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Manuel Adorni negó haber pagado US$245.000 por refacciones, pide peritajes y evalúa denunciar al contratista

Así se desprende de lo informado por fuentes del entorno del jefe de Gabinete. Aseguran que las refacciones de su casa del country no son los informados por el arquitecto.


El entorno de Manuel Adorni salió a negar que el jefe de Gabinete haya pagado 245 mil dólares en efectivo para refaccionar su casa en el country de Indio Cuá y cruzó al contratista de esa obra, Matías Tabar, quien declaró este lunes en los tribunales de Comodoro Py en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.

Fuentes cercanas al ministro coordinador aseguran que “ese no es el monto” de lo abonado por esos arreglos y destacaron: “Seguramente vayamos a solicitar una pericia porque cualquiera que conozca su casa sabe que no vale ese dinero”.

Desde el círculo íntimo del exvocero, recalcaron que “probablemente se envíe a hacer una inspección ocular”. “Los costos nos parecen exagerados y contamos con la buena voluntad del arquitecto que nos iba a entregar la factura por todos los costos y gastos realizados, y nunca la entregó”, aclararon.

A su vez, advirtieron que “en caso de que no corresponda su declaración, se harán las denuncias correspondientes” contra Tabar.

Manuel Adorni había llamado al contratista antes de su declaración

Fuentes judiciales confirmaron a MDZ que el jefe de Gabinete había llamado a Tabar antes de su declaración en tribunales. Lo confirmó el propio arquitecto en la citación judicial.

Según afirmó, el ministro coordinador se propuso “colaborar con el tema de la declaración”, propuesta que rechazó.

La casa de Adorni en Exaltación de la Cruz consta de un lote de 400 metros cuadrados, donde se realizaron distas obras de reaparición entre septiembre de 2024 y julio de 2025, plazo en el que se hizo el piso de la casa, el baño, la cocina, el quincho y se arregló la pileta.

Este lunes, el jefe de gabinete evitó responder preguntas en conferencia de prensa sobre su situación patrimonial con el fin de “evitar entorpecer el proceso judicial en curso”.