Mendoza, el impuesto a los combustibles y más de $30.000 millones en juego con Nación

• 10,40% para el Tesoro Nacional
• 15,07% para el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI)
• 10,40% para las provincias
• 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social
• 4,31% para el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica
• 28,58% para el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte
• 2,55% para la Compensación al Transporte Público.

Justamente, esos tres últimos componentes son los que conforman el 35,44% utilizado por Galois para realizar su ejercicio: 4,31% de infraestructura hídrica, 28,58% de infraestructura de transporte y 2,55% de compensación al transporte público.

La discusión sobre modificar este esquema ya había llegado al Congreso. Durante 2025, los gobernadores impulsaron un proyecto que proponía eliminar distintos fondos y asignaciones específicas y elevar al 57,02% la participación provincial en el impuesto.

La iniciativa fue aprobada por el Senado por 56 votos contra uno, pero en la Cámara de Diputados obtuvo 126 votos, tres menos que los 129 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. Por ese motivo, el proyecto no se convirtió en ley.

En este punto resulta importante distinguir dos cuestiones. Los $31.590 millones no representan concretamente una deuda reconocida de Nación con Mendoza, ya que se calculó cuánto habría recibido la provincia si el 35,44% del impuesto que actualmente tiene destinos específicos se hubiera distribuido mediante el régimen general de coparticipación.

El cálculo sobre los fondos

Volviendo al informe de la consultora, entre enero y julio de 2026 la recaudación acumulada del impuesto alcanzó los $3,8 billones. Si se descuenta el 1,9% correspondiente a ARCA, el 35,44% considerado en el ejercicio que se debería distribuir entre las provincias, representa $1,3 billones.

Ese 35,44% está compuesto por tres destinos específicos: el 4,31% correspondiente al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, el 28,58% destinado al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y el 2,55% correspondiente a la Compensación al Transporte Público.

El informe plantea entonces qué habría ocurrido si esos recursos hubieran ingresado al esquema general de distribución federal. En ese escenario, las 24 jurisdicciones recibirían en conjunto el 58,76%, de acuerdo con el régimen de coparticipación, mientras que el resto correspondería al componente nacional.

Como se mencionó, el resultado para Mendoza es de $31.590 millones adicionales entre enero y julio de 2026.

La provincia aparece así entre las jurisdicciones que hubieran obtenido una suma significativa bajo este esquema alternativo, por debajo lógicamente de los montos estimados para Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, pero por encima de provincias como Neuquén, Río Negro, San Luis o La Rioja.

Un debate que vuelve a escena

El informe ubica esta discusión en el marco de la controversia por el destino de los recursos afectados a infraestructura vial. La discusión volvió a cobrar fuerza luego de que se conociera que más de $1 billón de la recaudación de los impuestos a los combustibles, se destinaron a inversiones financieras y no a arreglar rutas.

Según el documento, el vocero presidencial reconoció que una parte de esos recursos era administrada por el Ministerio de Economía como parte de la estrategia "para alcanzar el equilibrio fiscal".

La discusión adquiere una dimensión fuerte para Mendoza, donde el deterioro de las rutas nacionales se convirtió en uno de los principales reclamos hacia el Gobierno de Javier Milei. De hecho, la provincia ha decidido avanzar con recursos propios en distintas obras sobre corredores que originalmente se encuentran bajo jurisdicción nacional.

Mendoza pide la eliminación del Impuesto a los Combustibles pero justifica a Nación

Ante esta situación, MDZ Online consultó al Gobierno de Mendoza, que fruto de la inacción nacional, ha decidido invertir fondos de Mendoza para arreglar rutas nacionales, como lo es el Acceso Sur (ruta 40) y la ruta 143 en San Rafael. También ocurrió lo mismo con el Acceso Este (exruta 7), pero una vez que se inauguró la Variante Palmira, pasó a jurisdicción local (como ruta provincial 22).

Desde Casa de Gobierno no hubo una crítica dura al Gobierno Nacional, el cual es aliado, sino prácticamente una justificación, más allá de considerar que se debería quitar de cuajo el impuesto.

"Esos fondos antes iban al conurbano bonaerense y a una Dirección Nacional de Vialidad súper ineficiente. No llegaban a ningún lado y salían del Tesoro Nacional", aseguraron, con críticas y dardos a la gestión peronista de Alberto Fernández.

Acto seguido, mencionaron: "Ahora los recursos no salen, entendemos que es para mantener el equilibrio, y estamos reclamando día a día para que se utilicen con el fin que tienen asignado. No se han perdido como pasaba antes, hay que sostener el equilibrio y disponer esos fondos para las rutas", plantearon desde Casa de Gobierno.

"En los primeros 2 años entendemos que necesitamos el equilibrio para bajar la inflación. Ahora me parece que empieza la discusión de que, o se elimina el impuesto, o que lo distribuyan como se debe", añadieron.

Por otro lado, recordaron declaraciones del gobernador Alfredo Cornejo años atrás donde pedía la eliminación del impuesto a los combustibles.