Reforma del Código Penal: la interna en la Casa Rosada retrasa el envío al Congreso
Internas en la Casa Rosada frenan el avance del nuevo Código Penal y obligan a recalcular el proyecto antes de enviarlo al Congreso.
Javier Milei y Juan Bautista Mahiques en Casa Rosada
PresidenciaEl Gobierno volvió a abrir la discusión interna sobre la reforma del Código Penal, una decisión que por ahora frena su llegada al Congreso y expone diferencias en la estrategia política del oficialismo.
El dilema central pasa por resolver si se impulsa un paquete acotado de cambios —orientado a nuevos delitos y penas más duras— o si se avanza con una reforma integral del texto que quedó en revisión tras la salida de Mariano Cúneo Libarona y el desembarco de Juan Bautista Mahiques.
La mesa política busca ordenar la estrategia y evitar un frente amplio
La definición se terminará de encauzar en las próximas reuniones de la mesa política del oficialismo.
Un sector encabezado por Mahiques, junto al titular de Diputados Martín Menem y el armador Eduardo "Lule" Menem, impulsa avanzar por etapas y enviar una versión parcial del proyecto.
La lógica es priorizar los cambios que consideran más viables en términos parlamentarios, evitando abrir simultáneamente todos los debates que implica una reforma completa.
Delitos urbanos y nuevas figuras: el núcleo del paquete acotado
Dentro de la alternativa parcial, el Gobierno ya trabaja sobre un conjunto de modificaciones enfocadas en seguridad y nuevas modalidades delictivas.
Allí se incluyen figuras como estafas piramidales, ataques conocidos como “viudas negras”, salideras, entraderas y delitos cometidos por motochorros, junto con un endurecimiento de penas en casos de grooming, abuso sexual infantil, picadas ilegales, tenencia de armas en cárceles y maltrato animal.
También se suman cambios en materia migratoria, con nuevas figuras para sancionar el ingreso irregular, el fraude migratorio y la reincidencia de extranjeros deportados.
El cálculo político: avanzar con lo que tenga mayor consenso
En la Casa Rosada sostienen que la discusión no se limita al volumen de artículos, sino al orden y contenido de los temas que se envíen al Congreso.
El oficialismo busca enfocarse primero en aquellos puntos que podrían generar mayor consenso social y menor resistencia legislativa, con la intención de mostrar resultados rápidos en materia de seguridad.
La estrategia apunta a instalar una agenda de endurecimiento penal sin quedar atrapados en debates más complejos.
La otra postura: una reforma más amplia para no perder impacto
En contraposición, sectores cercanos a Santiago Caputo promueven un proyecto más ambicioso que concentre un mayor número de modificaciones.
Desde ese espacio advierten que fragmentar la reforma podría diluir su impacto político y extender indefinidamente discusiones consideradas clave.
Dentro de ese esquema aparecen capítulos sensibles como corrupción, lavado de dinero y otros ejes que formaban parte de borradores anteriores.
Tensiones internas por corrupción y lavado de dinero
Uno de los focos de mayor fricción gira en torno al tratamiento penal de la corrupción.
En los últimos días surgieron cuestionamientos dentro del oficialismo por la ausencia de un aumento significativo de penas y por versiones que sugieren una menor centralidad de estos delitos en la nueva redacción.
A su vez, los cambios en materia de lavado de dinero también generan debate: algunos borradores plantean elevar los umbrales de punibilidad, lo que podría reducir el alcance de ciertas investigaciones.
En el Gobierno aseguran que no hay definiciones cerradas, pero admiten que se trata de puntos sensibles dentro de la negociación.
Temas que pierden prioridad en la nueva etapa
El recambio en el Ministerio de Justicia también reconfiguró la agenda de la reforma.
Por ahora, quedaron relegados debates de alto voltaje político como aborto, femicidio, imprescriptibilidad de delitos de corrupción, delitos de lesa humanidad y aspectos penales vinculados al ambiente.
Legal y Técnica, la última parada antes de Milei
La definición final también pasará por la Secretaría de Legal y Técnica, que conduce María Ibarzabal, encargada de revisar la redacción y habilitar el texto para su firma por parte de Javier Milei.
En ese ámbito se terminará de definir el alcance del proyecto, su formato y el momento de envío al Congreso.
Una reforma en suspenso y sin versión cerrada
Por ahora, en el oficialismo reconocen que no hay un texto definitivo y que la discusión sigue abierta.
La incógnita no es solo cuándo se presentará la reforma, sino también qué parte del Código Penal estará dispuesto el Gobierno a poner en juego en esta etapa.