Luis Caputo pidió una ley para sancionar a periodistas: qué dijo
El ministro negó vínculos con un empresario, cuestionó una publicación en X y planteó nuevas sanciones, aunque no presentó un proyecto.
Luis Caputo se pronunció en las redes sociales después de una publicación que lo vinculó con un grupo empresario.
Captura de videoUna publicación en redes sociales volvió a colocar la relación entre el Gobierno y el periodismo en el centro de la discusión pública. Esta vez, el protagonista fue Luis Caputo: el ministro de Economía rechazó una versión sobre un supuesto vínculo empresarial y reclamó sanciones para quienes difundan información que consideró infundada.
El planteo apareció el martes 25 de agosto en la cuenta oficial del funcionario en X. Caputo respondió a un mensaje del periodista Beto Valdez que mencionaba al Grupo Lenor y a su propietario, el ingeniero industrial Julio Made. La publicación relacionaba a la compañía con cambios en el control de los surtidores de combustible, una tarea vinculada hasta entonces con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
La respuesta de Luis Caputo y su pedido de una ley
El titular del Palacio de Hacienda negó conocer al grupo y al empresario señalados. A partir de esa desmentida, sostuvo que algunos periodistas asumían la mentira como un derecho y afirmó que la Justicia debía intervenir. “Necesitamos una ley que castigue este tipo de conductas”, escribió Caputo, quien cuestionó que una persona pueda publicar información sin sustento y no enfrentar consecuencias. El mensaje puede consultarse desde su cuenta oficial en X.
El ministro no explicó qué tipo de sanciones propondría, a quiénes alcanzaría la norma ni qué autoridad debería determinar si una publicación carece de fundamento. Tampoco presentó un articulado o una iniciativa formal. Su intervención quedó, hasta el momento, limitada a una declaración en redes sociales. El presidente Javier Milei compartió luego el intercambio y respaldó públicamente el cuestionamiento a la versión difundida.
Otro cruce del ministro con los medios
El episodio se produjo después de que Caputo objetara una nota sobre las expresiones del Gobierno contra trabajadores de prensa. Al compartirla, el funcionario sostuvo que el título debía referirse a un ataque “del periodismo” y acusó a un sector de atribuirse el derecho a mentir e injuriar. También defendió la posibilidad de responder públicamente y exponer aquellas afirmaciones que el oficialismo considera falsas.
Las publicaciones profundizaron una discusión que excede el intercambio puntual. Por un lado, los funcionarios pueden desmentir informaciones, solicitar rectificaciones y recurrir a las herramientas judiciales disponibles. Por otro lado, cualquier propuesta destinada a sancionar contenidos periodísticos abre interrogantes sobre sus límites, los criterios para evaluar una publicación y su posible impacto sobre la libertad de expresión.
Qué establece actualmente la legislación argentina
El Código Penal contempla las figuras de calumnias e injurias, pero la Ley 26.551, sancionada en noviembre de 2009, incorporó una protección específica para las expresiones relacionadas con asuntos de interés público. La norma determina que esas manifestaciones no configuran delito de calumnia o injuria. También excluye aquellas expresiones que no sean afirmaciones categóricas. El texto completo está disponible en la Biblioteca de Normativas de la Nación.
La legislación no impide que una persona que se considere afectada pueda buscar una reparación por la vía civil. Sin embargo, el estándar aplicable a debates de interés público protege un margen amplio para la investigación, la crítica y la circulación de información, especialmente cuando involucra a funcionarios. Una eventual modificación tendría que ser debatida y aprobada por el Congreso.
Hasta el 26 de agosto no se informó oficialmente la presentación de un proyecto impulsado por Caputo sobre esta cuestión. Tampoco se difundieron detalles desde el Ministerio de Economía. Por ahora, su pedido constituye una posición pública expresada en redes y no una reforma legal en trámite.