy, ese “músculo” estatal está atrofiado. Para notarlo alcanza un dato. Todos hablan de minería, pero nadie conoce públicamente al Director del área. La Dirección de Minería casi no tiene recursos y se mantiene con lo mínimo indispensable.

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Esa actividad tiene en Mendoza un doble control por parte de la Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental, que depende de Ambiente. Ese sistema ha generado tensiones históricamente entre las áreas de promoción de la actividad y las de cuidado del ambiente. Cornejo logró que dentro del propio Estado no haya trabazones por cuestiones personales y, como dicen dentro del Gobierno, “no seamos una máquina de impedir”.

En la sesión del senado donde se aprobó Hierro Indio el Secretario de Ambiente estuvo sentado junto al dueño de la empresa que busca explotar ese recurso. El controlador y el controlado en la misma línea. El gesto político no es acertado. No porque necesariamente quien controla deba estar enemistado con quienes debe controlar. Pero sí mantener una cordial distancia que impida cualquier ruido.

El Departamento General de Irrigación también cumple un rol clave como “gobierno del agua”. Ya ocurrió cuando comenzaron a aparecer los primeros proyectos de fractura hidráulica que había pocos profesionales capacitados específicamente en el tema. El DGI también requerirá fortalecerse para controlar en caso de que se avance con el desarrollo de la minería.

Las normas

La 7722 termina siendo una ley marco, que tiene imprecisiones. Pero Mendoza tiene otro marco normativo estricto que cobrará valor o, mejor dicho, debe cobrar valor. La ley 5961, por ejemplo, establece los requisitos ambientales para cualquier emprendimiento y tiene un decreto específico para la minería, donde se aumentan los estándares ambientales.

El proyecto Hierro Indio fue canalizado ejecutivamente por una vía más corta y obviando los procedimientos de la 5961. El Gobierno hizo uso de la nueva ley de procedimientos administrativos que les permitió acortar tiempos. Si se hubiera seguido al pie de la letra esa norma, no hacía falta llamar a audiencia pública antes de aprobar la DIA. Por decisión política, igual se hizo una audiencia pública. Cornejo ha optado siempre por la vía más corta que le permite la legalidad para ejecutar sus decisiones. 

Además, hay otras normas como la ley de glaciares, la ley de áreas naturales protegidas (6045) que cruzan a la actividad. 

Otras herramientas clave son el Plan de Ordenamiento Territorial y los planes municipales. Allí estará el mapa político de lo que se puede y lo que no en cada municipio.

Lo ocurrido en la Legislatura marca cuál es la nueva voluntad política para impulsar la minería. Eso solo no alcanza.

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