Las razones por las cuales el Estado no puede ni debe dedicarse a la minería
El Estado no tiene la estructura de capital para asumir las pérdidas recurrentes inherentes a la búsqueda de minerales, un proceso largo y de alta inversión.
La pregunta sobre el rol del Estado en la minería es recurrente y se activa cada vez que se debate sobre los recursos y la inversión pública. Recientemente, el comentario de un oyente de una radio que sugería que la Provincia podría hacerse cargo de un proyecto como PSJ, que necesita una inversión de US$600 millones, recurriendo -por ejemplo- a los fondos de Portezuelo del Viento, pone de manifiesto una profunda incomprensión de la estructura financiera y el perfil de riesgo que definen a la industria minera global. El núcleo del análisis no radica en la fuente de los fondos, sino en la naturaleza del proceso minero y por qué es incompatible con el manejo de recursos públicos.
La verdadera cronología y el costo oculto de un hallazgo
La idea de que el Estado podría, simplemente, "tomar" un proyecto e inyectar el capital faltante omite la historia geológica y financiera del mismo. El camino hacia una prefactibilidad, como por ejemplo la de PSJ, no es un proceso de meses ni de pocos millones. En este caso particular, PSJ requirió alrededor de 60 años de trabajo, que acumularon una inversión superior a los US$62 millones. Encontrar una mina no es un acto de voluntad política, sino un proceso largo, altamente técnico y, sobre todo, costoso y sin retorno asegurado. Esta es la primera y más crucial barrera para la intervención estatal en la fase de exploración.
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El riesgo de la exploración: una apuesta que el Estado no puede perder
La exploración minera es la etapa inicial y la actividad de más alta incertidumbre, con una tasa de éxito, es decir, la probabilidad de que una campaña culmine en un yacimiento económicamente viable, notoriamente baja.
Este riesgo es asumido por las compañías junior, cuyo modelo de negocio es el capital de riesgo. Estas firmas invierten capital sin garantía de retorno, centrándose en geología, geofísicas y campañas de perforación. El destino de la inversión es incierto: una campaña de perforación en Malargüe este verano demandará alrededor de 5 millones de dólares y, si los resultados no son positivos, ese dinero se considera una pérdida irrecuperable, constituyendo el riesgo intrínseco de esta etapa.
Un Estado, por definición, no cuenta con la estructura financiera ni la capacidad de justificar ante sus ciudadanos la pérdida recurrente de millones de dólares en exploraciones fallidas. Su obligación es administrar recursos con fines de bienestar público y seguridad, no asumir el perfil de riesgo de un capitalista que está, esencialmente, apostando a un hallazgo.
Un proceso de capitales sucesivos
La minería opera a través de una cadena de valor que requiere diferentes tipos de capital en cada etapa, un proceso que demuestra por qué las inversiones son altísimas y el retorno, lento. La exploración es el primer eslabón, donde la junior invierte capital para delimitar el recurso y gana al vender el proyecto si logra demostrar que el yacimiento es valioso. Luego viene el desarrollo, momento en el cual una compañía major o una firma con "espalda financiera" se hace cargo, ya que requiere la inyección del CAPEX (gasto de capital) para la construcción de la mina, que puede sumar cientos o miles de millones de dólares. Esto exige una sólida capacidad de financiamiento y paciencia, dado que el retorno es a muy largo plazo.
Finalmente, una vez en marcha, la mina requiere la inversión constante para operar (OPEX o gastos operativos), que también asciende a cientos de millones de dólares anuales. La suma de estos capitales es la verdadera dimensión del proyecto minero, un monto que excede la capacidad de inversión y la tolerancia al riesgo de la mayoría de los Estados provinciales e incluso del nacional.
¿Y cómo en Chile? El caso Codelco
Cuando se compara la situación local con Chile, el principal productor de cobre del mundo, se invoca a la minera estatal Codelco. Sin embargo, este es un ejemplo de un escenario distinto que no es replicable en el contexto actual. La minería estatal chilena no nació de un proceso de exploración riesgosa; surgió de la nacionalización del cobre impulsada por Salvador Allende hace más de 50 años.
Fue una toma de control de activos ya probados y en producción, un hecho político en un contexto geopolítico y económico totalmente diferente. Además, Chile era en ese momento la promesa del cobre mundial y hoy sigue siendo el líder indiscutido. Este contexto histórico, geológico y político-mundial es irrepetible.
En el escenario económico mundial actual, la mayor seguridad jurídica que un Estado puede ofrecer a la minería se centra en su papel de regulador y garante, no de operador. Para atraer capital, especialmente en una industria donde las inversiones son altísimas, el Estado debe fijar reglas claras, estableciendo un marco regulatorio ambiental y productivo transparente.
Además, requiere estabilidad fiscal, determinando regalías e impuestos que fomenten la inversión con la garantía de que no cambiarán drásticamente en el tiempo. El Estado cumple su función social asegurando que el recurso genere un impulso económico, impuestos y regalías de manera sostenible, permitiendo que el capital de riesgo privado asuma las pérdidas potenciales de la exploración y la gigantesca inversión de la puesta en marcha.