Los gremios estatales en pie de guerra por la reforma a la ley del empleo público
La iniciativa impulsada por el Gobierno provincial tiene un contundente rechazo de los sindicatos que la calificaron de “flexibilización laboral” e "inconstitucional".
El Gobierno de Mendoza impulsa una reforma del Estatuto del Empleado Público, la norma que regula el vínculo laboral de los trabajadores estatales de la provincia. El proyecto de ley impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo modifica algunos aspectos relacionados a la antigüedad, indemnizaciones, pago de salarios caídos e incorpora la categoría del personal de planta interino que no tendrá estabilidad propia. La iniciativa tuvo un contundente rechazo de los gremios que denunciaron que se trata de una propuesta de “flexibilización laboral” y advirtieron que los cambios introducidos son inconstitucionales.
El proyecto plantea una reforma parcial del Decreto Ley 560/73 y uno de los puntos más importantes que tiene es la creación la categoría de personal de planta interino, el cual no tendrá estabilidad propia. A su vez, también establece que el cálculo de la antigüedad no tendrá en cuenta las contrataciones. Por otra parte, introduce cambios en el cálculo de las indemnizaciones y elimina el pago de salarios caídos.
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Enojo y denuncias de los gremios estatales
Claudia Iturbe, secretaria general de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), manifestó en diálogo con MDZ que “creemos que es parte de la flexibilización laboral que se viene dando desde el año pasado, con las 26 leyes que se aprobaron en contra de nuestro convenio colectivo de trabajo. La idea es justamente poder hacer lo que quiera”.
La dirigente sindical que será candidata a legisladora en las próximas elecciones aseguró que se trata de una reforma “inconstitucional” y advirtió que “se paga con juicios muy caros para el erario público”. “Esto va a salir muy caro después, cuando uno eche a una persona y la persona haga valer sus derechos constitucionales porque ha sido echado discrecionalmente”, apuntó.
Por su parte, el secretario general de ATE, Roberto Macho, expresó que “esto es una reforma laboral concreta. Elimina los convenios colectivos de trabajo”.
“Pasa a plantear una nueva etapa del hecho de la estabilidad laboral, no absoluta del trabajador estatal. Se está planteando una reforma laboral con la pérdida de la estabilidad laboral. Plantea que ninguna persona que no esté en planta permanente puede ser echada. El trabajador que es contratado tiene el derecho de pasar a planta permanente del Estado. Las plantas interinas que plantan es un hecho administrativo”, consideró el referente del gremio estatal.
Por otro lado, alertó que la reformar impulsada por el Gobierno provincial permitiría la creación de nuevos cargos fuera de nivel. “Los ministros o legisladores pueden tener un secretario privado y la ciudadanía tiene que pagarle un sueldo fuera de nivel atado al sueldo del gobernador. Es una locura lo que están planteando”, señaló.
Asimismo, remarcó que “si la Justicia te reincorpora a tu lugar de trabajo, no van a pagar los salarios caídos, algo que es completamente ilegal e inconstitucional”.
Macho anunció que este miércoles se realizará una Asamblea General de ATE que definirá las medidas de acción directa a seguir, sumado a los rechazos de las propuestas salariales plasmados en las audiencias paritarias.
En tanto, la histórica referente gremial de ATE y SITEA, Raquel Blas, hizo hincapié en que “la estabilidad laboral es un principio históricamente reconocido por la Constitución Provincial, la Nacional y por los pactos internacionales, es un principio básico en el funcionamiento de cualquier Estado serio que se presida tal y que tiene que ver básicamente con no dejar sometido a ese trabajador del Estado que en muchos casos tiene que denunciar las irregularidades que vea su función, dejarlo sometido a la arbitrariedad del patrón político de turno”.
“Lo que quieren hacer justamente con esta reforma es crear una tercera categoría de trabajadores. Estaría la planta permanente, la planta no permanente y la planta interina sin estabilidad laboral. Una contradicción ya desde el vamos”, consideró.
Manifestó que los trabajadores que actualmente están contratado o que brindan prestaciones no eligieron esa modalidad, sino que el Gobierno provincial nunca convocó a concursos para cubrir esos puestos de trabajo y de esta manera no les dio la posibilidad de acceder a un puesto de planta permanente.
En tanto, el titular del gremio de Judiciales, Ricardo Babillón, sostuvo que “están viendo de qué manera precarizar al empleado público”.
“Es muy preocupante. Lo que están haciendo es decirle a los trabajadores que no tienen derechos, así lleven diez años como interinos, no tienen derecho. Tienen gente interina durante años y después los presionan, que si no no hacen lo que el gobierno quiere, simplemente lo van a sacar”, sentenció.