La Justicia ordena nuevas medidas en las operaciones de Manuel Adorni con criptomonedas y la casa de country
El fiscal Pollicitta ordenó nuevas medidas para reconstruir el origen y la evolución de los bienes del jefe de Gabinete, con especial atención a operaciones con criptoactivos y el departamento en La Plata que heredó de su padre.
El fiscal federal Gerardo Pollicitta dispuso de una nueva batería de medidas en el marco de la investigación del patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El objetivo es determinar la evolución de sus bienes y verificar si existe correspondencia entre sus declaraciones juradas, sus ingresos formales y las explicaciones públicas que brindó sobre inversiones en criptomonedas y otros activos.
Requerimiento de información patrimonial y fiscal
En ese contexto, Pollicita dispuso incorporar las declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al ejercicio 2025 y las rectificativas de 2023 y 2024 presentadas ante la Oficina Anticorrupción. Además, le requirió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) información sobre las declaraciones fiscales presentadas por Adorni y por su esposa Bettina Julieta Angeletti para los períodos 2023, 2024 y 2025.
En el dictamen, el fiscal le pidió al canal La Nación+ una copia íntegra y sin editar de la entrevista que Adorni concedió el 10 de junio al periodista José Del Río en el programa "Mesa Chica" y preservar cualquier registro disponible en redes sociales y plataformas digitales de la emisora.
Análisis de inversiones en criptomonedas y antecedentes laborales
De dicha entrevista surgieron una serie de afirmaciones que despertaron interés entre los investigadores. Adorni habló sobre una inversión inicial cercana a los 200.000 dólares en activos virtuales y aseguró haber obtenido una ganancia aproximada de 300.000 dólares. También señaló que comenzó a operar con criptomonedas en 2013 y se refirió a documentación vinculada con esas operaciones, así como a la existencia de billeteras virtuales y plataformas de intercambio.
Entre los aspectos que la fiscalía busca esclarecer figuran además las referencias realizadas por el funcionario a "dinero no declarado, ahorros familiares, dinero recibido de su padre, herencia, sucesión, indemnización laboral, venta de activos o cualquier otra explicación patrimonial brindada".
En paralelo, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) continuará con el análisis patrimonial y, a pedido de la fiscalía, deberá elaborar un cuadro técnico sobre la evolución histórica del precio del bitcoin desde 2013 hasta la actualidad, a partir de fuentes abiertas.
La investigación también apunta a reconstruir los ingresos formales del vocero presidencial y de su esposa, Bettina Angeletti. Para ello, se solicitó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) la historia laboral completa de ambos desde enero de 2012 hasta la actualidad, incluyendo empleadores registrados, remuneraciones, aportes y cualquier otra información previsional disponible.
Investigación sobre la herencia familiar y bienes en el exterior
Otro de los focos de la pesquisa apunta a la sucesión de Jorge Adorni, padre del funcionario. La fiscalía pidió al Juzgado Civil y Comercial Nº 18 de La Plata información sobre los bienes declarados en su sucesorio, la eventual existencia de dinero en efectivo, cuentas bancarias, moneda extranjera o activos virtuales y posibles cesiones de derechos hereditarios que hayan beneficiado a Manuel Adorni por encima de la parte que originalmente le correspondía.
Asimismo, el fiscal encomendó a la División Antifraude de la Policía Federal realizar un amplio relevamiento de fuentes abiertas desde 2013 hasta la fecha. El trabajo deberá abarcar publicaciones periodísticas, entrevistas, videos, podcasts y contenidos difundidos en redes sociales como X, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y LinkedIn e identificar cualquier referencia pública vinculada con Bitcoin, criptomonedas, billeteras virtuales, la evolución del patrimonio del funcionario, su trayectoria laboral y eventuales fondos recibidos a raíz de la herencia de su padre.
En caso de detectar direcciones de billeteras digitales o registros de transacciones, la fuerza deberá preservarlos y efectuar un análisis preliminar mediante herramientas abiertas de blockchain para determinar movimientos, montos y posibles vínculos con plataformas de intercambio.
Otra de las medidas apunta a esclarecer posibles vínculos laborales de Manuel Adorni entre 2017 y 2023 con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores. En ese sentido, se requirió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires toda la documentación vinculada con eventuales designaciones, contratos, honorarios y declaraciones juradas patrimoniales. El mismo requerimiento fue formulado respecto de Bettina Angeletti para el período 2018-2023.
Reconstrucción de gastos, reformas y movimientos de capital
La fiscalía también dispuso una serie de medidas orientadas a reconstruir gastos vinculados con la casa de Indio Cuá. Para ello solicitó registros de ingreso y egreso de proveedores, contratistas, transportistas y empresas de entrega que hayan intervenido entre noviembre de 2024 y agosto de 2025 en trabajos de reforma, provisión de materiales o amoblamiento del inmueble.
En la misma línea, se requirió información sobre la situación habitacional de Silvia Pais, madre de Adorni, en el barrio privado Fincas de Iraola 2. Los investigadores buscan determinar desde cuándo ocupa una propiedad, bajo qué modalidad y cuáles fueron los pagos efectuados por expensas y otros conceptos.
Por otra parte, y a partir del análisis del contenido del celular del contratista Matías Tabar, Pollicita intimó a la empresa Rosen The Store para que aporte información sobre una compra por más de 8,1 millones de pesos en concepto de ropa blanca que fue facturada en junio de 2025 a nombre de Gisela Kocsis, aparentemente cercana a Adorni. La fiscalía busca establecer quién realizó el pago, qué medio se utilizó y cuál fue el destino final de los productos adquiridos.
Finalmente, el fiscal Pollicitta solicitó a la Comisión Nacional de Valores que informe cuáles exchanges, plataformas y proveedores de servicios vinculados con criptomonedas operaron en la Argentina desde 2012, junto con los antecedentes regulatorios existentes para cada período, y anticipó que pedirá ampliar hasta 2020 los levantamientos de información ya autorizados. La decisión se basa en datos aportados por el equipo de Compliance de Lemon Cash, que informó la apertura de una cuenta CVU a nombre de Adorni y de Angeletti en diciembre de ese año.