Martín Guzmán defendió el decreto presidencial de Alberto Fernández por los seguros y negó irregularidades
El exministro de Economía declaró como testigo en la causa donde Alberto Fernández tiene falta de mérito. Aseguró que la medida siguió los procedimientos habituales del Estado contó con avales técnicos y buscó proteger los recursos públicos.
Martín Guzmán en su declaración por la causa Nación Seguros.
El extitular de la cartera de Economía, Martín Guzmán, declaró este martes como testigo ante la Justicia Federal en la causa conocida como “Nación Seguros”, que investiga irregularidades en la contratación de pólizas del Estado a través del decreto 823/2021, norma dictada durante la gestión de Alberto Fernández.
La declaración fue incorporada a pedido de Mariana Barbitta, defensora del expresidente, que busca demostrar que la decisión de concentrar las pólizas estatales en Nación Seguros respondió a criterios de política pública y no a un mecanismo destinado a beneficiar intereses particulares. La investigación, en cambio, procura determinar si esa norma permitió la intervención de intermediarios que terminaron obteniendo millonarias comisiones en operaciones con organismos del Estado.
Qué declaró Martín Guzmán
Durante su exposición, Guzmán sostuvo que el decreto atravesó los circuitos administrativos habituales y contó con la participación de distintos organismos especializados. Según explicó, la iniciativa fue analizada por áreas técnicas y jurídicas de la Secretaría Legal y Técnica, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Nacional de Contrataciones y el propio Ministerio de Economía.
El exfuncionario remarcó que no recuerda haber mantenido reuniones específicas con Alberto Fernández para discutir el contenido de la norma y afirmó que nunca advirtió observaciones sustanciales por parte de los organismos que intervinieron en el expediente. También aseguró que no tuvo conocimiento de gestiones destinadas a favorecer empresas, productores de seguros o intermediarios privados.
Uno de los aspectos más relevantes de su testimonio estuvo centrado en la justificación económica del decreto. Guzmán explicó que la medida buscaba proteger los recursos públicos en un contexto financiero complejo y sostuvo que la concentración de coberturas en una aseguradora estatal podía representar una alternativa más eficiente para el Estado nacional. En ese sentido, señaló que la decisión formaba parte de una estrategia orientada a reducir costos y administrar riesgos en un escenario de alta incertidumbre económica.
La declaración se produjo en una etapa en la que el juez Ariel Lijo continúa recibiendo testimonios de exfuncionarios convocados por la defensa de Fernández. Antes habían comparecido otros integrantes de la administración anterior, entre ellos la extitular de la Superintendencia de Seguros, Mirta Adriana Guida, quien sostuvo que el decreto no modificó el régimen de intermediación ni impuso restricciones respecto de los brokers que participaban en las contrataciones.
La causa gira alrededor de las contrataciones de seguros realizadas por organismos públicos a través de Nación Seguros y de la participación que tuvieron intermediarios privados en esas operaciones. Los investigadores sostienen que el decreto firmado en 2021 pudo haber servido como herramienta para favorecer a determinados actores del mercado asegurador, mientras que la defensa del expresidente argumenta que se trató de una política destinada a fortalecer la capacidad financiera del Estado y mejorar la administración de recursos públicos.
En ese marco, Guzmán también fue consultado sobre María Cantero, exsecretaria presidencial, y sobre el broker de seguros Héctor Martínez Sosa. El exministro aseguró que su relación con Cantero fue exclusivamente institucional y afirmó que nunca recibió referencias de su parte sobre el empresario ni sobre cuestiones vinculadas con el negocio de los seguros.