Ambiente

Petróleo, minería y vino: por qué el "ambientalismo" aporta valor agregado

YPF anunció una millonaria inversión que hoy sería imposible de ejecutar sin que antes haya habido una fuerte disputa por cuidar el ambiente. Cómo las "tensiones" pueden generar valor, alejados de los fundamentalismos. Más en Mendoza, donde los recursos naturales siguen siendo la base de la matriz productiva. El caso Llancanello. 

domingo, 7 de julio de 2019 · 13:17 hs

El presidente de YPF, la principal petrolera argentina, y el gobernador Alfredo Cornejo recorrieron la zona: un humedal áspero y con un valor ambiental trascendente para el continente, pero que también tiene una riqueza con valor de mercado en alza en el subsuelo. La laguna Llancanelo, en Malargüe, es un ícono de las áreas protegidas de Mendoza y tiene protección internacional como sitio Ramsar. Pero también en un símbolo de un valor agregado que tiene la provincia y que no puede perder si quiere desarrollarse de manera sostenible y no con visión depredadora. La conciencia ambiental y el fortalecimiento de la sociedad civil.

Ese concepto toma mucho más valor si se tiene en cuenta que la matriz productiva de Mendoza depende, en gran parte, de los recursos naturales. Ocurre con las actividades extractivas, como el petróleo y toda su cadena de valor, pero también con el agro, que dependen de que haya agua en cantidad y calidad suficiente.

La historia detrás del anuncio

YPF anunció una inversión de más de 100 millones de dólares para extraer petróleo pesado en Llancanelo. El proceso requiere técnicas complejas de extracción y también debe responder a estándares ambientales altos, dentro de un límite establecido hasta por la Suprema Corte de Mendoza. Ese anuncio sería imposible si hace dos décadas no se hubiera iniciado un litigio internacional para cuidar el humedal.

Esa pelea la inició la organización Oikos, que logró frenar un intento de explotación petrolera podía poner en riesgo el lugar. Entonces, la empresa petrolera "de bandera" estaba en manos de la española Repsol y los objetivos parecían distintos (a la luz de los resultados que tenía la empresa): estrujar los recursos. Pues el camino iniciado por Oikos terminó con una sentencia judicial ejemplificadora a nivel internacional y una nueva diagramación del área natural que estableció los límites de la explotación petrolera. Es decir; dónde sí se podía realizar y dónde no. Sin ese proceso, difícilmente hoy YPF y el Gobierno podrían anunciar con algo de orgullo la inversión. Ese camino judicial fue técnicamente fue iniciado por Eduardo Sosa, entonces presidente de Oikos, y tenía como base la solidez técnica y el uso de herramientas modernas, como el amparo ambiental establecido en la Constitución de 1994. Curiosamente Sosa fue funcionario del actual gobierno, pero se fue tras tener desinteligencias con la gestión.

La tensión generada por la búsqueda de resguardo ambiental generó repercusiones, pero también reacciones positivas que mejoraron el desarrollo de Mendoza: gracias a esos aportes, aumentaron los estándares ambientales, se delimitó el área y ahora se anuncia una inversión millonaria que, según la promesa, impactará positivamente en la economía de Malargüe.

En el mismo departamento hay otros ejemplos de intervenciones de organizaciones defensoras del ambiente que mejoraron proyectos. Fue el caso de Potasio Río Colorado, donde (antes de que Vale comprara el proyecto) hubo una delegación de menedocinos que expuso ante los accionistas de Río Tinto en Inglaterra (con Marcelo Giraud a la cabeza) y lograron que el proyecto mejorara.

Sin los alertas dados cuando Repsol quería avanzar sin freno, podría haber pasado lo mismo que ocurrió en muchas áreas petroleras explotadas bajo gestión de esa firma española o, sobre todo, en la antigua YPF estatal; dejando pasivos nocivos por todos lados. O lo que ocurre en la Refinería, donde se contaminaron los acuíferos de manera grave con benceno, MTBE y otras sustancias y cuyas consecuencias aún no son mensuradas. En ese caso, por ejemplo, la contaminación se sigue expendiendo bajo el suelo (al menos en el caso del MTBE) y ha generado conflictos entre la petrolera y las empresas que producen vino aguas abajo, más allá del plan de saneamiento que se ejecuta. La justicia investiga actualmente si esos pasivos ambientales generados hace años trajeron consecuencias para la gente.

Hacia adelante

La preocupación de la sociedad civil por el cuidado del ambiente con base sólidas (y no fundamentalismos) es un valor agregado que Mendoza debe potenciar. No para impedir; sino para desarrollarse pensando en el futuro y no en el próximo mes. Ocurre con la fractura hidráulica (cuya reglamentación también es fruto de las tensiones generadas y la mediación judicial) y debería pasar con la minería y otras actividades.

Raúl Rodríguez impulsa la minería y fue quien ayudó a elaborar una norma ambiental para esa actividad.

Esa historia está plagada de aparentes paradojas. Así como ocurrió que hoy se anuncia una inversión petrolera que tiene como origen una lucha de un ambientalista como Eduardo Sosa; en minería la norma que exige mayor rigor ambiental fue diseñada por un promotor de esa actividad, como Raúl Rodríguez (hoy dirigente de la cámara del sector).

Es lo que ocurrió con el decreto 820 que eleva los estándares de exigencia ambiental para el desarrollo de la minería en Mendoza. Ese Decreto fue craneado, entre otros por Rodríguez y desde muchos sectores creen que en realidad debería convertirse en ley (incluso hay quienes piensan que podría sumarse a la ley 7722 o ser complementaria a ella).

La materia gris de los mendocinos destacados en el cuidado de los recursos naturales debería ser parte de cualquier plan de desarrollo. En realidad lo es. El trabajo del Ianigla y en particular de Ricardo Villalba en pos de cuidar los glaciares y el agua (generando documentos, investigaciones y advertencias) va en ese sentido; lo mismo que el Iadiza con Elena Abraham y otros científicos que se preocupan por la desertificación (el principal problema ambiental de Mendoza).

En el corto y mediano plazo Mendoza va a seguir dependiendo de sus recursos naturales para generar riqueza. Al menos eso se trasluce de los planes de quienes gobiernan y gobernarán. La industria del conocimiento es incipiente. El turismo es ya la principal actividad, pero Mendoza tiene aún una fuerte dependencia del petróleo (y quieren que tenga más), de las actividades primarias del agro y la industrialización de esos productos. Por eso, también, requerirá potencial el valor agregado de la conciencia ambiental.