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Mendoza avanza con una ley para proteger al Estado de ciberataques

La Cámara de Senadores dio media sanción a la ley de Ciberseguridad. El proyecto crea un sistema provincial de ciberseguridad, un comité estratégico y mecanismos para prevenir y responder ante ciberataques.


El Senado de Mendoza aprobó este martes el proyecto de ley de ciberseguridad impulsado por el Poder Ejecutivo, una iniciativa que busca establecer un marco integral para "proteger los sistemas informáticos, los datos y la infraestructura tecnológica del Estado provincial" frente al crecimiento de las amenazas digitales.

La propuesta obtuvo media sanción con 34 votos afirmativos y 2 negativos y ahora será remitida a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo.

La norma establece políticas de prevención, detección, respuesta y recuperación ante incidentes que puedan afectar sistemas informáticos y recursos considerados críticos para la prestación de servicios públicos esenciales.

Durante el tratamiento en comisiones se incorporaron modificaciones al texto original. Entre ellas, se redefinió el alcance obligatorio de la ley, que quedará circunscripto al Poder Ejecutivo. Además, se invitó al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a los municipios a adherir a los principios y lineamientos previstos en la normativa.

Qué prevé la ley de Ciberseguridad

El proyecto crea el Sistema Provincial de Ciberseguridad, destinado a coordinar las políticas públicas vinculadas a la protección digital del Estado.

Entre sus principales herramientas se encuentran el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), encargado del monitoreo y detección de eventos, y el Equipo de Respuesta ante Incidentes (CSIRT), que coordinará las acciones de contención, mitigación y recuperación ante ataques informáticos.

También se crea el Comité de Conducción Estratégica de Ciberseguridad (CCEC), que tendrá a su cargo la elaboración del Plan Provincial de Ciberseguridad y la definición de estándares para los organismos alcanzados.

La iniciativa incorpora además un Registro Provincial de Incidentes de Ciberseguridad y un Programa de Divulgación Responsable para que especialistas y ciudadanos puedan reportar vulnerabilidades detectadas en sistemas públicos.

Durante el debate, el senador radical Néstor Majul sostuvo que la iniciativa representa una continuidad de las políticas de seguridad y modernización tecnológica que Mendoza viene desarrollando en los últimos años.

El senador provincial Néstor Majul.

El legislador remarcó que el avance de la transformación digital obliga al Estado a prepararse frente a posibles ciberataques y diferenció las políticas de ciberseguridad de las herramientas ya existentes para investigar ciberdelitos.

En ese sentido, destacó que Mendoza cuenta con fiscalías especializadas, agente encubierto digital, allanamiento digital y un laboratorio forense digital para la investigación de delitos cometidos mediante medios tecnológicos.

Según explicó, los "detectores dactilares" permiten realizar identificaciones de manera inmediata y actualmente se concretan alrededor de 7.000 identificaciones diarias mediante esta tecnología. También destacó los patrulleros inteligentes, que permiten registrar tecnológicamente los procedimientos y brindar herramientas tanto para el trabajo policial como para garantizar la trazabilidad de las actuaciones.

Protección de infraestructura crítica

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la protección de la denominada Infraestructura Crítica Esencial, que comprende sistemas, redes, plataformas y datos cuya afectación podría comprometer servicios estratégicos como salud, educación, justicia, seguridad y hacienda.

La ley también incorpora programas de capacitación para agentes públicos, campañas de concientización para la ciudadanía y un régimen de sanciones para organismos o proveedores que incumplan obligaciones vinculadas a la gestión de riesgos y el reporte de incidentes.

Con la media sanción otorgada por el Senado, el proyecto continuará ahora su recorrido legislativo en Diputados, donde se definirá su aprobación definitiva.