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La Justicia unificó dos causas por malversación de fondos en el Ministerio de Defensa

Una de las denuncias apunta a Luis Petri por irregularidades en la administración de la Obra Social del Personal Militar y la otra contra Francisco Adorni por el crédito millonario a esa entidad. Ambos expedientes quedaron a cargo del juez Sebastián Ramos.

Francisco Adorni, el hermano de Manuel, es uno de los acusados.

Francisco Adorni, el hermano de Manuel, es uno de los acusados.

La Cámara Federal porteña determinó que las denuncias por irregularidades en la Obra Social del Personal Militar deben tramitar de manera conjunta, tras concluir que ambos casos forman parte de un mismo entramado de hechos y, por ende, deben tramitar en un único juzgado.

En un fallo unipersonal, el camarista Leopoldo Bruglia consideró que la denuncia contra el exministro Luis Petri por irregularidades en la administración de la Obra Social del Personal Militar guarda una estrecha relación con otra causa que también analiza presuntas irregularidades en torno al préstamo de aproximadamente $40.000 millones que el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF) otorgó al entonces IOSFA.

El origen de las denuncias y el papel de los funcionarios involucrados

Esta última denuncia fue presentada por la diputada Marcela Pagano contra Francisco Adorni, quien fue director representante del Ministerio de Defensa y presidente del Directorio del IAF, cargo que asumió el 11 de junio de 2025.

La legisladora pidió investigar el seguimiento, la ejecución, el control, la aplicación y una eventual renegociación del millonario préstamo concedido al IOSFA, organismo que atravesaba una severa crisis financiera y que posteriormente fue disuelto. La presentación también alcanza a quienes pudieran resultar penalmente responsables, entre ellos autoridades del Ministerio de Defensa y exdirectivos del IAF y del IOSFA.

El conflicto judicial surgió porque el juez federal Daniel Rafecas entendió que esa investigación debía acumularse a otra causa abierta en 2025, en la que ya se analizan presuntas irregularidades vinculadas con la administración del IOSFA durante la gestión del entonces ministro de Defensa, Luis Petri. En ese expediente se investigan, entre otros hechos, contrataciones directas, decisiones administrativas y el otorgamiento del mismo crédito de $40.000 millones por parte del IAF.

La decisión de la Cámara y el riesgo de resoluciones contradictorias

El magistrado Sebastián Ramos, quien subroga el Juzgado Federal N°9, rechazó inicialmente esa acumulación. Argumentó que la investigación bajo su órbita se concentraba en decisiones adoptadas cuando se otorgó el préstamo, mientras que la nueva denuncia buscaba determinar el rol desempeñado por Francisco Adorni varios meses después, cuando ya integraba el directorio del IAF. También señaló que aún no se habían producido medidas de prueba suficientes como para justificar la unificación de ambos expedientes.

Sin embargo, el camarista Leopoldo Bruglia compartió el criterio de Rafecas tras concluir que, más allá de las diferencias temporales, ambas investigaciones remiten al mismo contexto institucional y al mismo circuito de decisiones administrativas y financieras que involucró al Ministerio de Defensa, el IAF y el IOSFA. Según el fallo al que accedió MDZ, mantener los expedientes separados podría derivar en resoluciones contradictorias y dificultar una reconstrucción integral de los hechos.

En ese sentido, el magistrado Bruglia destacó que "las probanzas que pudieran producirse o circunstancias que pudieran verificarse en una de las pesquisas, indudablemente, podrán incidir o, cuanto menos, tener relevancia en el desarrollo de la otra", fundamento por el cual dispuso que la investigación quede concentrada en el Juzgado Federal N°9, subrogado por Ramos.

El caso se desarrolla en un contexto de múltiples investigaciones relacionadas con la crisis que atravesó el IOSFA y con el manejo de recursos públicos destinados a la obra social militar. En paralelo, Francisco Adorni también enfrenta otra causa, originada en una denuncia de Marcela Pagano, en la que se investigan presuntas inconsistencias patrimoniales y un supuesto enriquecimiento ilícito.