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Mientras el mundo ya maneja solo, una ciudad argentina prohíbe Uber

La ordenanza que limita el uso de Uber enfrenta al municipio con choferes que reclaman su derecho a trabajar y cuestionan los altos costos.


Soy vecino, hijo, nieto y bisnieto de Villa Mercedes, San Luis. Nuestra ciudad está en crisis por varias cuestiones, pero una en particular merece la atención nacional: la prohibición de Uber a través de una ordenanza municipal, aprobada el pasado 8 de julio.

No es un capricho aislado de mi ciudad

Es un patrón que se repite en distintas intendencias del país, donde el poder local aplica restricciones o prohibiciones directas a estas plataformas bajo la misma idea de "regularizar" la actividad, sin resolver nunca la pregunta de fondo: ¿un municipio puede vetar una forma de trabajo que millones de argentinos ya eligieron? En otras palabras, esto es el impedimento de una modernización tecnológica básica (una aplicación móvil para conectar a usuarios que necesitan un traslado con conductores particulares) que hasta el país más intervencionista ya permitió. Esto no es solo mantenerse parados en el siglo pasado, es una prohibición al trabajo con advertencias de multas para quienes incumplen la norma, lo que violaría el artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantiza a todos los habitantes el derecho de "trabajar y ejercer toda industria lícita".

La gran paradoja de esta situación es su inmoralidad

En lugar de modernizar la ciudad, abrazar la tecnología, garantizar la seguridad y sumarse a una corriente mundial que genera empleo privado de rápida inserción para alimentar a cientos de familias, se creó un esquema de costos con fines recaudatorios. Bajo la idea de "regularizar" la actividad, se impuso una norma de facto, sumada a una restricción total para las motos. ¿Por qué digo que es inmoral? Porque el Concejo Deliberante jamás convocó a los choferes de la plataforma a la Comisión de Transporte para escuchar sus necesidades o entender cómo funciona el sistema. Les impidieron el trabajo sin escucharlos, y lo hicieron a puertas cerradas apenas una hora antes del partido entre Argentina y Egipto. Es como si expropiaran una fábrica para cerrarla inmediatamente, dejando a cientos de familias en la calle.

Bajo la idea de "regularizar" la actividad, se impuso una norma de facto, sumada a una restricción total para las motos.

A través de una red de burocracia, la norma exige cambios de carnet, psicodiagnósticos carísimos, libretas sanitarias, obleas municipales anuales (que, por supuesto, tenés que comprarle al propio municipio), derechos de habilitación, cánones, sellos, desinfecciones mensuales, un seguro comercial estratosférico y requisitos irrisorios sobre la antigüedad del vehículo. En resumen, según el desglose de tasas que exige la propia ordenanza, para que un ciudadano pueda trabajar manejando su propio auto, el municipio pretende cobrarle más de dos millones y medio de pesos al año. Exigen cosas de las que los remises tradicionales están exentos, o duplican controles que la misma aplicación ya solicita para registrarse. Esto obliga al chofer a trabajar seis meses sólo para pagarle al Estado municipal, teniendo en cuenta que una jornada de ocho horas en Uber, aquí en Villa Mercedes (según relatan los propios choferes), deja una ganancia promedio de quinientos mil pesos mensuales. Cuesta creer que no se entienda que estas plataformas están pensadas para ser un ingreso complementario o un trabajo de transición.

¿Y quién pierde con esta prohibición encubierta?

Perdemos todos. Primero, pierde el laburante: el padre o la madre de familia que busca en su propio vehículo una salida honesta para llevar el pan a la mesa. A su vez, esto empuja al laburante a la clandestinidad o a la desocupación. En segundo lugar, pierde el usuario: el cliente, la mamá que manda a los chicos a la escuela. Se priva a los usuarios de una alternativa de transporte moderna, rápida, económica y segura, y se condena a un sistema tradicional y sindicalizado. Además, se mantienen monopolios cerrados que perjudican a los ciudadanos de a pie, que solo quieren volver seguros a sus casas sabiendo la cara y el nombre de la persona que los lleva. No hay que olvidar donde estamos. 2026. Vehículos autónomos usados como robotaxis están marcando el rumbo de la industria. Mientras acá se discute si un vecino puede usar su propio auto para trabajar, el mundo ya discute otra cosa: los autos que no necesitan chofer. Waymo, de Google, y Zoox, de Amazon, ya operan flotas de robotaxis en varias ciudades de Estados Unidos.

Vehículos autónomos usados como robotaxis están marcando el rumbo de la industria.

Tesla, por su parte, avanza con su propio sistema de manejo autónomo y ya dio pasos formales para instalarse en la Argentina: constituyó Tesla SRL, designó un country manager para el país y negocia con YPF el desarrollo de infraestructura de carga. La brecha no es entre Villa Mercedes y Buenos Aires: es entre Villa Mercedes y el futuro que ya está pasando en otros lados, incluso con los planes de innovación que promulga desde el día uno el gobierno nacional. Si un municipio es capaz de imponer multas a algo tan simple como una aplicación de traslados, cabe preguntarse qué se puede esperar del resto de su gestión: del estado de los caminos, de la iluminación, de la recolección de residuos, de la higiene urbana.

Cuando el poder local elige regular al vecino que trabaja antes que resolver lo que efectivamente le corresponde administrar, esto podría dejar de ser un caso aislado para convertirse en síntoma de algo más peligroso.

* Valentino Cometto. Presidente de la Juventud Libertaria de San Luis.